Con la reciente aprobación del llamado 'pin parental' de Vox en los centros educativos de la Región de Murcia, gran parte de la izquierda de este país ha puesto el grito en el cielo. Incluido el nuevo y flamante Gobierno de coalición encabezado por el particular binomio Sánchez-Iglesias. Argumentan que comporta una intromisión injustificable por parte de padres y madres en la educación pública que el Estado debe garantizar y el propio texto constitucional blinda.

Sin embargo, como profesor de Secundaria de la Región y hombre de izquierdas, no puedo más que estar en profundo desacuerdo con esta izquierda oficial. Creo que la propuesta de Vox debería ser asumida y defendida por toda la comunidad educativa, incluida la de aquellos miembros pertenecientes a la orilla zurda del espectro político. Pero, ¿por qué?

En primer lugar, porque es alarmante el grado de impunidad con el que determinados equipos directivos invitan a sus centros a organizaciones privadas para dar charlas donde promueven contenidos más que cuestionables. Sostenidos con dinero público, son ya muchos los institutos donde he transitado en mi 'calidad' de profesor interino, donde se cometen auténticos atentados educativos invitando a conferenciantes que promueven valores contrarios a los Derechos Humanos. Ya saben, aquellos incluidos en una declaración firmada por casi todos los países decentes (e indecentes) del orbe.

Quizás a algún lector alejado de la realidad de las aulas le sorprenda lo que afirmo, pero sirva de ejemplo que he tenido la desdicha de presenciar talleres donde profesores de Economía convidaban a ponentes que explicaban a los menores la grandeza de enriquecerse defraudando a Hacienda, explotando a los trabajadores o aprovechando las oportunidades empresariales que ofrece el narcotráfico. También he sufrido el infortunio de presenciar charlas de 'educación sexual' donde se animaba a los adolescentes a emborracharse y a experimentar su sexualidad realizando orgías. O a golpear a sus parejas llamándolas 'zorras'. Algunas veces, incluso proyectaban vídeos donde mostraban como deseables las violaciones grupales a jóvenes adolescentes.

Desde departamentos como el de Geografía e Historia, he presenciado cómo ponentes del Ejército justificaban delante de los menores la tortura y el asesinato de padres frente a sus mujeres e hijos pequeños como una forma válida de combatir el terrorismo. Incluso he sido testigo de charlas organizadas por profesores de Biología donde se relativizaban los efectos de las drogas y se animaba al alumnado a experimentarlas, explicándoles cómo podían producirlas en casa mezclándolas con medicamentos para que el 'colocón' saliera más barato. En otras ocasiones, eran los departamentos de Dibujo (donde trabajo) quienes invitaban a estrafalarios galeristas que exponían 'obras' como, por ejemplo, fotografías de mujeres desnudas descuartizadas. También nos visitaron 'artistas multidisciplinares' que proyectaban a adolescentes de 12 años vídeos de performances de ancianos incestuosos que eyaculaban sobre sus nietas o incluso de animales fornicando con personas.

Usted estará pensando que todo esto no puede ser cierto, que le estoy engañando, que debe ser algún truco retórico y? así es. Pero solo parcialmente. En realidad, todos los contenidos señalados son impartidos día y noche por los principales educadores de niños y adolescentes.

¿Quiénes? ¿Los profesores? No. ¿Los padres? Menos. ¿Quiénes entonces? Las pantallas. Ese imperio luminoso de pequeñas y grandes pantallas a las que están conectados, en Secundaria, una media de unas nueve horas al día. ¡Más tiempo del que duermen! No en vano, son sus mejores amigas, padres y profesores, pues siempre están ahí aguardando su atención.

Todos los contenidos relatados y muchos más de semejante índole, son producidos y difundidos sin ningún filtro por poderosas empresas multinacionales a las que el Gobierno no impide el acceso a los menores. A las que no reclama ningún pin parental, pese a existir tecnología para ello. Niños de 8 años juegan al popular videojuego GTA donde atropellan a viandantes, torturan a personas o gestionan laboratorios de cocaína. O al Max Paine 3, donde pueden ametrallar de modo realista a una prostituta desnuda mientras llora suplicando piedad. Sumado a ello, las tres grandes discográficas, que controlan más del 92% de la oferta musical internacional, acribillan a los adolescentes con una pléyade de "artistas" que los invitan no solo a consumir sino a traficar con drogas. Cantantes como Lil Pump o el reguetonero y ex presidiario Anuel AA (triunfador de los Grammys Latinos) son parte de esta 'educación paralela'. Ambos, por cierto, con decenas de millones de seguidores y videoclips que suman millares de millones.

Entonces, ¿son los docentes el mayor peligro para la educación de los menores? La propuesta de Vox es una impostura que pretende reducir el peso civilizatorio de lo público en la educación. Sin embargo, ni Vox ni posiblemente nuestra izquierda gobernante y coaligada dirán nada de la libertad de las empresas culturales para embrutecer a nuestros menores ad nauseam. Ojalá me equivoque, pero ya sabemos cuál es el resultado de enfrentar los intereses del gran capital a la responsabilidad política de la salud física y mental de los niños. Dirán que condenan tales contenidos y que la responsabilidad es de los padres, del mismo modo que condenan los misiles que ayudaron a vender y explotan en algún lejano colegio de Oriente Próximo. Y allí como aquí, ni a los padres ni a los hijos, se les puede dejar tan solos. Tampoco a los profesores.