La libertad religiosa es el derecho que tiene una persona de poseer la fe que desee y pueda desarrollarla, disponer de espacios e infraestructuras para que pueda llevar a efecto dicha actividad y no sea perseguida por ello. En nuestro país esas condiciones se cumplen desde hace tiempo.

Lo que no puede contemplarse dentro de la libertad religiosa es que el Estado esté obligado a sufragar los gastos derivados de la educación que los padres elijan para sus hijos, que es lo que propugnan los defensores de la escuela concertada-privada, algunos partidos políticos, la Conferencia Episcopal, algunas asociaciones de padres y madres... Lo que defienden con uñas y dientes es la posibilidad de hacer negocio con la educación de los alumnos o hacer política.

La Iglesia católica, además de pretender ganar dinero, puesto que la mayoría de plazas concertadas-privadas están en colegios de su propiedad, defiende algo mucho más importante: la posibilidad de adoctrinar a todos los alumnos que se matriculan en sus centros, desde los tres años de edad hasta el bachillerato, que es donde últimamente han puesto más empeño y donde intentan aumentar el número de alumnos, y en un alarde de efectividad plena, con el dinero de todos los ciudadanos, con dinero público.

Es cuando surge la posibilidad de que este negocio pueda ser revisado o reducido cuando despliegan toda su artillería; siempre ha sido así y siempre le ha funcionado de maravilla. Los Gobiernos que han tenido la más mínima intención de ejercer algún cambio, siempre, siempre, dichos cambios han supuesto en la práctica una mejora de sus condiciones para la Iglesia en general y en particular para los centros educativos de su propiedad.

Entonces surgen declaraciones de destacados personajes, como el presidente de la Fundación San Antonio, que a pesar de estar siendo investigado por denuncia falsa y de haber tenido otros problemas graves con la Justicia, se cree autorizado a influir en decisiones que no le competen. Obispos de diferentes diócesis, el presidente de la Conferencia Episcopal e incluso líderes de diferentes partidos van más allá y proponen la libertad de elección de centro educativo, sabiendo que sería un disparate mayúsculo y que, por supuesto, no está contemplado en la Constitución. No tienen límite en sus exigencias, siempre han conseguido lo que han pretendido; su intención es presionar lo máximo que puedan para que la restricción, si se produjera, sea la mínima.

Nos gustaría saber la opinión de los ciudadanos que, dentro de su libertad de conciencia, han decidido ser católicos, contra los que, obviamente, no tenemos nada en contra; saber si piensan igual que estos dirigentes. Nos gustaría saber si consideran un ataque a la Iglesia que organizaciones progresistas como Europa Laica pidamos que se haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia. ¿De verdad creen que es un ataque? ¿No creen que tenemos derecho a conocer dicho listado? ¿Piensan que defender la escuela pública y exigir que no haya diferencias tan grandes con la concertada-privada es un disparate? ¿De verdad lo creen?

En los últimos años y en casi todas las Comunidades se está ampliando la educación religiosa a otras religiones, lo que consideramos un tremendo error y un enorme gasto. Entre otras muchas razones, las escuelas no pueden ser espacios donde se segregue por ideas religiosas, que es lo que está pasando en la práctica, donde una clase de 25 alumnos en las horas de la asignatura de religión se divida en tres, cuatro o cinco grupos en función de sus ideas religiosas o las de sus padres. Es un disparate. Luego, hay que contar con los que libremente han decidido no profesar ninguna, que suelen quedarse en la práctica en un vacío escolar.

Toda actividad religiosa puede y debe hacerse en espacios específicos para tales fines y sufragados por los miembros de las respectivas comunidades que quieran participar.

Por el buen funcionamiento del sistema educativo, todas las religiones deben estar fuera de la escuela. Todas.