15 de diciembre de 2019
15.12.2019
La feliz gobernación

El decreto indiscreto

El decreto de Protección Integral del Mar Menor, primera medida de aparente alcance establecida por un Gobierno del PP para atender de manera global a la fragilidad de la laguna, resulta indiscreto porque desmiente al mismo presidente que se quejaba de no disponer de mecanismos para afrontar la cuestión

15.12.2019 | 04:00
El decreto indiscreto

Anda, pues resulta que sí, que el Gobierno regional dispone de competencias para proteger el Mar Menor. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya casi nos había convencido de que esta cuestión no era cosa suya, pues correspondería a la Administración central, pero esta misma semana ha lanzado de manera controlada un globo sonda, el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, que parece reunir en una amplísima relación de medidas casi un infinito universo de competencias bajo su control. Esta iniciativa, aplazada o rechazada por su Gobierno hasta que ha tenido que ponerse las pilas a la vista de la irreversabilidad a que conduce la situación ecológica del Mar Menor, es más reveladora por lo que supone en sí misma que por su propio contenido.

O sea, que sí, que el Gobierno regional podía actuar y debía haber actuado. Sería interesante escuchar su explicación sobre las razones de que, pudiendo haber aprobado antes una ley de esas características, rechazara hacerlo cuando estaba tan advertido como hoy acerca del deterioro de ese espacio. Aunque el presidente, en declaraciones públicas posteriores al anuncio del decreto, pretenda distraer las responsabilidades del ataque masivo y sistemático al ecosistema marmenorense, lo que ha trascendido del texto indica que el diagnóstico es claro acerca de los agentes, las causas y el sistema pluridireccional que ha sido consentido por su propia Administración y por las precedentes bajo la gestión de su partido.

De Fraga a López Miras. No quiere López Miras estigmatizar a ningún sector en concreto, pero el esbozo de las medidas del decreto-ley, como no podía ser de otra manera, señala con claridad a los sectores que han de redefinir, contener, ordenar o clausurar su actividad. Es claro, a la vista está, que la voluntad política del presidente va a rastras de la situación, y que no le debe resultar agradable establecer exigencias allí donde hasta ahora ha facilitado el vivalavirgen.

No es plato de buen gusto tener que dictar medidas restrictivas a quienes se ha dejado hacer sin control y hasta estimulando el desarrollo a lo bestia de las prácticas que ahora se pretenden planificar, todo ello en favor de un pacto implícito en que los agentes de la actividad depredadora carecían de coto para la obtención de beneficios a cambio de regar las urnas con papeletas del PP. Más duro es ponerse a redactar este tipo de decretos tan solo unas semanas después de comprobar que los votos del cinturón marmenorense han ido a parar a Vox en las generales, sin duda porque quienes antes gratificaban al PP saben que éste no tendría más remedio que tomar decisiones, a su pesar, para evitar más agresiones a la laguna, pues en este caso la enfermedad es peor que el remedio.

En el intento de que las medidas del decreto-ley (habrá tiempo de desmenuzar las trampas que contiene), que en realidad debieran ser populares si satisficieran la inquietud general de la población acerca del futuro del Mar Menor, no resulten impopulares para sus intereses electorales, el presidente se salta la letra de dicho decreto (en el que resulta bastante claro qué es lo que hay que regular) y lanza su sorprendente análisis: la culpa del deterioro del Mar Menor corresponde a la sociedad en su conjunto, dice.

Y precisa que esa culpabilidad pende sobre la conciencia de los murcianos desde hace sesenta años. Si hacemos las cuentas, parece que López Miras sitúa el origen de todo esto en las fechas en que el fundador del partido al que pertenece, Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo de Franco, estableció unas condiciones urbanísticas especiales al promotor Tomás Maestre para que urbanizara La Manga a su modo. Por aquellos tiempos, López Miras ni siquiera tocaba la flauta, por razones obvias.

Pero de Fraga a López Miras ha habido tiempo para observar la génesis del desastre. Ni siquiera hay que remitirse a los veinticuatro últimos años de gestión del PP, en los que se ha incidido en el desarrollismo urbanístico en la zona y en el amparo de la agricultura intensiva contaminante a las mismas faldas del litoral marítimo. Basta con repasar los dos años y pico de gobernación del propio López Miras (registrados en la hemeroteca y la videoteca) para distinguir una política activa derogatoria de la protección medioambiental y negacionista de la realidad del Mar Menor incluso después del primer sarpullido de la 'sopa verde', con anuncios chuscos (otra vez Fraga) de baños reparadores para instruir a la población sobre la normalidad sanitaria de las aguas. Ni moratoria urbanística, ni Ley de Protección, ni regulación parcial alguna. Para deducir ahora que el problema procede de hace sesenta años, poco ha hecho López Miras a fin de contemplarlo en los dos de su mandato, justo cuando los síntomas de colapso brotaban ya de manera bien visible.

La culpa, de todos, menos del Gobierno. En realidad, el presidente ha gastado más saliva en transferir 'culpas' (por cierto, un extraño concepto entre religioso y prejudicial, pues sería más preciso hablar de 'responsabilidades') que en ofrecer soluciones, que es lo que corresponde a un jefe de Gobierno. La culpa, para López Miras, tiene muchos protagonistas: el Gobierno central (ahora que no es de su partido), la Confederación Hidrográfica (con el olvido de que ha estado gestionada durante las últimas décadas alternativamente por el PSOE y por el PP) y, finalmente 'la sociedad murciana en su conjunto'.

