El acto de apertura del año judicial en la Región no debió ser cómodo para el conjunto de la clase política. Tanto el presidente del TSJ como el Fiscal Superior, Miguel Pasqual del Riquelme y José Luis Díaz Manzanera, respectivamente, hablaron muy claro. El primero detalló la limitación de estructuras y medios con que cuenta y hasta la proyección económica que esto tiene para la Comunidad. El fiscal denunció las muy estrictas limitaciones de plazos para la investigación que fueron incorporadas en la última revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Del Riquelme planteó, para que no todo quedara en buenas palabras, la necesidad de un Pacto Regional por la Justicia. Todos los responsables políticos parlamentarios mostraron de inmediato su disposición, y el presidente de la Comunidad exhibió buenos reflejos al tomar la iniciativa de convocar a los grupos para iniciar sin pausa un plan al respecto. Dado que las competencias de Justicia pertenecen aún, por fortuna, al Estado, tal vez López Miras haya intuido que hay aquí otro filón para incordiar al Gobierno socialista, si éste resiste el próximo envite electoral. Pero al margen de la oportunidad política, la Justicia requiere ser tomada de una vez en serio. El PP es el responsable político de las muchas instrucciones que se van archivando antes de su conclusión porque, en la etapa Rajoy, puso reparos a la investigación de la corrupción acotando los plazos, tal como denunció el fiscal jefe, lo que en la Región ha permitido la impunidad de los implicados en Pasarelas y nada menos que en la desaladora de Escombreras.

La Justicia es la gran olvidada de la Administración general. Invertir en ella no produce grandes réditos electorales. Cuando los ciudadanos advierten sus deficiencias funcionales miran a los jueces, no a los políticos. A éstos, en determinadas circunstancias (cuando abundan los casos de corrupción, que es casi siempre) hasta les viene bien el descrédito de la Justicia a consecuencia de los retrasos derivados de su escasez de medios y sus dificultades para abordar causas complejas que requieren de alta especialización y del recurso a instancias impenetrables. Es normal que jueces y fiscales comprometidos con sus respectivos oficios muestren irritación al constatar que la frustración ciudadana los señale a ellos en vez de localizar la causa principal del problema, que está en el intento del poder ejecutivo de influir y manejar el tercer estamento del Estado, como hace abiertamente con el legislativo.

Un pacto por la Justicia debe contemplar grandes inversiones en infraestructuras y modernización de recursos y eliminar las trampas legales para proteger a los políticos corruptos.