27 de noviembre de 2019
27.11.2019
La Opinión de Murcia
De Murcia para el mundo

Solución política

26.11.2019 | 21:23
Solución política

Hace unos días apareció en casi todos los periódicos una noticia del todo innovadora e inesperada: un actor español se posicionaba políticamente a la izquierda y a favor de la extrema derecha nacionalista catalana.

Como el pan nuestro de cada día, en esta ocasión el protagonista de tan (poco) sorprendentes declaraciones era el actor gallego Luis Tosar, que decía que para encontrar una solución al conflicto catalán ésta debía abandonar la vía judicial y ser una salida exclusivamente política.

Esta idea tiende a ser recurrente no sólo entre golpistas y jaleadores de golpistas, sino también entre los conniventes que parecen compartir más el odio a España con los independentistas que el antifascismo con los constitucionalistas.

La llamada a la desjudicialización del proceso independentista es el grito más claro y contundente que vemos en España a favor de las dictaduras. Pese al romanticismo de las tesis que promulgan que 'la voluntad del pueblo' no puede estar sometida al control judicial, y que no se puede encarcelar a nadie 'por poner urnas', lo cierto es que lo único que nos protege a los unos y a los otros de los abusos de los demás es la ley.

La Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes son la única garantía que tenemos de que nuestros derechos van a ser siempre respetados, con independencia de si gobierna Podemos, Vox o Esquerra (que cada cual elija su fobia favorita). La aplicación estricta de la ley garantiza las reglas del juego con la que todos los actores políticos, incluida por supuesto la sociedad civil, pueden desenvolverse para perpetuar o cambiar el sistema a placer.

La asunción de que hay políticos o ideas que justifican estar por encima de la ley es un paso peligrosísimo no sólo para los que lo sufrimos directamente, sino también para los que lo promulgan. La arbitrariedad con la que se decide si una causa es lo suficientemente atractiva, o incluso legítima, como para que la voluntad de las minorías se imponga a la de las mayorías, es el paso previo a que cualquier dirigente pueda establecer libremente qué actuaciones considera basadas en un fin lo suficientemente loable como para no estar sometido a la acción de la justicia.

Ahora los independentistas entienden que, bajo su paradigma e ideología, el proceso de secesión debe estar por encima de la ley. Pero, ¿qué ocurriría si en unos años el Gobierno central decidiera castigar retroactivamente por rebelión a los golpistas? ¿qué pasaría si se estableciera la ilegalización de todos los partidos políticos contrarios a la Constitución? ¿y si hiciéramos lo mismo con aquellos que no se definen católicos? ¿y con los liderados por mujeres?

Hace unos años Arnaldo Otegi decía que la ley no puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Probablemente el terrorista ignore que, gracias a la ley, es imposible que se haga efectiva la voluntad del pueblo español de que reciba el mismo castigo que su banda infringía a las víctimas.

Y es que al final, aunque Luis Tosar y el mainstream mediático lo ignoren, la ley es la única salvación para los ciudadanos. Y sobre todo, para los golpistas.

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