07 de octubre de 2019
07.10.2019
Tribuna libre

Contra el empobrecimiento de nuestros mayores

06.10.2019 | 18:55

Hace ya casi una década que venimos advirtiendo la precaria situación en la que cada vez se encuentran sumidos más jubilados y pensionistas, y la responsabilidad que sobre dicha situación cabe achacar a los profundos recortes (aún no revertidos en su totalidad) en materia de sanidad, servicios sociales y, sobre todo, pensiones.

Las regresiones presupuestarias y de prestaciones sufridas por nuestros servicios públicos han afectado de manera notable la renta disponible de este colectivo, y han ahondado en su empobrecimiento. La aplicación de copagos farmacéuticos y hospitalarios, el cierre de centros de salud o determinados servicios médicos en zonas rurales o despobladas, o el desmantelamiento del sistema de atención a la dependencia, son cuestiones que aún hoy, cinco años después de dar por 'terminada' la crisis, siguen padeciendo las personas mayores.

No es necesario recordar, por si esto fuera poco, que en 2013 se aprovechó la situación de déficit en la que se encontraba la Seguridad Social (en gran parte, como consecuencia de la destrucción de empleo que la recesión y la reforma laboral del PP había propiciado), para imponer una reforma especialmente injusta y gravosa para unos pensionistas que, hasta ese momento, habían sido la tabla salvavidas de millones de familias afectadas por la crisis.

Hoy tengo aún más claro, si cabe, que la motivación de aquella reforma no era sanear las cuentas de la Seguridad Social en un momento singularmente difícil; tampoco la urgencia de asegurar su sostenibilidad futura. Basta apuntar al respecto cómo se ha saqueado el Fondo de Reserva, entre 2012 y 2018, hasta llegar a agotarlo, sin adoptar ni una sola medida para reducir el desequilibrio de esas cuentas. O los dilatados tiempos e inconcretos términos por los que han discurrido los debates en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Entre otras cosas, hemos dado lugar a encontrarnos en una encrucijada política que, en estos momentos, impide, jurídicamente, legislar con carácter definitivo para derogar unos mecanismos de revalorización y cálculo inicial que condenan el futuro de nuestras pensiones públicas a la indignidad. En concreto, el índice de revalorización, que determina su casi congelación con el mínimo del 0,25%, tras su suspensión transitoria en los ejercicios 2018 y 2019, volverá a ser de plena aplicación en 2020, si nadie lo remedia.

Es por ello que, en UGT, hemos llamado de nuevo a la movilización y hemos exigido formalmente a todos los partidos políticos que, tan pronto como se constituyan las Cámaras, la primera medida parlamentaria sea una proposición de ley para actualizar las pensiones conforme al IPC, con el fin de salvaguardar su poder adquisitivo. Les hemos recordado, además, que volver a vincular la subida de las pensiones al costo de la vida fue un compromiso que todos ellos asumieron en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el 27 de septiembre del año pasado, y que no pueden seguir arguyéndose más excusas políticas para eludirlo.

No podemos admitir que se perpetúe la reforma de 2013 y el voraz ataque que ésta dirige a nuestro sistema público de pensiones, pretendiendo pasar de un modelo que asegura pensiones (que tienen que ser adecuadas), a uno de pensiones mínimas, que obligará, a quien pueda permitírselo, a complementarlo mediante planes privados; y a quien no, a vivir en la más absoluta pobreza.

En la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza, las personas mayores han de considerarse un ámbito subjetivo prioritario. Las pensiones públicas son, con carácter general, la única fuente de ingresos de estas personas y, en no pocos casos, también la de toda su familia. Pensiones que no alcanzan, de media, los mil euros en España y que, en nuestra Región, ni siquiera llegan al SMI. Quiero hacer hincapié en que existen tres millones de pensionistas en nuestro país, el 60% mujeres, cuyas prestaciones se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Prestaciones, en definitiva, que no admiten margen para más recortes pero sí para su mejora, y que deben acompañarse de políticas sociales eficaces para garantizar el acceso a derechos básicos como los cuidados sociosanitarios, la vivienda, los suministros de agua y luz o, incluso, aunque parezca mentira, una alimentación adecuada.

Creo que todos los actores políticos y sociales venimos obligados a retomar con urgencia la negociación y a legislar, no solo para sostener, sino también para mejorar las coberturas de nuestro sistema público de pensiones, actuar contra la desigualdad y la pobreza y asegurar la gratuidad, calidad y suficiencia del conjunto de prestaciones y servicios que conforman nuestro Estado de Bienestar.

Esperamos que las cosas sean diferentes tras las próximas elecciones, y podamos ponernos cuanto antes a trabajar para procurarles una vejez digna, activa e inclusiva a nuestros mayores, después de toda una vida de esfuerzo y contribución a la sociedad.

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