Los murcianos hemos sido noticia en toda España con todo lo que se ha montado con lo del pin parental. Lo que no saben es que eso aquí en Murcia viene ya de lejos. A mí, ni los hunos ni los hotros, como dice Arturo Pérez Reverte, me han hecho cambiar de opinión. Sigo pensando que las charlas son propaganda, y que a mis hijos les educamos mi marido y yo. Pero no porque seamos los mejores educadores, qué mas quisiera yo, sino porque yo soy la madre, y el otro es el padre que les hemos tocado en suerte. Y no desprecio ni mucho menos al Estado como educador. Ojalá, en última instancia, y ante mi inoperancia o incompetencia como madre, el Estado pudiera poner freno a una educación desastrosa por mi parte. Así, mis hijos y yo estaríamos salvados, y yo misma me entregaría gustosa a la educación estatal: podría hacer y decir lo que me viniera en gana, confiada en que, al día siguiente en el colegio, ya le enseñarían a las criaturas lo que es menester que sepan para ser unos ciudadanos decentes y de provecho.
Pero ese es el encargo o la tarea de los padres: educar. Por algo somos también responsables de lo que hagan, mientras estén bajo nuestra patria potestad, cosa que no tiene nada que ver con la propiedad ni ese desvarío con el que salió la ministra. Está sobradamente demostrado que se educa con el ejemplo, y no con discursos, gracias a Dios. En el colegio, por supuesto que se enseña, pero si no forma un tándem con la familia o entidad equivalente, no creo que dé su fruto. Si no, que le pregunten al juez Emilio Calatayud por qué tiene que condenar, de cuando en cuando, a chavales a aprender a leer o a escribir. O por qué les obliga a realizar actividades que les ilustren en lo incívico de su comportamiento. Evidentemente la condena cae porque, no educándoles sus padres ni su entorno más cercano, tampoco el Estado ha podido poner freno a la materialización de una carrera delictiva en potencia.
Pero dejémonos de teorías. Qué mejor ejemplo para ilustrar la estupidez de las charlas sobre afectividad y sexualidad promovidas por el lobby LGTBi que la evidencia de que sea el presidente del Gobierno, o hasta los propios ministros, quienes llevan a sus hijos (o les hayan llevado cuando estaban en edad) a colegios concertados y católicos. Esos centros en los que se enseña, según ellos, valores trasnochados y fachas. Para que veas. Es lo que pasa cuando se anteponen las siglas y los pactos a las convicciones. Que se te ve el plumero. Y punto.
Lo del pin parental no es más que una cortina de humo que ha cumplido su papel como arma política del momento. Y su recorrido, fíjate, no creo que llegue ni siquiera al día en que se publique esta columna. Ya me dirás. Lo único que he echado de menos en todo esto es en que no se haya reconocido, ni nombrado siquiera, a Alfonso Galdón, el maestro de escuela (algo sabrá el hombre de educación) que no sólo ideó la autorización parental previa, nombre original del pin, sino que fue quien, a lo María Pita en La Coruña, lanzó el proyectil contra la Administración de turno, logrando que cientos de padres firmaran el manifiesto solicitando una autorización parental previa para las charlas sobre afectividad y sexualidad, y provocando con ello que incluso el Gobierno regional ordenase la suspensión de las charlas de marras. Esos que ahora dicen que la idea era suya.
Pero a lo que yo iba, no era a esto, sino a lo triste que resulta que los murcianos hayamos sido noticia por habernos convertido, de repente, en un grano en semejante sitio para el Gobierno y sus socios. Ya me gustaría ver cómo se las gastarían con los catalanes, por ejemplo, de haber sido ellos los del pin parental. Apuesto a que habríamos asistido a una hincada de rodillas, en vez del 'tú te callas' con el que nos han despachado a los pobreticos murcianos. Que se nos llame al orden por el pin parental, bajo amenaza de aplicación del 155, y ese mismo rigor no se aplique por haber resultado anegadas, por enésima vez, las localidades costeras, carentes absolutamente de las infraestructuras más elementales y básicas, al menos para los tiempos que corren, ni se haya conminado a respetar el dominio público marítimo terrestre, y las zonas inundables, aquellas a las que llega el agua en sus máximas crecidas ordinarias, da cuenta de la importancia y el peso que tiene Murcia.
Pero ese problema es nuestro, no es preocupante para los socios de Gobierno.
