22 de septiembre de 2019
22.09.2019
La Feliz Gobernación

El falso escándalo

El Gobierno central está llamado a pagar los rotos y los descosidos producidos por la tormenta y la consiguiente riada, pero también estaría legitimado para llamar la atención del Gobierno regional acerca de cómo ha venido ejerciendo la obligación de cuidar el territorio

22.09.2019 | 04:00
El falso escándalo

Estamos todos muy escandalizados. Pero no porque la riada de San Alberto Castillo haya puesto al descubierto el desastre de la planificación territorial de la Región de Murcia a lo largo de las últimas décadas sino porque habrá nuevas elecciones generales. Mientras nos quitamos el barro de encima y nos congratulamos por haber sobrevivido, nos echamos las manos a la cabeza, al modo de El Grito de Munch, para proclamar que Pedro Sánchez (o, en su defecto, 'los políticos' en general) son unos incapaces que vuelven a trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de resolver lo que solo a aquellos compete.

Pero tendríamos que empezar por admitir que estaríamos escandalizados en cualquier caso. Si Sánchez pacta con Podemos y los nacionalistas, escándalo: es una banda que tiene un plan. Si pacta en última instancia con Ciudadanos para evitar la dependencia de los 'radicales' y de los independentistas, escándalo: la prueba del nueve de que el PSOE tiende a la derecha. Si el PP declina la cortesía de la abstención para que jueguen los más votados, como los socialistas hicieron en favor de Rajoy en su día, escándalo: sería la reproducción implícita de la Gran Coalición. Y si, por imposibilidad de cualquiera de estos motivos de segura escandalera se entra en el callejón sin salida que conduce a nuevas elecciones, escándalo también. Estamos escandalizadísimos todos, pero no por lo que tendríamos que estar, más que escandalizados, indignados.

Bendita la riada.

Es sabido que cuando la riada de 1946, el entonces jefe del Estado acudió a Murcia y fue saludado con una pancarta que rezaba: «Bendita sea la riada que nos ha traído a Franco». Tal vez los murcianos (y el resto de levantinos afectados por la Santa DANA) debiéramos pensar, sobre el adelanto electoral, que no hay mal que por bien no venga. Sería suicida que en un contexto de alta competitividad electoral el Gobierno se mostrara cicatero en la distribución de recursos para paliar los daños en una de las franjas más pobladas del país y con más diputados en juego. Bendita sea la riada por haberse producido en periodo preelectoral, podríamos decir.

Pero al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, le parece escasa la primera evaluación de setecientos millones de euros que ha hecho el Consejo de Ministros. Que le parezcan pocos millones, sean setecientos o mil, está muy bien. Un presidente autonómico debe ser reivindicativo. Todo es insuficiente. Hay que rascar más. Perfecto. Solo que esas cantidades no pueden ser solicitadas al tuntún. ¿Dónde está la evaluación científica de daños que a López Miras le permite considerar lo que es poco o necesario? Llama la atención que, a la misma vez, el presidente califique de 'decisión electoralista' el hecho de que la ministra de Hacienda anuncie que ha encontrado la fórmula para inyectar a las autonomías el dinero de la financiación estatal retenido por la provisionalidad del Gobierno. Veamos: el decreto de ayudas es cicatero, pero que fluya por fin la financiación debida es electorero. ¿En qué quedamos?

El Estado paga la fiesta.

Respecto a la DANA estamos en la fase de las ayudas, y ahí hay que ser muy exigente, claro. Y más porque las elecciones, cuya repetición tanto escandaliza, son de paso una oportunidad para que los recursos no sean escatimados. Pero hay otro aspecto que corresponde al Gobierno regional, y es también urgente: la planificación estructural para evitar que otra conmoción atmosférica provoque, pronto o más tarde, un equivalente mapa de daños. El Gobierno central está llamado a pagar los rotos y los descosidos producidos por la tormenta y la consiguiente riada, pero también estaría legitimado para llamar la atención del Gobierno regional acerca de cómo ha venido ejerciendo la obligación de cuidar el territorio, de proteger a las localidades en mayor riesgo y de medicar el Mar Menor para evitar que, en plena enfermedad, un ataque de desatados torrentes agrave sus posibilidades de recuperación.

Lo que no vale es que aquí estemos de fiesta, y cuando viene la resaca, que pague el Estado. El Estado somos también nosotros. Una tormenta feroz produce inevitables daños, pero son mayores si el Gobierno no ha previsto los efectos de esa clase de incidencias, y no solo esto, sino que ha permitido la ocupación urbana de espacios que son pasos de reserva natural del agua y ha descuidado la gestión de los suelos.

¿Qué fue de la Política Territorial?

Hubo un tiempo en que los conceptos Planificación del Territorio o Política Territorial aparecían en los títulos de las consejerías del Gobierno. Pero al PP la palabra 'planificación' le espeluzna, porque a los autodenominados liberales les suena a soviética o, más precisamente, porque no produce réditos electorales a corto plazo. Poco a poco, las competencias sobre Territorio han quedado subsumidas en el organigrama general, ahora dentro del genérico Fomento, en una dirección de nombre muy esclarecedor: Territorio y Arquitectura, un eufemismo que, por la práctica, sabemos que significa Suelo Urbanizable y Construcción. Para más abundamiento, hay otra dirección general denominada Movilidad y Litoral (Transporte y futura asunción de Costas, éstas, todavía, en manos del Estado), como si el litoral no fuera también territorio, probablemente la parte más frágil del mismo y más habitualmente atacada. El territorio, para las últimas administraciones populares, es una 'maría'. Pero ha venido la DANA y ha marcado el perfecto test que describe el desastre del diseño y la planificación del espacio físico en que nos movemos. El desdén por la política territorial no obedece solo a desgana o desconsideración de su prioridad, sino a la permeabilidad de la corrupción, algo tan evidente que solo hace falta darse una vuelta por el paisaje.

Reivindicación y gestión.

El Gobierno regional tiene dos obligaciones inmediatas. Una, reivindicar sobre informes técnicos contrastados las ayudas precisas para recomponer el territorio de la Región y compensar a las víctimas. Y otra, ya digo que no menos urgente, iniciar un plan general de estudio y tratamiento del espacio físico que permita evitar ocupaciones de riesgo y que promueva las actuaciones que sirvan para controlar avenidas en los cauces de todo tipo y amparar a poblaciones como Los Alcázares y otras que están destinadas a sufrir una y otra vez las 'gotas frías', sean éstas de una u otra intensidad. Para sentirse orgulloso de ser español (reproduzco el lenguaje impostado de quienes nos gobiernan, a ver si así lo pillan) hay que cuidar a las personas, claro, pero también el espacio en el que viven.

Menos frivolidad con las leyes y la gestión del medio ambiente, menos manga ancha con los financiadores de las campañas electorales, menos hacer la vista gorda con la depredación del territorio, y menos escándalo por un adelanto electoral que para el PP es, esta vez sí, agua bendita, pues le ofrece la oportunidad de crecer sin el salvavidas de Ciudadanos.

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