Vecinos de Llano del Beal protagonizaron esta pasada semana la enésima protesta para denunciar los efectos en la salud de la contaminación de los suelos de la Sierra Minera. Esto nos hace pensar que, sea lo que sea que esté haciendo el Gobierno regional para solucionar el problema, sus resultados no llegan a la población afectada.

Esta situación retroalimenta una sensación de abandono y de angustia al ver que el hecho denunciado corre por la venas de sus hijos, y de ellos mismos, en forma de partículas de plomo y otros metales pesados.

Es cierto que la situación es compleja, como muchas otras, y muy probablemente en parte lo sea por la propia inacción, errores y falta de voluntad política de los Gobiernos de turno; el episodio de la balsa Yenny es más que ejemplificante. No obviamos la responsabilidad directa de Portman Gofl y Peñarroya. Tampoco entramos en la dejadez del mantenimiento como Bien de Interés Cultural, con categoría de sitio histórico, que tiene la Sierra desde 2015.

Aun así, el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM) con treinta medidas, casi ochenta millones de presupuesto y diez años de plazo para su ejecución, puede considerarse el único intento serio de la Administración regional para abordar la situación desde la derogación de las Directrices de Ordenación Territorial para Portmán y la Sierra Minera en 2004. Pendiente del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, puede todavía tardar un año como mínimo, siendo optimista, en estar disponible. Quince años perdidos.

¿Y mientras, qué? La Asamblea Regional aprobó en marzo pasado un documento de conclusiones tras la ponencia abierta en relación a la problemática de la Sierra Minera. Son una serie de orientaciones y compromisos de actuaciones, compatibles con el PRASAM, que no deben quedar en papel mojado.

Pero ante los impedimentos jurídicos que parece haber, según el Gobierno regional, para hacer efectiva la regeneración de los suelos tal como establece la ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, desde IU-Verdes hemos propuesto la expropiación de las 2.500 hectáreas que integran la Sierra Minera en base a la declaración de Actuación de Interés Regional, como se propone en el artículo 37 de las Directrices del Litoral.

Según el BORM (29/12/2018), el precio tasado del suelo de esta zona es de 0,12 euros por metro cuadrado. Tres millones no parece una cantidad desorbitada para garantizar, desde la actuación pública una solución definitiva.