Admito mi casi absoluto desconocimiento sobre los entresijos del mundo de la Justicia en nuestro municipio, aunque sí he sufrido las consecuencias de la eternidad que han tardado en resolverse algunos procesos en los que he precisado de este departamento de la Administración, cuya fama de ser más que lento le precede.
La Justicia es uno de los pilares para la democracia en la que aspiramos a vivir, pero como he escuchado decir tantas veces, si es lenta, es menos justicia. En general, son muchos los ámbitos de la Administración pública los que tienen esa fama de no ser precisamente rápidos, aunque es justo decir que, en bastantes trámites burocráticos a los que no hace tanto tenías que dedicar más tiempo del razonable, parece que están cambiando las cosas, gracias, fundamentalmente, a las nuevas tecnologías.
No sucede así con la Justicia, a la que parece que las inversiones y, por tanto, los avances tecnológicos tardan más en llegar que a otros departamentos. Recuerdo que no hace muchos años hasta se podían ver auténticas montañas de papeles apilados en algunos despachos del Palacio de Justicia. Espero que está situación se haya resuelto y despejado, porque la acumulación de casos y procesos, al igual que la lentitud, también hace que la justicia sea menos justa.
Los protagonistas principales de este ámbito de nuestra sociedad son los primeros en quejarse y dar la cara para exigir más medios, más recursos, más inversiones y más espacio, porque no caben. Los jueces, abogados y procuradores de Cartagena llevan ya demasiados años exigiendo nuevos juzgados y clamando por una nueva Ciudad de la Justicia cuya ubicación se mueve más que el viento, pero cuyo proyecto se esfuma y difumina como el humo.
Lo de contar con un nuevo espacio para el sector judicial que evite la saturación y permita a los jueces liberarse de las cargas que les genera un volumen exagerado de asuntos que atender es ya más viejo que el tebeo y tan indignante como el humo que también nos venden con el AVE. Y es que mientras nos perdemos en titulares que exigen lo mismo un año, al siguiente y el siguiente, mientras nos escandalizamos porque las inversiones y proyectos anunciadas, prometidas y garantizadas se quedan a mitad de camino, si es que alguna vez llegaron a salir más allá de la boca del que las anunciaba, mientras nos peleamos por cómo y dónde o por quién se apunta el mérito, tanto el tren de alta velocidad como la Ciudad de la Justicia continúan en el aire, como una mariposa aleteando que nos despista hasta que la perdemos de vista.
La ubicación de nuevos juzgados y de una Ciudad de la Justicia ha dado tantas vueltas que le hace pensar a uno que nos sobra sitio por todos lados. El centro comercial de Mandarache, la Factoría de Subsistencias de la Armada en la avenida Reina Victoria, el centro comercial Eroski son sólo algunas de las alternativas que se han planteado para ampliar los servicios judiciales, a las que en los últimos tiempos se les han sumado nuevas posibilidades.
Hace unas cuantas semanas, la vicealcaldesa ofrecía la cesión del edificio del antiguo hotel Peninsular al al Estado para la instalación de nuevas unidades judiciales de forma provisional y solventar la escasez de espacio que denuncian los afectados, pero la actual número dos del Ayuntamiento se ha topado esta semana con el desprecio del Estado, que ha rechazado la propuesta alegando falta de recursos. Y, claro, no le ha sentado nada bien. Ni a ella ni a su socia de Gobierno y alcaldesa, que ha reaccionado de inmediato, porque la respuesta formal por escrita es tan fría como indignante y porque contaba con la implicación del Gobierno central en este proyecto y le han dado con la realidad en las narices. El caso es que cuando hay espacio no hay dinero y viceversa.
La verdad es que el menosprecio a nuestro municipio por parte del Estado en algunas cuestiones sensibles como esta empieza a ser preocupante, aunque no me extrañaría nada que, al igual que ocurre con la agonía del Mar Menor, nuestros representantes de aquí, de allí y de más allá se pierdan en discusiones y debates en los que el responsable nunca es uno mismo, sino el contrario, cuando, en realidad, sirven a la misma sociedad y no existe más rivalidad entre ellos que la de las urnas. Que digo yo que igual ese es el problema. Que viven en un continuo intercambio de papeles en el que se echan las culpas mutuamente y así se nutren de la excusa perfecta para hacer lo justitio y poco más. Cuando veo a nuestros políticos opinando sobre de quién es la culpa de esto o de aquello y nunca jamás son capaces de asumir sus responsabilidades sin encender el ventilador, me acuerdo de mis pequeñas, a las que cuando les pides explicaciones sobre quién ha roto esto o quién ha hecho aquello, siempre ha sido la otra.
Las competencias sobre Justicia son estatales en nuestra Comunidad y corresponde al Gobierno central velar porque este servicio vital para el buen funcionamiento de nuestra sociedad se preste con garantías y unas condiciones mínimas de eficiencia y seguridad. Por eso, cuesta entender que llevemos tanto tiempo reclamando una necesidad tan importante y aún más que menosprecien ofrecimientos generosamente gratuitos por parte de una Administración que debería ser hermana, pero a la que ven como rival, y se escuden en que no hay recursos. Siempre es la misma excusa, aunque, para ser justos y sinceros, deberían decir no hay recursos para lo vuestro, porque para lo de otros es evidente que sí que los hay.
Lo triste es que la fraseología y el refranero español son tan exagerados como sabios y, sobre todo, contundentes y, al final, va a ser verdad ese que reza: «Cuando la fuerza manda, la ley calla».
