Hubo un tiempo en que eran los socialistas quienes llevaba la voz cantante sobre el agua y en que el PP no terminaba de tomar el pulso a la cuestión. No de manera casual ese tiempo coincidió con el periodo de gobernación socialista en la Región. Una vez perdido el poder autonómico a mediados del los 90, también se redujo la influencia del PSRM en la organización central, donde tenían asiento representantes de las Comunidades antitrasvasistas. El PP, que en los inicios apostaba por la desalación, pronto tomó el relevo de los trasvases y consolidó su poder durante muchos años gracias a incidir en esa posición, que situó en el centro de su identidad política regional. Es cierto que el resultado, al cabo, es más bien magro: no sólo no recuperó el trasvase del Ebro, sino que pactó una importante reducción de los volúmenes trasvasables del Tajo. Pero tal vez porque los socialistas, desde la oposición, no supieron mantener su discurso inicial al respecto, la percepción ciudadana y de los agentes más directamente concernidos con la administración del agua han venido identificando al PP como el partido que mejor defendía los intereses murcianos, fijada la identificación de éstos con la política hidrológica tradicional.
Una vez que con la crisis menguó la presión sobre el agua más allá de los regantes, es decir, la que ejercían los sectores relacionados con el sector urbanístico, más el escarmiento de los casos de corrupción que provocó aquella dinámica expansiva, el agua dejó de aparecer en el primer renglón de la agenda política, en el que entraron otros asuntos más acuciantes. Sin embargo, la evidencia del cambio climático como problema real y urgente y su implantación cada vez más acusada en el discurso política general, gracias sobre todo al impulso de las nuevas generaciones, ha colocado al trasvase Tajo-Segura en una perspectiva delicada en relación al futuro. Es innegable que su clausura, de una u otra manera, va a constituir de aquí en adelante una implícita posibilidad. Más temprano o más tarde. Y, no hay tantas diferencias en este aspecto entre la actual titular de medio ambiente, la socialista Teresa Ribera, y su antecesora del PP, Isabel García Tejerina. Casi que se trata de un determinismo. Pero este horizonte acabará provocando efectos trascendentes en el estatus político y electoral de esta Región.
El PSOE, que había empezado a recuperarse en la Comunidad (ganó las autonómicas y las penúltimas generales) podría volver a la casilla de salida si no actúa con mayor previsión, cautela e inteligencia. El ministerio, en funciones, para la Transición Ecológica (esta expresión, nadie se engaña, incluye la 'transición' del modelo Tajo-Segura) ha mostrado escasa paciencia y se ha adelantado muchos pueblos para justificar un 'trasvase cero', a pesar de los informes técnicos favorables, a cuenta de los efectos contaminantes para el Mar Menor de la actividad agrícola en la zona, y ha castigado de paso a la agricultura de Alicante, Murcia y Almería alejada del Campo de Cartagena. Peregrino argumento. A primera vista, no parece que el Gobierno central tenga interés en ayudar a despegar a los socialistas murcianos, pues pone en bandeja del PP y de los sectores agrícolas que amagaban con despegarse de él en esta fase la recuperación de la política reivindicativa sobre el agua y la identificación del 'enemigo exterior' y de su corresponsalía en la Región. el PSOE. Coincide esta decisión ministerial con el proceso de negociación con los independentistas catalanes y vascos para la investidura de Pedro Sánchez, imágenes que en regiones como la de Murcia tienen un reflejo de profundo rechazo. Es cierto que el líder regional, Diego Conesa, ha tenido los necesarios reflejos para incorporarse desde el primer instante a la protesta por la decisión del 'trasvase cero', pero la confianza política tarda poco en disiparse, y la que dispone el PSOE es muy frágil como para que sean tan descuidados y reincidentes al guardarla.
Pero en esta encrucijada no es sólo el PSOE el partido en aprietos. El colapso del Mar Menor también ha dejado perplejo al PP, indudable principal agente político del desastre. Ya no es que la opinión pública perciba con claridad su desentendimiento cómplice para favorecer intereses económicos diversos que le respondían con la gratificación electoral, sino que, obligado a ofrecer señales urgentes de solución, ha tenido que diseñar necesariamente un plan (un decreto-ley de medidas de protección de la laguna) que establece regulaciones cuya sola enunciación señala con claridad a los sectores responsables de la contaminación, por mucho que en declaraciones al margen del texto elaborado se diga que el Gobierno regional no quiere estigmatizar a nadie.
El PP se ve entre la espada y la pared, pues no tiene más remedio que contener a los productores a los que hasta ahora dejaba hacer. Esto no habría tenido mayor trascendencia si esos productores, conscientes de que su actividad no podía mantenerse en las actuales circunstancias, hubieran comprendido que una regulación estricta sería el mal menor para ellos, entre otras cosas porque los mercados agrícolas internacionales exigen ya condiciones ecológicamente idóneas de los productos en origen. Pero en éstas llegó Vox. Y el PP se ha puesto a temblar.
