La Asamblea Regional nombrará el próximo miércoles al director o directora del ente público Radio Televisión Murciana. El nombramiento corresponde al Parlamento, pero esta vez lo hará, a través de éste, el Gobierno. Digo que esta vez será así porque el tripartito parlamentario que facilitó el cogobierno PP-Cs dispone de la mayoría necesaria para hacerlo, de manera que ahora ese cargo será a satisfacción de San Esteban, a diferencia de la anterior legislatura, en que la oposición mayoritaria (PSOE, Podemos y Cs) impuso el nombre del actual director, Juan Miguel Aguado, doctor universitario de Comunicación.

Lo que Aguado comprobaría, sin duda, desde su toma de posesión, hará cuatro años, es que la pomposa denominación del cargo no se corresponde con la realidad de sus funciones. El director general de RTVM es en la práctica el director general de Onda Regional, la radio, pero carece de competencias reales sobre la televisión, limitadas tan solo a controlar el cumplimiento del contrato, es decir, a vigilar que la productora que la gestiona cumpla con las horas de emisión sobre los asuntos determinados en el concurso por el que accedió a programar la televisión autonómica.

Una vez que Cs ha pasado a formar parte del Gobierno y que la cuña de Vox otorga mayoría, cabe suponer que la radio sufrirá una adaptación progubernamental mientras que la televisión tendrá que reenfocar hacia Cs parte de su dedicación exclusiva, hasta ahora, al Gobierno popular.

A pesar de que la gestión de la radiotelevisión pública debiera obedecer al máximo consenso, ni el PSOE ni Podemos han sido consultados hasta ahora para la elección de una dirección general que contente a todos. El acuerdo se ha intentado establecer entre los dos grupos que conforman el Gobierno y alguna consideración a Vox.

Azparren, Villalba, Ferrero. Tres han sido los nombres que se han venido manejando en los mentideros, todos ellos profesionales de los medios que componen el grupo público: Joaquín Azparren, Alejandro García Villalba y Marta Ferrero. El primero ya fue director de Onda Regional en una etapa anterior y pertenece a la plantilla de la emisora; el segundo es editor de informativos de la 7, y la tercera, redactora de la radio. El PP parecía decidido a trasladar el encargo a García Villalba, mano derecha del director general de La 7, Antonio Peñarrubia, que es el hombre de confianza del Gobierno, pero tal vez por esto Cs no ha mostrado mucho entusiasmo con la propuesta y parece preferir a Marta Ferrero. A tres días del nombramiento este es el nombre que parece darse por decidido.

En todo caso, ya digo, la función de la dirección general de la empresa pública afecta exclusivamente a la radio y escasamente a la televisión, que es un fuerte del PP completamente blindado. De ahí el escepticismo de Cs sobre la propuesta de García Villalba, que sería para ellos como si Peñarrubia tuviera un clon en la dirección general.

El núcleo Secuoya. La productora de La 7, Secuoya, es una empresa que en su momento impulsó el Gobierno de Rajoy con el propósito de crear un grupo de medios en línea, aunque su desarrollo posterior languideció, al menos en España y en cuanto a influencia informativa, aunque está bien asentada en la producción de series, un área políticamente neutra. Secuoya obtuvo la licencia de La 7 gracias a la influencia de Vicente Martínez Pujalte en su etapa de 'conseguidor' del Gobierno regional, del que todavía es consejero áulico. Su esposa, Isabel Borrego, le sucedió en las candidaturas por Murcia al Congreso y se reveló en las improvisadas primarias del PP para el relevo de Rajoy como una muy efectiva activista en favor de Pablo Casado, lo que ha consolidado la posición de la pareja en la nueva etapa popular.

El núcleo Secuoya está bien asentado: Pujalte y Borrego, más Peñarrubia, que dirige los informativos con mano de hierro, y su esposa, Mar Moreno, que acaba de ser ascendida a secretaria general de la Presidencia con rango de consejera y dispone en el nuevo Gobierno de una determinante influencia, empezando por la administración informativa a los medios y la distribución de premios y castigos. Se añaden la vicealcaldesa de Cartagena y anterior portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, y el propio presidente, Fernando López Miras, quien en su día firmó la adjudicación de la tele a Secuoya como presidente que fue del tribunal que lo decidió, en su calidad entonces de secretario general de la consejería de Hacienda, que Martínez Pujalte dirigía desde la sombra a través de un consejero títere y la colaboración de Arroyo. Este grupo ha tenido en algún tramo sus más y sus menos, pues hasta el propio Peñarrubia se ha sentido en alguna ocasión abrumado por las exigencias gubernamentales, pero a la hora de la verdad es muy compacto.

