El aforamiento es una situación jurídica, por la cual determinadas personas por su propia condición, por el cargo que ocupan o por la función que desempeñan, tienen un fuero distinto y no son juzgadas por tribunales ordinarios o por su juez natural, sino por tribunales más altos en el ranquin judicial. El aforamiento, que nació en la Constitución de 1978 exclusivamente para el presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores, se ha visto extendido posteriormente por ley, a jueces y fiscales, Defensor del Pueblo y sus adjuntos, vocales del Consejo General del Poder Judicial y, por si fuera poco, los Parlamentos autonómicos declararon también aforados a sus miembros (faltaría plus). Es decir, casi una cuarta parte de España está aforada. Pero, ¿eso es bueno o malo?

Pues la verdad es que da igual, porque en definitiva no supone una inmunidad. Peor es cuando se precisa de una autorización del Congreso para investigar a alguien. Y lo que ya es demasiado, porque sí supone una auténtica inmunidad es la que tiene el rey, también por mor de la Constitución vigente. Mucho me temo que si se reformara la Constitución para hacerla desaparecer, de facto seguiría. Si no, que se lo pregunte a su padre.

Todo eso viene a cuento porque la Asamblea Regional de Murcia tramitará quizás la supresión de los aforamientos. Otra cosa es que al final se lleve a cabo esa propuesta y se apruebe finalmente. En mi opinión, la verdad es que da igual que existan o no aforamientos, pues si existe infracción criminal existe y si no, no la habrá, independientemente de quien juzgue. Lo grave, por tanto, no es la forma sino el fondo. Y éste es tan triste como que tengan que sobreseerse actuaciones penales por haber prescrito, al estar seis meses sin investigarse. O estar pendientes de un hilo, mes tras mes, personas investigadas eternamente sin que se les llegue a juzgar para acabar con un sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales, por no existir delito alguno. Entiendo la desesperación de estos investigados cuando confiando en la Justicia no se les da respuesta, en un tiempo humanamente razonable y así poder salir de esos miramientos callejeros de sus convecinos. Y más aun entiendo a estos vecinos, que no saben si esa persona es o no un delincuente.

Así pues, lo importante no es que se supriman los aforamientos, sino que se pueda investigar en forma y fondo, y no teniendo abierta una vía penal indefinida. O lo que es peor, acabar con ella sin saber si hubo o no delito. Quizás por eso, una juez de Madrid ignorando el aforamiento, ha comenzado a investigar a tres diputados por un delito de atentado a la autoridad, concretamente a unos policías en el curso de una manifestación por el cierre de unas plantas empresariales. A la postre supongo que será una pérdida de tiempo, pues mientras no se deroguen los aforamientos, ese derecho (privilegio para algunos, seguridad para otros) les ampara y debe ser el Tribunal Supremo el que investigue.

Menos mal que lo importante ya estamos sobre ello, y no me refiero a que la Justicia sea eficaz, sino a esa magnífica idea del País Vasco para que no se construyan viviendas con cocinas minúsculas, ni espacios jerarquizados que aislen, ni puntos negros, pues verdaderamente son una amenaza para la convivencia y un riesgo para las mujeres, ya que una cocina pequeña es un foco de riesgo de aislamiento, pues los hombres no querrán ir a ellas, bajo el pretexto de que son muy pequeñas (sic, noticia). Hala, y ahora a votar otra vez a estos ideólogos de la vida.