Noviembre de 2019. Según cifras oficiales, la violencia de género ha acabado con la vida de 1.027 mujeres en España desde 2003; 51 de ellas en los once meses que llevamos de 2019. Es importante puntualizar el carácter oficial de estas cifras, pues la cuenta de este año se eleva a 90 asesinatos machistas si, como recoge la web feminicidio.net, tenemos en cuenta todos los asesinatos por violencia de género y no solo aquellos casos de mujeres cis que mantenían o habían mantenido una relación sentimental con su asesino.
Esa es precisamente una de las reivindicaciones del movimiento feminista para este 25N, día contra las violencias machistas: la reforma de la actual Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, para que, entre otras cosas, se contabilicen todas las víctimas de violencia machista, independientemente de su relación con el agresor. No incluir, por ejemplo, a las mujeres trans en la ley de Violencia de Género supone ignorar una realidad, aumentar la inseguridad y borrar la violencia institucional y social que padecen por el hecho de ser y existir. La ley tampoco incluye a los gran silenciados en esta violencia estructural contra las mujeres, los menores. Y desde 2013, 34 niños y niñas han sido asesinados como una forma más de violencia de género contra sus madres. En este mismo periodo, 275 menores de 18 años se han quedado huérfanos, 43 en lo que llevamos de año.
Porque los asesinatos son solo la punta del iceberg de esta lacra social. Detrás de todas estas cifras hay vidas segadas, pero también muchas otras destrozadas. Sin ir más lejos, desde 2016 se han registrado en España un total de 134 agresiones sexuales múltiples, 42 solo en 2019. No hablamos ya de las 134 víctimas, estamos hablando de que en nuestro país hay, al menos, 471 agresores sexuales.
Y es, teniendo en cuenta el carácter estructural y transversal de esta violencia contra las mujeres, que se deben plantear las reivindicaciones para este 25N. Reivindicaciones que empiezan porque se dote de medios el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la aplicación, de una vez por todas, del Convenio de Estambul para luchar contra todos los tipos de violencia hacia las mujeres.
En materia legislativa es necesaria una reforma del Código Penal para que queden tipificados adecuadamente los delitos sexuales. Porque son inaceptables las sentencias de abuso cuando fue violación y porque solo sí es sí. La Justicia patriarcal debe ceder paso a una Justicia feminista que proteja en igualdad a todos los ciudadanos de este país, independientemente de su género. Por este mismo motivo, y porque la transmisoginia también es feminicidio, urge que se apruebe la Ley Integral Trans para amparar a las personas trans, y en concreto a las mujeres, por encontrarse en una situación de especial discriminación; así como la eliminación de la Ley de Extranjería que ejerce una doble presión sobre las mujeres migrantes. Es un hecho indiscutible que los fenómenos migratorios afectan de manera distinta a los hombres que a las mujeres y la tendencia hacia la migración femenina ha generado un efecto colateral: el aumento de oportunidades para la violencia.
Dentro de esta diversidad que forma el movimiento feminista, este 25N nuestras hermanas de la Asociación de Gitanas Feministas reivindican que se incorpore la perspectiva interseccional de las propias mujeres gitanas y racializadas en el diseño, implementación y ejecución de políticas contra la violencia machista y la creación de espacios protegidos gitanizados libres de machismo y racismo.
«Nuestra experiencia de lucha nos ha enseñado que la mirada paya a la violencia de género sufrida por las mujeres gitanas señala continuamente la cultura del pueblo gitano como culpable, una cultura que es vista como más machista. Partir del antigitanismo para explicar la violencia, ejerce más violencia sobre las mujeres gitanas y borra el papel de las violencias institucionales y estructurales de raza, clase y género».
Es indispensable para nosotras como mujeres demandar también la financiación y el desarrollo de medidas para la mejora de los derechos laborales y económicos de las trabajadoras, así como el programa de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de la violencia machista con el establecimiento de protocolos que garanticen sus derechos laborales. Para lograrlo, se debe exigir la ratificación del Convenio 190, aprobado el 21 de junio de 2019 en la Conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, donde se reconoce el derecho de toda persona a un entorno laboral libre de violencia y acoso.
La precariedad laboral agudiza la brecha de género abocando a la pobreza y a un mayor grado de vulnerabilidad a las mujeres. Esta vulnerabilidad se agudiza en las pensionistas. En la actualidad, un millón de mujeres de más de 65 años carecen de pensión propia y viven de las migajas de las pensiones de sus maridos. Esto también es violencia, se llama violencia económica.
Con todas estas reivindicaciones, y en memoria de las víctimas y de todas esas mujeres que cada día se enfrentan a la violencia de género en cualquiera de sus formas, el Movimiento Feminista de Cartagena sale a la calle este 25N para gritar que «Ante la violencia machista, defensa feminista». Porque ante la dejadez de los responsables políticos y la ineficacia de la Justicia patriarcal, sólo nos queda la sororidad.
