02 de diciembre de 2019
02.12.2019
Murcia D. F.

Disparate en grado supino

La derogación de Ley de Violencia Machista y nuevos espacios comerciales, dos asuntos conflictivos que han ido al pleno de noviembre y que darán mucho que hablar

02.12.2019 | 04:00
Los concejales de Vox miran al edil de Podemos, Ginés Ruiz.

Con el rabo entre las piernas. Así se fueron del salón de plenos el jueves pasado los concejales de Vox del Ayuntamiento de Murcia, que presentaron una moción para su debate en la que solicitaban, entre otros aspectos, la derogación de la Ley de Violencia Machista negando que exista una particularidad en los ataques que sufren las mujeres. Y lo hicieron tres días después de que miles de personas en toda España (esa que les gusta tanto defender) se echaran a la calle para exigir que no hubiera ni una víctima más fruto del adoctrinamiento patriarcal que ha sufrido la sociedad.

Tanto el Gobierno local como los grupos de oposición se unieron para darle un bofetón de órdago a la extrema derecha, pese a que la coalición PP y Cs cuenta con el apoyo de Vox para que el alcalde José Ballesta siga teniendo el bastón de mando. Muy duras, y con razón, se mostraron la socialista Teresa Franco, una firme defensora de los derechos de la mujer con un pedigrí sobre ellos sobradamente acreditado, y la podemita Clara Martínez, que bajó al barro y comparó las propuestas de Vox con lo peor, es decir, con la basura. También se mostraron muy beligerantes las concejalas de PP y Cs, Pilar Torres y Paqui Pérez, respectivamente.

Sin embargo, los integrantes de Vox siguieron defendiendo sus postulados y no retiraron la moción que tanto daño hace en la lucha contra la violencia machista, un asunto sobre el que volverán sin duda, ya que no tienen escrúpulos en ofrecer datos falsos y en realizar afirmaciones que, con el código penal en la mano, serían constitutivos de delito por transpirar odio e incitar a una violencia mayor contra las personas que están en situación de vulnerabilidad. En resumen, un disparate total que no salió adelante por la unión de los grupos que por una vez decidieron aislar a los ultras.

Lo que sí recibió luz en la sesión plenaria fue la modificación de terrenos en El Puntal, que quedan calificados como comerciales, una idea un tanto surrealista teniendo en cuenta la cantidad de áreas comerciales que hay ya en el municipio, sobre todo en la zona norte-oeste y por los apuros que algunas de ellas han tenido y están teniendo a la hora de salir adelante. Por no hablar de los comerciantes del casco urbano que se las ven y se las desean para rentabilizar sus negocios en una situación de deterioro del tejido comercial local que parece orquestada por el propio Ayuntamiento capitalino.

Otro disparate supino si atendemos a las necesidades que tiene la población del municipio y a la propia configuración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor en 2001 y que aún no está actualizado ni adaptado a la nueva Ley de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma de 2015. Ahí está el quid de la cuestión. La capital de la Región tiene un planeamiento no conforme a la nueva legislación urbanística que prima los desarrollos sostenibles del territorio. En este caso parece que Murcia no tendrá mucha armonía si se planta una nueva área comercial a pocos kilómetros de la de Espinardo y las del norte junto al estadio de fútbol.

La propuesta llevada a pleno el pasado jueves por los populares indica a las claras que al Gobierno local le gustan mucho las áreas comerciales. En el anterior mandato, ya intentó reclasificar los antiguos juzgados junto a la Plaza de Toros de la Ciudad para hacer un área comercial, propuesta que finalmente fue retirada por la Concejalía de Urbanismo. Esos terrenos, calificados como equipamientos estructurales, iban a pasar a ser terciarios para un centro comercial, de ocio o locales nocturnos. La oposición entonces se echó encima del PP por faltar informes y rozar la ilegalidad.

En cualquier caso, el PGOU de Murcia ha sido modificado ya más de 130 veces desde que entró en vigor y está pidiendo a gritos su revisión integral para adaptarse a la nueva normativa urbanística y a la nueva situación del municipio y de sus gentes. El Gobierno local, en coalición con Cs, no puede hacerse el sueco, ya que sabe que esto es necesario desde el año pasado cuando la Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT, le entregó el estudio encargado por el consistorio. Y antes en 2016, porque así se aprobó en pleno municipal.

En ese informe de la UPCT, con cientos de páginas, se detallan que hasta el 2016 el suelo urbano se ha incrementado en el municipio en 12 millones de metros cuadrados, es decir, un 27%, y se indica claramente que Murcia necesita más zonas verdes y de equipamientos. Entonces, ¿es necesaria otra zona comercial? La respuesta parece obvia. Por nadie pase.

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