La retención por parte del ministerio de Hacienda de una parte de las entregas a cuenta que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su financiación, ha provocado de nuevo las iras del Gobierno regional, dejando un rastro de declaraciones que ponen en evidencia, una vez más, el nivel competente de quien nos gobierna.

Habría que decir (y no se dice) que el hecho proviene de la aplicación de las propias leyes de estabilidad presupuestaria aprobadas por el PP en 2012, leyes que establecen este tipo de medidas en caso de superarse, durante dos meses consecutivos, los sesenta días de plazo para pagar a los proveedores.

La Región de Murcia lleva desde agosto a noviembre (último dato publicado) superando dicho límite (no los dos meses a que alude el consejero Celdrán), y tampoco hay más Comunidades en peores circunstancias como afirma López Miras, porque Murcia ocupa el primer lugar en el ranking de morosidad desde julio de 2019 (salvo en noviembre, cuando nos lo arrebató Cantabria y ocupamos el segundo).

Esta situación tampoco es debida a la infrafinanciación derivada del actual sistema de financiación autonómica (sistema que, por cierto, caducó en 2014 y Rajoy no reformó pudiendo hacerlo).

Si bien es justo reconocer que una parte, no la totalidad, de la deuda y el déficit regional tiene su origen en dicha infrafinanciación, como se afirma en el informe sobre el modelo de financiación autonómica del Consejo Económico y Social (CES 2015), éstos se incrementan en mayor proporción por medidas como la bonificación del impuesto de Sucesiones que provoca una pérdida de recaudación del mismo nivel que el déficit de financiación autonómica, unos 240 millones anuales; o la rebaja del IRPF autonómico prevista en los presupuestos regionales de 2020 que reduce en quince millones la recaudación

Lástima que López Miras no haya tenido oportunidad de hablar con Carlos Sánchez Mato, el que fuera concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Madrid de 2015 a 2018, quien ha visitado Murcia esta semana y que, con un presupuesto similar al de la región, fue capaz de reducir la deuda un 54%, tener superávit presupuestario y aumentar la inversión en gasto social un 73% anual. Y todo ello dentro del mismo marco legal de estabilidad presupuestaria que ahora el Gobierno murciano pretende ignorar.

Pero los comunistas, como suele decirse, no sabemos gestionar lo público.