Solo ante el peligro. Así se presentó hace dos semanas el primer teniente de alcalde de Murcia y concejal de Fomento, Mario Gómez, de Ciudadanos, ante los presidentes de las juntas de vecinos de pedanías (llamados coloquialmente alcaldes pedáneos), para leerles la cartilla sobre la gestión que llevan a cabo en referencia a los gastos corrientes, los arreglos y las subvenciones que dan a entidades y asociaciones.
Sorprendió sobremanera no solo lo que les dijo sino que apareciera sin ninguna compañía más que él mismo. No estuvo apoyado ni por funcionarios ni por el concejal que lleva las juntas de vecinos, Marco Antonio Fernández Esteban, ni por el que rige el destino de los dineros públicos, Eduardo Martínez Oliva. Tampoco se sentó a su diestra el nuevo interventor de las pedanías, nombrado hace unos meses, que ya se ha estrenado con alguna que otra crítica de pedáneos que en privado le reprochan que haya tardado lo suyo en desembolsarles la nómina y que les haya puesto pegas en la distribución de gastos pagados con dinero de la junta a distintas asociaciones.
Y es que de eso se trata. Del dinero que tienen las pedanías y de cómo se distribuye y justifica. El primer teniente de alcalde quiere poner en marcha una especie de 'In situ' para las pedanías, el mismo sistema que se emplea en la ciudad para los gastos de arreglos y mantenimiento. Es decir, acabar con los numerosos contratos menores que existen en el Ayuntamiento capitalino procedentes de las pedanías, una herramienta que los de Ciudadanos creen que es donde radica el poder de los alcaldes pedáneos.
El concejal naranja ya tiene muy avanzado el pliego de condiciones de este nuevo sistema, que no fue muy bien acogido por los representantes de los pueblos, donde vive cerca del 60% del padrón total del municipio y que consideran que deben tener más competencias y más presupuesto. Estos servidores públicos no ahorraron críticas y se mostraron abiertamente contrarios a ese sistema. Uno de los más críticos fue el alcalde pedáneo de Javalí Viejo, un histórico en la lista de pedáneos que lleva comandando su pueblo desde hace casi dos décadas.
Tampoco vieron con buenos ojos el planteamiento de Gómez los pedáneos de Llano de Brujas o Barqueros. Este último, ante sus críticas, se quedó ojiplático cuando el concejal le espetó que revisaría las cuentas de su pedanía a ver cómo iban. Los representantes de Ciudadanos consideran que hay que acabar con ciertas prácticas de contratación dentro de la Administración local que pueden derivar en contratos en fraude de ley, una de las obsesiones de los naranjas que sostienen que por ahí puede instalarse una red clientelar que perjudique la libre concurrencia y competencia entre empresas.
Los pedáneos, sin embargo, defienden su hacer en la gestión, ya que se amparan en que la Intervención del Ayuntamiento y los administradores de las juntas (funcionarios que vigilan que se cumpla la legislación vigente) dan fe de que todo se hace de manera correcta. Incluso, el pleno de las juntas es informado de esos gastos y reparto de subvenciones. Además, esgrimen cargados de razones, que la corrupción en la gestión siempre ha hecho diana en el Gobierno local y no en las juntas vecinales. De hecho, subrayan, que en el pasado ha habido más concejales populares imputados por mala praxis en su cargo público que alcaldes pedáneos de juntas vecinales. Los argumentos de estos representantes públicos no parece que convencieran al primer teniente de alcalde, que sigue adelante con su idea pese a que las pedanías echen humo. Por nadie pase.
Polémica con las pruebas psicológicas de la oposición a bombero. Las oposiciones más largas en la historia del Ayuntamiento, las de bombero, sigue generando polémica pese a que ya se ha acabado y los que aprobaron están incorporados. La nueva polémica ha llegado ahora de la mano de una sentencia de un juzgado de Murcia, que ha fallado a favor de un aspirante que fue declarado no apto por el tribunal evaluador. La sentencia cuestiona que se haya dejado en manos de una empresa externa las pruebas psicológicas y que se oculte correcciones y criterios para definir el perfil que se buscada en esa oposición. Este fallo judicial puede afectar a muchos procesos de oposición en España, ya que la empresa contratada por el Ayuntamiento de Murcia también lleva muchas oposiciones en otros lugares del país. El sindicato Somos Sindicalistas, que tiene dos representantes en el consistorio capitalino, valoró ayer esta sentencia y afirmó en redes sociales: «Qué pena que nuestro Ayuntamiento de Murcia tenga que ser famoso en toda España por hacer las cosas mal», ante la noticia aparecida en El Confidencial.
