11 de enero de 2020
11.01.2020
Tribuna libre

prohibir los bancos de agua

Un objetivo común del nuevo Gobierno y del Estatuto de la Región

11.01.2020 | 04:00

Si el agua no puede estar en el mercado tenemos un problema serio totalmente inventado por la política. Este nuevo problema consiste en dejar fuera del mercado de agua a los principales actores: los regantes españoles, las empresas agrarias y las entidades privadas de suministros de agua potable.

La eliminación de los bancos de agua será una de las primeras medidas del nuevo Gobierno de España. El motivo no es remediar la sequía por otros medios sino contribuir a la guerra ideológica. El consenso progresista afirma lo siguiente: «El agua se ha incorporado a la lista de derechos humanos y por ese motivo no puede estar en un banco de intercambios como si fuera una mercancía más en manos de gente sin escrúpulos».

Decir que el agua es un derecho humano suena muy bien, parece un avance razonable. Se inserta en el lenguaje moderno que promete felicidad sin esfuerzo. ¡Si el agua es un derecho humano no puede faltar agua para nadie! Sin embargo, esa retórica de política correcta encierra una trampa mortal, especialmente para los agricultores.

Es cierto que los verdaderos derechos humanos no pueden intercambiarse en el mercado de bienes y servicios. La vida, la libertad y la dignidad de las personas no son productos comerciales en manos de empresas. Pero el agua sí puede y debe ser objeto de transacciones entre titulares a través de bancos de agua o por otros sistemas justos. Nada impide que el agua sea tratada como un bien económico (escaso y valioso) que pueda intercambiarse para remediar problemas de suministro gestionando los excedentes.

El nuevo Gobierno comunista-separatista quiere eliminar los bancos de agua. Y lo hace con el argumento-fraude de los derechos humanos, pero sacados de un contexto que solo se refiere al agua potable y al saneamiento. Es falso que los derechos de agua no pueden estar en el mercado y además es un argumento chapucero. Equivale a decir que el arrendamiento es un derecho humano que obliga a eliminar los contratos privados de alquiler. El agua es un recurso natural que se asigna por concesiones a los usuarios y la ley vigente permite el intercambio de derechos a través de bancos de agua, que es una técnica más para remediar la escasez y la sequía.

El asunto de los derechos humanos en el sector de agua y en otros campos ha sido manipulado para imponer un nuevo orden mundial. Y debería preocupar en la Región de Murcia porque no es sólo un juego de palabras en manos progresistas. El motivo de alarma es muy simple: si el agua no puede estar en el mercado tenemos un problema serio totalmente inventado por la política. Este nuevo problema consiste en dejar fuera del mercado de agua a los principales actores: los regantes españoles, las empresas agrarias y las entidades privadas de suministros de agua potable.

¿Cuánta gente sabe que nuestro Estatuto se apuntó alegremente a la idea 'progre' del derecho humano al agua? El asunto da miedo porque ahora ese Estatuto de Autonomía está en manos del mismo Congreso que ha dado el poder a los enemigos del Trasvase Tajo-Segura. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez pueden estar contentos. El proyecto de Estatuto para la Región de Murcia y el nuevo Gobierno responden a la misma ideología suicida: manejar los recursos de agua con criterios ecologistas contrarios a la agricultura y la seguridad alimentaria.

El deseo de provocar más escasez es el verdadero motivo para considerar el agua como derecho humano que no puede estar en un banco de intercambios. Estamos ante una maniobra del socialismo y el separatismo hidráulico.
Con este argumento de apariencia humanitaria quieren lograr estos tres objetivos de su agenda para la 'transición' ecologista:

1. Lograr que los agricultores no intercambien asignaciones de agua y dependan del capricho o arbitrariedad del Gobierno.
2. Acabar con los trasvases actuales e impedir futuras conexiones entre cuencas, ya que eso implica intercambiar derechos humanos en el mercado
y 3. Excluir la presencia de empresas privadas en los suministros de agua potable municipal.

El proyecto de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, impulsado por el PP y Cs en colaboración con el POSE y Podemos no va a dar como resultado una Región más avanzada. Su apuesta por el derecho humano al agua se suma a la lista de guiños al progresismo sectario y la memoria revanchista. No amplía los derechos de nadie y contiene varias encerronas para la gestión del agua.

Lo inexplicable es que los partidos políticos del consenso progresista quieren que la Región de Murcia quede sumida en el territorio desolado de traidores, comunistas y separatistas.

Frente a todos ellos se ha levantado Vox, lo que nos convierte en la única esperanza de futuro para la Región de Murcia.

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