Aquí, todos tienen la culpa, menos el Gobierno regional. La pregunta es: ¿para qué pagamos esa mastodóntica Administración? ¿A qué se dedican? ¿Por qué, hace tan solo unos meses, cuando vendían que el Mar Menor estaba pletórico de salud, se ponían las medallas por tamaño prodigio, y cuando se desveló que su estado real era el del enfermo terminal hay que mirar hacia otro lado? Sí, mirar hacia otro lado, pero no hacia donde se sitúan los agentes económicos que con el consentimiento y el estímulo del Gobierno regional han establecido unas dinámicas que ahora precisan de este tan urgente como tardío y probablemente incompleto decreto-ley.

Esa mentalidad hace temer que las medidas incluidas en el decreto-ley anunciado acaben en papel mojado y constituyan otra patada hacia adelante. Este Gobierno tenía una agenda que se resumía en dos puntos: bajar impuestos y potenciar la enseñanza concertada. Pero el Mar Menor se ha impuesto en la hoja de ruta del 'murcianismo de amiguetes', y esto es un quebradero de cabeza. ¿Resolver los mismos problemas estructurales que ellos han propiciado? Es casi imposible, no está en el ADN. Todas las medidas necesarias les deben parecer concesiones al rojerío: ¿proteger, planificar, contener? ¡Por Dios! Véase que, en el orden práctico, ni siquiera se sienten capaces de ofrecer respuesta a una localidad, Los Alcázares, una parte de cuyas viviendas se vienen inundando sistemáticamente cada vez que se produce alguna tormenta más o menos intensa. «No podemos hacer ya nada más por Los Alcázares», ha dicho la portavoz del Gobierno. Y entonces ¿para qué querríamos un Gobierno?

Aunque la Fiscalía, que ha detallado con mucha precisión las claves del acoso al Mar Menor, no esté muy de acuerdo con López Miras, no habría inconveniente en aceptar su criterio de que no hay sectores privados culpables. En efecto, la responsabilidad básica corresponde a un solo sector: el público. Si la Administración, por razones políticas y electorales, incentiva con su inacción las prácticas de la agricultura intensiva a la orilla del Mar Menor y promueve abiertamente el urbanismo desatado a la vez que hace dejación de otros controles ¿qué podríamos reprochar, al margen de consideraciones morales, al agente privado que encuentra en ese boquete las condiciones perfectas para promover su negocio? Ciertos empresarios han incurrido en irregularidades en el entorno del Mar Menor porque hacerlo así formaba parte del estado de cosas, ya digo, consentido y estimulado por el poder político. Una vez que ha sido inevitable que se corriera el velo que ocultaba malamente este sistema, sería patético que López Miras se sorprendiera y exclamara a lo Claude Rains: «Qué escándalo, aquí se juega».

El decreto, primera medida de aparente alcance establecida por un Gobierno del PP para atender de manera global a la fragilidad del Mar Menor, resulta indiscreto porque desmiente al mismo presidente que se quejaba de no disponer de mecanismos para afrontar la cuestión. Cabe deducir que lo que en realidad hubiera deseado es no disponer de competencias para evitar mojarse con medidas aplazadas que, de estar bien enfocadas y de pretender efectividad, tienen que ser necesariamente molestas para un cierta parte del apoyo electoral del PP, y justo cuando hay para ese núcleo un punto de fuga que, con su política de pactos, los propios populares han contribuido a naturalizar.

La legalización de la economía. Pero a pesar del inicial negacionismo de López Miras respecto a la situación letal del Mar Menor (tan semejante a cuando Zapatero se resistía a aceptar la existencia de la crisis económica) todavía habría podido dominar el problema si en vez de que los dedos se le convirtieran en lanzas para despejar su responsabilidad hacia otros y a todos en general, hubiera hecho lo que se ha de esperar de un líder que aspire a serlo de facto: proponer un marco ambicioso de actuaciones consensuado con el resto de las fuerzas políticas y los agentes sociales y empeñarse en representar a la Región (a la sociedad murciana en su conjunto) y no solo a los intereses de su partido.

Es decir, si hubiera hecho lo contrario de lo que tan previsiblemente hace para decepción incluso de quienes creen que los políticos menos aparentosos, pero hábiles en el manejo interno del oficio, se pueden crecer ante una oportunidad que les permita elevarse sobre la redicha monotonía. Sin embargo, sospecho (y cuento con indicios para que así sea) que López Miras prefiere ser previsible porque tiene un concepto tan básico de 'la sociedad murciana en su conjunto' que prefiere situarse al nivel en que él la supone antes que tratar de elevarse un poco, por si lo pierden de vista. Esto, o es que no hay más.

El decreto, en definitiva, no revela tanto lo que se proponen hacer en adelante sino lo que no han hecho hasta ahora. Es expresivo, por tanto, de la 'culpa', o mejor, de la 'responsabilidad' por ese no hacer, emboscada en una supuesta falta de competencias que en realidad no es tal, como el propio decreto demuestra. El proyecto legislativo indica, en fin, que aunque sea obligado por la fuerza de un espasmo de la Naturaleza, el Gobierno empieza a entrar en la legalidad. En su conjunto.

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