La propuesta de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad lanzada recientemente a bombo y platillo por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y los empresarios parece responder más bien a objetivos de marketing turístico o electoral que a los propios de un trámite bien conocido por los expertos, que tiene que hacerse ante un organismo internacional de carácter científico y técnico 'cultural' como es la Unesco, que tiene poco que ver con la expedición de sellos o certificados turísticos y que toma sus decisiones en el marco de la Convención del Patrimonio Mundial del que forma parte el Estado español mediante el llamado Comité del Patrimonio Mundial que define los criterios de inscripción de los bienes en la Lista del Patrimonio Mundial.

La secretaría que tiene que recibir la propuesta está constituida por el Centro del Patrimonio Mundial con sede en París, Francia. Sus organismos consultivos son: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM, por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). Júzguese por los nombres los intereses de dichos organismos.

Indudablemente adquirir la condición de Patrimonio de la Humanidad puede tener repercusiones políticas y económicas a medio y largo plazo, pero para llegar a tenerlas hay que seguir un largo y complejo procedimiento que está establecido claramente en las Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de Unesco (2008) y en varios de sus informes anuales.

La elaboración de ese expediente precisa ante todo de un trabajo científico y técnico previo que, si la propuesta fuera seria, es lo que deberían haber empezado anunciando los proponentes de la candidatura para merecer alguna credibilidad y para conseguir que se sustancie realmente un objetivo que es tan deseable e importante que no debería manosearse estérilmente.

Ese trabajo previo pasa necesariamente por un comité científico y técnico que perfile el contenido de la candidatura y que plantee las estrategias necesarias para llegar a la misma. Es necesario detallar, por ejemplo, la historia y la evolución de la ciudad y justificar el motivo por el que se opta a ser patrimonio mundial. Pero sobre todo hay que hacer un análisis comparativo con otras ciudades, sean bienes mundiales o no, para explicar en qué destaca la ciudad propuesta, tanto en un contexto nacional como internacional.

Pero sobre todo la Unesco valora para inscribir un bien en la Lista del Patrimonio Mundial que los bienes tengan un valor universal excepcional y cumplan, por los menos con alguno de los diez requisitos de selección. Se trata de parámetros filosóficos que demuestran de dónde viene y hacia dónde va una ciudad que quiere ser patrimonio mundial.

Para la Unesco el Valor Universal Excepcional significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para el conjunto de la comunidad internacional.

La Unesco presta especial atención además al estado de los bienes que se les someten a consideración, que evalúan muy detenidamente, y ahí nos duele. Por ejemplo, exige detallados informes sobre el estado de conservación de los bienes; sobre qué edificios, monumentos u otras estructuras necesitan trabajos de reparación, a gran o pequeña escala, así como la envergadura y duración de cualquier proyecto reciente o futuro de reparación de importancia. Solicita información sobre las amenazas que pueden afectar al bien que opta a ser universal; informes sobre impactos ambientales y planes de contingencia para atenuarlos; previsiones sobre presión turística; estadísticas de población que vive en la ciudad histórica; marco legislativo que protege y define a la ciudad que se propone: plan general de ordenación urbana y planes especiales; propiedad de los terrenos implicados; planes de gestión en marcha y de futuro; inversiones y fuentes de financiación, etc.

Es precisamente en estos aspectos concretos que pertenecen al ámbito propio de las competencias de la Comunidad autónoma y el ayuntamiento de Cartagena en el que los fotografiados frente a la pancarta de Patrimonio de la Humanidad podrían haber adquirido algunos compromisos concretos de carácter urbanístico y de protección del patrimonio, que les comprometieran realmente con su propia propuesta. Porque además de avalar la seriedad de su proyecto y la firmeza de sus convicciones, habrían empezado a allanar el camino hacia la candidatura definitiva una vez que el expediente estuviera preparado.

Con ello habrían contribuido a mejorar la situación del entorno urbano de la ciudad de Cartagena, que ha sufrido grandes trastornos como consecuencia de la desregulación urbanística que viene padeciendo desde 1995, y habrían empezado a atajar con planes la situación de abandono que viven algunos de los principales bienes culturales que alberga nuestro municipio; ya saben: molinos, baterías, conjunto modernista, arsenal, sierra minera.

Porque, seamos realistas, con la situación de nuestro patrimonio y persistiendo en los planteamientos ultraliberales urbanísticos que se han seguido en Cartagena en los últimos veinticinco años no se llega a merecer la consideración de patrimonio de la humanidad. Nuestro patrimonio está muy dañado y en peligro y necesitamos un plan que demuestre que se quiere invertir el proceso. Sin ese plan no obtendremos nunca la calificación que buscamos.