El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat. Torra se encoge despectivamente de hombros. Torra hace torreznos con las sentencias y los pronunciamientos del Supremo y se lanza a los perros españolistas. A los cinco minutos las redes sociales llamean con mensajes en los que se insiste en que el franquismo está atrincherado en los tribunales de justicia. El franquismo nos va a durar todo el siglo. Nuestros nietos seguirán luchando contra Franco, Varela, Yagüe, Queipo del Llano. El franquismo es para la izquierda y los independentistas lo que ha sido ETA y el terrorismo para la derecha: una excusa interminable y una acusación sin apelación posible. Ese perverso relato preventivo urdido desde la Moncloa para los próximos años: los tribunales superiores de justicia, no hablemos ya del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, son nidos de fachas que quieren reventar un legítimo Gobierno de la izquierda coaligada. El analfabetismo jurídico y constitucional hace el resto entre los entusiastas y los despistados. Pero si los magistrados no son progresistas. Si no tienen empatía con los más desfavorecidos. Si no son feministas.
Lo que se transmite así a la ciudadanía es una deslegitimación del poder judicial en su conjunto y una sombra de duda sobre cada juez y cada fiscal. Les molesta sobremanera, y con razón, que se ponga en duda la legitimidad de la victoria electoral del PSOE. Lanzar insinuaciones, en cambio, sobre la legitimidad de los responsables del poder judicial (técnicos del Derecho que han accedido por concurso público a través de unas oposiciones regladas) para desarrollar procesos y dictar sentencias, en cambio, se les antoja perfectamente normal.
El ministro Ábalos, secretario de Organización del PSOE, insistía en el mensaje: «Van a intentar que no podamos gobernar, pero desde la intimidación que diariamente sufrimos, les decimos que nadie nos va a intimidar». Bueno, o te intimidan o no te intimidan (en esa frase disparatada ocurren ambas cosas, probablemente porque no ocurre ninguna) pero si lo hacen precise usted de quien se trata, si tiene la amabilidad, o describa, para nuestra instrucción, cómo va a impedir la 'ultraderecha judicial' la gestión de los intereses generales por parte del Gobierno de España. Un poquito de por favor.
Después de lo de Torra, Sánchez ha insistido en que se reunirá con él en los próximos días. Porque estamos llegando a eso: el Supremo ratifica la inhabilitación de Torra como diputado pero el jefe del Ejecutivo español hace caso omiso y lo sigue reconociendo como president de la Generalitat. ¿Por qué? Porque su socio indispensable, ERC, no puede ni quiere seguir negociando sobre el cadáver político de Torra. Debe seguir vivo políticamente hasta otoño, cuando estén los presupuestos generales aprobados y publicada en el BOE la reforma exprés del Código Penal que permita la salida casi inmediata de Junqueras y sus compinches de prisión. Nada de esto aliviará la situación catalana. A través o no de la Mesa demandada por ERC entre los dos Gobiernos se exigirá una consulta y, como paso previo, inversiones y transferencias y una mayor metabolización de la gramática indepe por el Gobierno central y el PSOE.
De esto no saldrá nada bueno. Gobernar no es firmar un decreto incrementando el SMI o el sueldo a los funcionarios. Eso lo hace un tití lobotomizado. La disolución de cualquier estrategia reformista en un incesante, gelatinoso y adaptativo ejercicio de propaganda, puesta en manos de una combinación de técnico de marketing y cardenal Richelieu, representa una renuncia al rigor, a la coherencia y al compromiso político.
