Los de Ciudadanos deben de estar afilando los cuchillos ante la confección de los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia, unas cuentas que no serán nada fáciles para los populares que están muy condicionados por el pacto de gobierno firmado hace siete meses con la formación naranja para mantener en la alcaldía de la capital a José Ballesta. La clave de que este proyecto ecónomico salga adelante está precisamente en que se cumpla parte de los acuerdos adoptados, una vez que ambos partidos no han tenido en cuenta el primer punto de ese documento rubricado en lo referente a la bajada de impuestos cuando se han elaborado las ordenanzas fiscales.
De hecho, no se ha producido esa disminución de tributos que aparecía en la primera posición del documento firmado en junio pasado por el PP y Cs. El líder municipal naranja y concejal de Fomento, además de primer teniente de alcalde, Mario Gómez, ha demostrado en este tiempo de gobierno coaligado que no le tiembla el pulso a la hora de intentar enderezar el rumbo de ciertas prácticas de la Administración local, pese a que esa actitud tan beligerante le haya llevado a tener unas relaciones basadas en la tensión y no en la cordialidad, y que su grupo se haya convertido en la oposición dentro del Gobierno municipal.
La 'guerra' iniciada por Gómez arrancó con Urbamusa y su adjudicación a dedo del servicio de la ORA y ha seguido por los mismos derroteros para denunciar prácticas alegales en los contratos, incumplimientos de contratos, lío en las luces navideñas y hasta expulsión de empresas de la mesa de contratación por prácticas colusorias, un término que gusta mucho a los naranjas y que pone de los nervios a los populares. Y en este contexto se están negociando los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia, los primeros que se harán sin que el PP tenga la mayoría absoluta y deba transigir con las pretensiones de los que hasta ahora son sus socios de gobierno. Sin duda, los de Ciudadanos se juegan mucho en este primer proyecto conjunto de cuentas, donde deben poner las bases para cumplir todo lo pactado: 18 puntos de un acuerdo que implica reformar la Administración local y poner el acento en cuestiones que hasta ahora han sido dadas de lado.
Estos presupuestos municipales de 2020, que entrarán en vigor a mediados de este año (otros especulan que hasta después del verano no estarán operativos), deberán prestar atención a los más vulnerables, al comercio local, a los emprendedores, a las familias y a las mujeres y colectivos que sufren violencia o que son discriminados. Además, tendrán que retratarse con el transporte público, uno de los talones de Aquiles de la capital de la Región, que no tiene visos de mejorar a corto ni medio plazo.
También deberán enfrentarse a las demandas de las juntas vecinales de pedanías, que no están muy contentas que digamos por la presión que están sufriendo para que cambien la forma de funcionamiento. Los contratos menores que hasta ahora se hacían de una determinada manera ya no podrán seguir realizándose de igual forma, unos cambios que cuestan y que han suscitado las quejas de los alcaldes pedáneos, de concejales y de funcionarios. Muchas vías de agua que tapar en este gobierno de coalición. Por nadie pase.
