24 de enero de 2020
24.01.2020
La balanza inmóvil

Pompeya

23.01.2020 | 22:54
Pompeya

Pompeya versus María Dolores. Mujer de Julio César de la que se enamoró el patricio Publio Clodio Pulcro, y colándose en una fiesta solo de mujeres trató de conquistarla. Fue descubierto y castigado como sacrílego y engañador. El citado emperador, a pesar de saber que su esposa era inocente, le reprochó lo ocurrido porque «la mujer del César no solo debe ser honesta sino también parecerlo».

La Fiscal General del Estado no podría ser la mujer de Julio César. Es cierto que es honrada y que reúne todos los requisitos legales para ser nombrada: jurista de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo en su profesión. Ahora bien, ¿es idónea para ese cargo? Está claro que para el Gobierno lo es y que para la oposición no. Y para el Consejo General del Poder Judicial sí lo es. Pero, siete de sus 19 miembros han dicho que no. Curiosamente, los que han dicho que sí son los alineados en teoría con el 'progresismo', y los que han dicho que no, con el 'conservadurismo', que también casualmente coinciden con los partidos políticos de izquierdas y de derechas, que respectivamente los propusieron para ser nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, el pueblo español se mosquea y con razón.

La solución sería que esos vocales sean elegidos directamente por profesionales del Derecho, que conozcan su trayectoria y los voten y no los partidos políticos. Cada Comunidad autónoma en relación a su número de juzgados, tendrá una cuota de participación mayor o menor en ese Consejo. Los jueces que quieran ser elegidos se presentaran en cada Comunidad y los que sean votados por profesionales del Derecho de la misma, pues al Consejo. Lo demás, incluido asociaciones judiciales, no sería tan imparcial como este sistema, en mi opinión, claro.

Si quieren saber qué pienso sobre la elección de María Dolores, me alineo, y no por partidismo y menos por creencias políticas, con los que han votado en contra de su nombramiento. Mis razones son las siguientes: a) ha sido ministra de Justicia con un partido político que es el mismo que ahora la designa a dedo, pues el informe del CGPJ no es vinculante; y, b) el presidente del Gobierno se le escapó (el subconsciente es muy traicionero) que «pues eso». O lo que es lo mismo, un silogismo: si al Fiscal General del Estado lo pone el Gobierno y los fiscales tienen una dependencia jerárquica, según su Estatuto, harán 'lo que yo les diga'. Después retiró lo dicho, pero dicho estaba.

Ante esa perspectiva, y manteniendo mi fe en los fiscales, no se puede nombrar a la que ya ha sido política para ser su jefa, pues de ella puede que dependa, en algún caso, juzgar o condenar a unos u a otros. Y ello simplemente porque en España rige el principio acusatorio. Dicho de otra manera, si no hay acusación el juez no puede condenar.

Si a ello se le adiciona, que hace tiempo el ahora presidente dijo en un programa de televisión, cuando era recién llegado al Derecho, que la prisión provisional era más o menos una coacción sin justificación del juez; y que el vicepresidente afirma que Europa ha humillado a los tribunales españoles, apaga y vámonos. Pero con todo, lo más grave es lo que dijo la nueva Pompeya (según Villarejo), que nadie ha desmentido, algo así como que había jueces que hacían no sé qué sexual en sus congresos. Por todo ello, no es conveniente tal y como está la cosa con Europa, darles más argumentos sobre la independencia del sistema judicial español.

Conclusión: los que han ejercido la política no pueden volver a ser jueces o fiscales, al menos durante un larguísimo tiempo.

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