29 de octubre de 2019
29.10.2019
La Opinión de Murcia
Carta de ajustes

Un Comité Cívico para el Mar Menor

28.10.2019 | 19:39
Un Comité Cívico para el Mar Menor

La crisis ecológica era esto, por ejemplo: la destrucción del Mar Menor, como proceso gradual y voluntad expresa. El caso del Mar Menor nos muestra que no es sólo, ni principalmente, el cambio climático fatal lo que amenaza al planeta sino toda una larga serie de agresiones y pérdidas que (provocando la indignación y la lucha de los ecologistas) nunca conmueve eficazmente a los poderes públicos decisorios.

Rodeado de enemigos, el Mar Menor queda expuesto y desvalido, dramáticamente dependiente de quienes (no demasiados) lo quieren de verdad, que ya sin dilación habrán de levantar toda una ofensiva de respuesta vigorosa y estructurada, que sustituya a la incompetencia y la alevosía de un sistema político-administrativo incapaz e irremediable.

La última esperanza queda en manos de una organización por crear, que castigue y persiga a los culpables, numerosos y diversificados, actores y consentidores, políticos y civiles. Un Comité Cívico (el nombre es lo de menos) que reúna y unifique (o, al menos, coordine) las organizaciones actualmente existentes y que, excluyendo a los intereses empresariales directos que quieren un Mar Menor a su servicio y la representación municipal (cerril en lo urbanístico, insensible al saneamiento), desarrolle la ineludible misión de poner orden. Los ciudadanos han de tomar la iniciativa, organizándose seria y eficazmente, apelando, como recursos necesarios para la acción (defensa y ofensa), a la denuncia, la presión y la ley.

En la Región de Murcia el acoso al medio natural se desarrolla, principalmente, a manos de una agricultura canalla que se impone a manos de un sistema depredador altamente eficaz en sus insidias. En una región fallida como ésta, que vive una espiral de desatinos que cada día nos sobrecoge, deben de ser los ciudadanos indignados los que asuman la responsabilidad y el mando de sus destinos, recurriendo a los instrumentos más eficaces para la acción política sustitutoria.

En esta tarea, que será dura e ingrata, pero que no tiene opción, los ciudadanos conscientes se enfrentarán a la doble y enfermiza alianza del aparato político-administrativo y el poder agrario-empresarial, cuya asociación se ha hecho inconmovible para desgracia de nuestra tierra. Deberán, pues, atacar sin pausa al modelo económico que lo ha envilecido todo, medio natural y conciencias, contra ese lema que oprime y esquilma: «Envenenar y enriquecernos».

No es que se trate de una crisis político-administrativa que condujera a nuevas elecciones (¡menuda ridiculez!), sino de algo mucho más serio y trascendental, en un momento histórico de encuadre, fondo y forma ecológico-políticos; y, además, decisivo, que ha de resolverse de la única forma segura, que es la que señala la experiencia militante en una sociedad secuestrada por poderes políticos venales y una economía agraria letal, como sus frutos evidencian. Esa organización ciudadana, contundente y sabia, que asuma el problema en su compleja dimensión y actúe con decisión y claridad de ideas, poniendo en solfa a todos los poderes y fuerzas de la región, habrá de priorizar a los más perniciosos, es decir, los constituyentes y protectores directos del poder agrario. Se trata de estimular, recrear y colmar un sentimiento general y organizado que se horrorice del futuro en ciernes, al que nos empuja una nutrida coalición de irresponsables, y que muestre la inteligencia y la efectividad que el caso requiere.

Y tampoco es que esta vez, como dicen que ha dicho el fiscal de medio ambiente, De Mata, las cosas hayan llegado muy lejos (¡qué miedo!). Él y la Fiscalía conocen de sobra las advertencias, las denuncias y los ruegos que se les dirigen para que actúen, a lo que vienen respondiendo mirando para otro lado, resistiéndose a trabajar y actuando, cuando lo hacen, a remolque y sin la convicción y la competencia necesarias. Ni parece que sea ocasión para confiar singularmente en la justicia de los jueces murcianos que, por lo que a sensibilidad ecológica se refiere, nos ponen muy cuesta arriba eso de que «hay que creer en la Justicia» (¿sí? ¿por qué? ¿cuándo?).

Del derecho ambiental, ambiguo e insuficiente, hay que pasar, en esta ofensiva, relativamente desesperada por el Mar Menor, a la justicia ecológica, cuya principal ventaja es que no está codificada, basándose en la ética y la vergüenza: es el Mar Menor el que, sujeto de derechos inalienables, debe actuar, representado por ese Comité, en defensa de sí mismo, es decir, de la vida y el futuro, ya que el objetivo, si nos tomamos todo esto en serio, no es propiamente reivindicar los derechos ciudadanos a un medio ambiente limpio, es decir, a un Mar Menor sano, sino los derechos del propio Mar Menor a su integridad, que ha sido arrasada.

Vivimos en una región que no es que vaya a la deriva sino muy directa y decisivamente hacia el desastre. El Mar Menor barrunta y advierte sobre otros desastres en avanzado estado de desarrollo, como pasa con los acuíferos de la región (Altiplano, Noroeste), en su mayor parte contaminados o en vías de estarlo: todo esto por obra y gracia de ese agro nefasto e implacable, ante los ojos de unos y otros (sobre todo, no se olvide, de la prevaricadora Confederación Hidrográfica del Segura).

Una región en la que (insulto directo e insufrible) los partidos que controlan la Asamblea han puesto la Comisión de Medio Ambiente en manos de Pascual Salvador, un ultra representante del poder agrario depredador, no merece sino sonrojo e ira. Y aunque mi escepticismo sea radical y consistente, me gustaría que, de entre las novedades políticas que esta tragedia debiera provocar, Ciudadanos rompa su pacto con el PP, aunque sólo sea por eludir las responsabilidades que se le vienen encima, dando paso a alguna esperanza, política y legislativa, seguros de que esa mayoría consternada de los ciudadanos de a pie, se lo agradecerá.

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