En la Diada del pasado 12 de septiembre, como en años anteriores, el independentismo catalán ha contado con el respaldo de una parte muy importante de la sociedad catalana, a pesar del pinchazo de asistencia. A estas alturas, no creo que sorprenda a nadie que relevantes e influyentes personajes, (empresarios, sindicatos, colectivos sociales de toda índole, deportistas, artistas, etc.), acudan a la Diada, ni que muchos de ellos, unos con más énfasis que otros, apoyen las tesis soberanistas en pos de conseguir un objetivo subrepticio al que se oponen la mayoría de los propios catalanes: la independencia.
Lo que a mí sí me sorprende, aunque sabiendo de lo que hablamos no debería hacerlo, es que una parte importante de la cúpula eclesiástica catalana utilice los púlpitos para hacer apología de un proceso político que vulnera la Constitución desde el artículo 1 hasta el 169, así como su Preámbulo y todas sus Disposiciones. Son muchos los prelados y sacerdotes que no tienen reparos en convertir sus eucaristías en auténticos mítines propagandísticos en los que se justifica y promueve el incumplimiento de la ley y la resistencia a la 'opresión' del Estado español. Es la Iglesia del 'procés', lo que, afortunadamente, no significa que toda la Iglesia católica catalana apoye el secesionismo. También existe un amplio sector del clero, no independentista y neutral, encabezado por el arzobispo cardenal de Barcelona, Juan José Omella, enfrentado abiertamente a sus compañeros separatistas.
No pongo en cuestión el derecho de cada cual a expresarse y a defender sus ideas, por poco que me puedan gustar; lo que sí cuestiono es que, quienes, por varias e inexcusables razones, sobre todo de carácter moral, están obligados a llamar al cumplimiento y acatamiento de la ley, hagan dejación de esa responsabilidad y aprovechen su autoridad eclesiástica para influir en la voluntad política de los fieles lanzando soflamas contra la legalidad durante los oficios religiosos, homilías y declaraciones públicas. Y todo ello con un argumentario cimentado en sofismas imposibles de sostener ni jurídica ni históricamente.
Cinco de los diez obispos de las diócesis catalanas se han declarado abiertamente rupturistas. Su posicionamiento y actividades les hacen cómplices de la ruptura del orden constitucional y responsables directos de la quiebra de la convivencia social en esa comunidad autónoma.
El arzobispo de la Seu d'Urgell, Joan Enric Vives; el obispo de Girona, Francesc Pardo; el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas; el obispo de Solsona, Xavier Novell y el abad de Montserrat, Josep María Soler, entre otros, son los activistas más notables del independentismo eclesial catalán. Estos pastores del separatismo, escoltados por al menos cuatrocientos envilecidos sacerdotes de otras tantas parroquias, (apoltronados mantenidos por un Estado del que adjuran que paga sus sueldos con dinero de todos los españoles), utilizan sus cargos y funciones, así como las iglesias y otros lugares y propiedades (esos por los que la Santa Madre Iglesia no paga el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ni otros), como parte del infame aparato de propaganda de un proceso de rebeldía política, llegando en algunos casos a colocar banderas esteladas en las fachadas de las iglesias y, según diversas fuentes, como lugares donde los organizadores del referéndum ilegal del 1-O, escondieron la mayoría de las urnas.
Como decía, es la Iglesia del 'procés'; la que pide la celebración de un referéndum de autodeterminación sabiendo que está expresamente prohibido por la Constitución. «Conocer lo que deseamos los ciudadanos es fundamental para asumir decisiones, sean las que sean€», dice el obispo de Girona. En sus declaraciones, el jerarca Pardo no repara en dos cuestiones fundamentales, al margen de la de legalidad. Primera: obvia la naturaleza del independentismo catalán (identitario y supremacista), y eso no parece muy coherente con su labor apostólica. Segunda: en el caso de que un referéndum de autodeterminación tuviera encaje legal, es decir, que se reformara la Constitución para tal fin, el señor obispo nos niega a cuarenta millones de españoles (los no catalanes), el derecho a votar en una consulta que afecta a la composición del Estado al que pertenecemos. Es difícil entender como principio democrático elemental que para aprobar la Constitución que certificó la histórica composición territorial de España votáramos todos los españoles, y, sin embargo, para alterar esa composición territorial voten solo una parte de los españoles (los catalanes).
Por cierto, hablando de referéndum: por qué no celebrar uno en el que los españoles votemos sobre si denunciar o continuar con el Concordato y otros acuerdos establecidos entre el Estado español y la Santa Sede, desde 1953, por los que la Iglesia católica recibe de las arcas públicas 250 millones de euros todos los años.
«María del Claustro, nacida en un país ocupado y oprimido, emigrante por motivos políticos, sabe bien qué significan esas esteladas», dijo en una de sus homilías el joven y beligerante obispo Xavier Novell. «Yo sí iré a votar», declaró también con motivo del referéndum ilegal del 1-O. Su afirmación la acompañó de una glosa en la que azuzaba a los fieles de su diócesis a seguir su ejemplo sin importarle las advertencias ni las consecuencias de posibles episodios de violencia. El prelado Novell no oculta su prestancia cada vez que el 'procés' necesita de voceros que apoyen una causa conducida por fanáticos extremistas que han hecho oficio de su militancia radical. Novell, perteneciente al sector ultraconservador de la Iglesia católica, tiene gran predicamento entre el independentismo conservador y progresista; tanto que sus profusas opiniones y comentarios de carácter homófobo y machista rara vez han sido censuradas por la mayoría de colectivos homosexuales y de LGTB cercanos al 'procés'.
Pero, quizás, el que más proselitismo ha manifestado a favor de la autodeterminación de Cataluña ha sido el abad de Montserrat. «El Vaticano reconoce normalmente todos los nuevos Estados que se crean, y una Cataluña independiente, yo creo que también€ Cataluña es una nación y tiene derecho a decidir€», manifestó el abad Josep María Soler en unas declaraciones, no desmentidas por la Santa Sede, en las que parecía actuar como portavoz del papa Francisco. Josep María Soler, entre otros gerifaltes del clero, debería emplearse más en la prevención de nuevos casos de abusos sexuales en su Abadía de Montserrat y en otros centros de la Iglesia católica que en fomentar el enfrentamiento entre catalanes.
Es intolerable que en una democracia consolidada, que se rige por una Constitución moderna que reconoce y garantiza plenamente los derechos de los ciudadanos y de sus territorios, unos cuantos desalmados se hayan atrevido a atentar contra el Estado, y que una parte muy importante de una institución como la Iglesia católica haya hecho seguidismo de esa causa delictiva en contra de lo que manifiestan la mayoría de sus fieles. Es la Iglesia del 'procés', la Iglesia nacionalista radical catalana; la que un día, si pudiera, pasearía bajo palio sagrado a Puigdemont y a Junqueras, al igual que la Iglesia nacionalista española lo hizo con el dictador Franco hace unas décadas.