Servicio público. La 7 ha roto techos de audiencia recientemente con su programación especial sobre la DANA, y no es extraño, dada la calidad de sus profesionales y del asombroso trabajo que hicieron durante días con pie en barro, aunque se la echó de menos en la primera noche y madrugada de tormentas, en que emitían programas de fiestas locales y reposiciones folclóricas, lo que da idea de la deficiente capacidad de reacción de sus directivos. Sin embargo, Onda Regional validó la existencia de una radio autonómica al mantener durante la primera madrugada de la DANA una programación abierta con rueda de corresponsales e información instantánea y de alertas, es decir, servicio público en directo. Ahora bien, algo debió ocurrir en esa casa, pues a los profesionales que insistían en mantener abierta la programación durante las siguientes madrugadas les fue vetada tal posibilidad, y alguno de ellos ha informado del asunto a los distintos partidos políticos parlamentarios sin que ninguno haya dicho esta boca es mía.

Alfombra gubernamental. La 7 siempre ha sido una alfombra para el Gobierno (del PP, porque no ha existido de otro color desde que inició las emisiones, pero lo sería de cualquier otro, pues es a lo que conduce el actual modelo, que la oposición tuvo posibilidad de modificar en la anterior legislatura, aunque no mostró ni habilidad ni decisión para hacerlo). Durante el periodo en que la televisión fue gestionada por GTM, el ejemplo más chusco de dependencia lo puede expresar el hecho de que el entonces presidente Valcárcel era entrevistado en los intermedios de los partidos de la Champions, contratados para obtener la máxima audiencia e introducir de paso la mayor plataforma de propaganda. Ya con Secuoya, al expresidente PAS le hacían reportajes hagiográficos que ya entonces sonrojaban, y a López Miras le sigue una cámara hasta cuando va a mear. Se supone que ahora habrá otras, vayan donde vayan, para la vicepresidenta y la portavoz, ambas de Cs, y así equilibrar, aunque solo desde dentro. El truco habitual para que las estadísticas señalen un aparición equitativa en pantalla de los distintos partidos consiste en entrevistar en largo a los representantes de la oposición en programas de baja audiencia y multiplicar la presencia del presidente en los informativos convencionales, que suelen tenerla algo más elevada.

Que viene el concurso.Nada cambiará en La 7 con el relevo en la dirección general de RTVM. Está blindada; si acaso se le dará un cachito a Cs, pero olvidémonos de debates verdaderamente abiertos y de programas no editorializantes. Y es que la cuestión clave no está en este acontecimiento controlado, sino en lo que viene después, o mejor, ya está en curso: la renovación del contrato para Secuoya. Esta es la verdadera clave. La primera parte del concurso se anunció en el BORM sin publicidad informativa, y la definitiva está al caer. Frente a Secuoya concurrirá de nuevo GTM, la anterior concesionaria, esta vez encabezada por Juan Francisco Zambudio, propietario de la emisora Televisión Murciana y consejero delegado de GTM desde que se hiciera con las acciones de su antecesor en el cargo, León Heredia. Precisamente esta compra de acciones alertó a Secuoya de que dispondría de la competencia de un potente grupo local, y la primera decisión fue suprimir el contrato que mantenía con Televisión Murciana para la producción del programa Murcia Conecta, descontándole los ingresos del millón de euros anual en que se valora para, tras un corto periodo de suspensión, volver a lanzar el programa con otras productoras. El Gobierno, que suele decir que no interviene en los concursos públicos, esta vez ha intervenido a las claras para que ambas partes dialoguen y elaboren un proyecto común, pero la incompatibilidad es manifiesta.

De nuevo, la concesión de la televisión se juega, como en el concurso anterior, entre un grupo afín al Gobierno y otro de empresarios murcianos (Zambudio, Fuertes, Paloma, Terrazos Pilar...), y eso si no aparecen terceros aspirantes, que estarían en lo suyo si lo hicieran. Si ya el concurso de las ambulancias ha resultado altamente confuso al resolverse en favor de amigos clásicos del Gobierno ¿cómo cabe esperar que en un asunto tan delicado para sus intereses como la gestión de la televisión pública mantenga las manos quietas? Ni de coña. Así que habrá que estar atentos a esta resolución, a ver por donde salen. Mientras tanto, viene por delante el nombramiento en la dirección general de RTVM en un pacto a medias entre PP y Cs con la aquiescencia de Vox. Antena a tres.