28 de octubre de 2019
28.10.2019
La Opinión de Murcia
El castillete

Miedo a protestar

Muchos juristas opinan que estamos ante una criminalización desproporcionada de lo que sería una vulneración del orden público, que
no del orden constitucional

27.10.2019 | 19:14
Miedo a protestar

La sentencia del procés nos ha hecho descubrir a muchos que, desde 1995, dispone nuestro ordenamiento legal de un instrumento sumamente peligroso a los efectos del desenvolvimiento de las libertades ciudadanas, más pernicioso incluso que la tan denostada Ley Mordaza.

Efectivamente, el delito de sedición por el que se ha condenado a importantes penas de cárcel a los líderes independentistas que llevan más de dos años en prisión preventiva, trasciende con creces el ámbito del conflicto catalán y se adentra peligrosamente en el de los derechos de asociación, manifestación y expresión. Su propia definición es inquietante, pues serán reos de tal delito quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones o cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas».

Los presos independentistas han sido condenados a más de 100 años en conjunto por desobedecer una resolución judicial y poner urnas en Cataluña el 1 de Octubre de 2017. La sentencia admite que ni emplearon la violencia ni la planificaron; tampoco erigieron jurídicamente estructuras administrativas para hacer factible la independencia(una 'ensoñación', según el Supremo).

Imaginemos que un grupo de ciudadanos y ciudadanas bloquea pacíficamente la puerta de una vivienda para impedir un desahucio, como hasta ahora se viene haciendo. A esas personas, según la doctrina que ha establecido el Supremo en relación a Cataluña, se les puede aplicar un delito de sedición por cuanto 'fuera de las vías legales' (aunque no empleen la fuerza) están impidiendo el cumplimiento de una resolución judicial. A cada una de ellas les pueden caer entre ocho y diez años(hasta quince si son autoridades). Sigamos imaginando: una multitud muy enfadada con el ejecutivo regional murciano por lo que éste ha hecho (y no hecho) en relación al Mar Menor, se planta ante la puerta de San Esteban e impide, sin atisbo alguno de violencia, simplemente por la presencia de una masa humana compacta y numerosa, a López Miras y sus consejeros acceder a la sede de gobierno. En la medida que están imposibilitando a una autoridad «el legítimo ejercicio de sus funciones», podrían estar incurriendo en sedición. A la cárcel con todos ellos y ellas.

Muchos juristas opinan que estamos ante una criminalización desproporcionada de lo que sería una vulneración del orden público, que no del orden constitucional, el cual nunca pusieron en peligro unas urnas colocadas en colegios. Tampoco unos manifestantes que intentan impedir un desahucio. A lo sumo, estarían desobedeciendo.

Este país está sufriendo una doble crisis territorial y social, ambas consecuencia en buena medida de la depresión económica que se inició en 2008. Se manifiesta en una intensa desafección en Cataluña(no sólo allí) respecto del marco estatutario vigente, así como en una progresiva movilización de sectores sociales a quienes la estafa financiera ha dejado literalmente tirados. Como quiera que la quiebra del modelo autonómico parece profundizarse y la recesión que se avecina amenaza con empeorar la situación de millones de personas de las clases populares, todavía no recuperadas del golpe reciente, unas élites crecientemente enriquecidas han determinado blindarse ante la presumible secuencia de movilizaciones que esta situación pueda generar. Y están tirando de Código Penal, jueces y policías.

En el espacio político de la derecha, estamos oyendo auténticos disparates disfrazados de propuesta política. Desde suprimir sine die(anticonstitucionalmente) la autonomía de Cataluña hasta meter en la cárcel a dirigentes políticos sin intervención judicial, pasando por prohibir preventivamente en Madrid las manifestaciones que pudieran generar, a interpretación de los mandos policiales, hipotéticos altercados. El PSOE, por su parte, ha girado bruscamente a la derecha y elude el diálogo con Cataluña como medio de resolución del conflicto. En lo social, ha descartado ya derogar la reforma laboral, elevar el salario mínimo o gravar las rentas más altas, además de aceptar ante Europa recortes para ajustar el déficit de cara a 2020.

Para aplicar estas duras medidas necesitan silenciar a la gente. Que tengamos miedo a protestar.

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