Perdonen el ejercicio de incredulidad ante el anuncio realizado la pasada semana por la Consejería de Educación con respecto al amianto que existe en 161 colegios e institutos de esta Región. Dice la titular de ese departamento de la Comunidad Autónoma, Esperanza Moreno, que invertirán más de 26 millones hasta 2028 para eliminar el material tóxico, cuyo desmantelamiento fue decretado hace años por la Unión Europea.
Entiendo que haya personas que piensen que debemos darle el beneficio de la duda a la nueva consejera, que se estrena en el cargo, y que ella es la primera vez que promete tan millonaria inversión y una iniciativa tan ambiciosa. Sin embargo, también entiendo a aquellos que creen que es una promesa más del Gobierno regional para salir del paso y con poco fundamento teniendo en cuenta que los Presupuestos de la Comunidad aún no están ni redactados y ni tienen un horizonte de aprobación.
Cierto es que esa retirada se hará con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pero cierto es también que es una cofinanciación, por lo que será necesario un aporte de dinero de las arcas regionales cuyo reparto de fondos para los distintos proyectos no parece que esté todavía realizado.
Otro de los obstáculos de ese plan de retirada del amianto es la escasa credibilidad del PP y del Gobierno regional, que ya ha prometido en varias ocasiones quitar el amianto de los centros educativos. Sin ir más lejos, en 2015, a propuesta del grupo socialista, la Asamblea Regional aprobó en noviembre, con el voto de todos los grupos, también de los populares, una moción en la que se instaba al ejecutivo murciano a desmantelar el tóxico elemento que, según la Organización Mundial de la Salud, puede provocar incluso cáncer si las personas se exponen de manera continuada en infraestructuras antiguas con este material que se puede ir degradando con el paso de los años (en la Región hay centros muy antiguos con tejados de fibrocemento, asbesto o amianto).
Además de los grupos políticos, se han producido campañas de sindicatos que han alertado a la comunidad educativa de los distintos centros escolares de lo peligroso de este material y manifestaciones de padres y madres a las puertas de los colegios y de la Asamblea Regional. Una de las entidades más beligerantes ha sido la Plataforma Amianto Zero de Cartagena, con la que la Consejería de Educación se comprometió en su momento a realizar obras en los edificios educativos que nunca llegaron y que debían empezar a hacerse este curso escolar.
Pese a las promesas, nada se sabe de estos proyectos de retirada y ahora llega un nuevo plan que esperemos que sea el definitivo porque la fecha marcada por la Unión Europea para dejar libres los centros escolares está a la vuelta de la esquina. La pregunta es obvia, ¿ahora sí? Por nadie pase.
Denuncias contra Podemos. A Podemos en la Región se le puede complicar su escenario interno si las personas que aparecen con nombres y apellidos en los mensajes que están sirviendo para hacer la purga deciden denunciar. Estos podemitas han consultado ya a un abogado e incluso están pensando seriamente en interponer esa demanda. Esos perjudicados hace un par de semanas que solicitaron tanto a la gestora como a la Comisión de Garantías estatal de Podemos que rectificaran los actuales expedientes, abriendo unos nuevos donde no aparecieran los datos de los vecinos en cuestión. De momento, la callada por respuesta ante la vulneración de las normas de protección de datos.