Hasta ahora, Vox no parecía tener entre sus prioridades cuestiones de la economía real, salvo por la difusión de mensajes genéricos y teóricos que reproducen el canon de una política liberal extrema. Su ideología, todavía no pulida por la práctica, parecía enfocar más el interés a asuntos de la cultura de costumbres con la intención de impulsar un retorno al viejo conservadurismo. Pero, de pronto, han encontrado un gran filón en el Mar Menor. Tal vez advertidos por su crecimiento electoral en las localidades limítrofes con ocasión de las últimas elecciones generales y la percepción de que en ese entorno se empieza a sufrir una mala digestión de las medidas que prevé el decreto-ley, han decidido ampliar su campo de batalla.
Alguien ha sacado de algún cajón las intervenciones públicas del ingeniero Andrés Martínez durante su etapa como jefe de la Demarcación de Costas (concluyó su mandato en el periodo en que presidía la Comunidad el predecesor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez), en las que proponía las apertura de las golas que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo para aliviar la contaminación de la laguna. Su iniciativa fue entonces duramente contestada por ecologistas y varios científicos, aunque contaba con el respaldo de otros a través de un estudio elaborado por dos especialistas de la Universidad de Murcia.
Vox ha copiado literalmente esa idea y la ha convertido en iniciativas parlamentarias. La 'solución' consiste en comunicar más ampliamente los dos mares, de modo que las aguas del Mayor regenerarían las del Menor, lo cual facilitaría que continuara la actividad agrícola tal y como funciona ahora. Gráficamente sería como si nos tomáramos el gintónic con dos tónicas y la misma dosis de ginebra; el efecto es que el alcohol quedaría muy rebajado. Pero ¿seguiría sabiendo a gintónic? Los críticos a esta solución alegan que así no se 'salvaría' el Mar Menor' sino que éste se convertiría en un embalse del Mediterráneo, es decir, perdería lo que le es más propio: su peculiar ecosistema, incluyendo su fauna y flora marina específica. Por lo demás, se trataría de ampliar el radio contaminante para que quedara diluido en un espacio más extenso. Pero quienes apoyan esta vía aseguran que las golas naturales existen porque hace años la comunicación entre ambos mares era lo natural.
? En cualquier caso, es una idea muy Vox: sencilla o, mejor, simple, dirigida a quienes ven amenazados intereses consolidados por la batería muy amplia de medidas estructurales que recoge el decreto-ley. Por cierto que, dado que la propuesta se originó en Costas durante el Gobierno Rajoy, se podría alegar que la 'solución golas' es una 'idea PP', aunque no se practicara.
La 'solución' que reclama Vox ha sido extraordinariamente bien acogida por las organizaciones agrarias de la zona, que están decididas a estudiarla y compartirla. De prender esta iniciativa como reivindicación de los sectores afectados por el decreto-ley, el PP corre el riesgo de aparecer ante los crecientes votantes de derechas como un partido acomplejado que asume desde el Gobierno consignas sobre el decrecimiento económico que proceden del laboratorio de las izquierdas, es decir, el cliché que Vox ha establecido para los populares, y no podría decirse que sin éxito.
Tal vez sea por esto que López Miras ha rehuido entrevistarse con el socialista Diego Conesa para impulsar los pactos que éste le propone: Mar Menor, Justicia, Pobreza estructural... Ha delegado un acuerdo de partidos sobre el decreto-ley que afecta al Mar Menor a una reunión de sendas comisiones que se celebrará mañana. El presidente no quiere fotos previas con Conesa, y le vendría bien que éste se desentendiera del consenso. Su política, como se percibe en la disminuida actividad parlamentaria, consiste a este respecto en borrar al PSOE, ofrecerle el menor espacio posible en el escaparate. Así, López Miras ha remitido al PSOE antes del fin de semana, a instancias reiteradas de Conesa, lo que los populares denominan 'el texto definitivo' del decreto, modificado sobre el que había trascendido, que califican de 'prematuro' y achacan su filtración a un 'funcionario socialista'. Quizá estos pretextos constituyan un recurso para dulcificar algunas propuestas iniciales, una vez que la estrategia de Vox parece contar con todos los ingredientes para conectar con los grupos de interés (no olvidemos que el sector agrícola es probablemente el más consistentemente asociado) de Cartagena y el cinturón del Mar Menor, donde ya dio el palo en las últimas generales.
En definitiva, a efectos prácticos electorales, Vox le está llevando la mano al PP al lanzar de manera inesperada una propuesta simple que espera obtener respaldo entre la derecha sociológica de la zona tradicionalmente abrigada en el PP. Para sacar adelante su decreto ley, si no cuenta con el apoyo parlamentario de Vox, el presidente tendrá que recurrir al PSOE, y éste solo lo apoyará si contiene medidas que no haga palidecer la ruleta de colores de la Agenda 2030 que luce habitualmente en su solapa. Pero, a su vez, el PSOE también resbala desde el Gobierno en funciones con una decisión sobre el trasvase que devuelve al PP a la zona de confort del victimismo. Los socialistas ya debieran estar advertidos, desde la etapa Narbona, acerca de que la práctica del 'despotismo ilustrado' es escasamente pedagógica y despierta irritación.
Otra vez el agua. De ahí no salimos.
