11 de septiembre de 2019
11.09.2019
La Opinión de Murcia
Escaño cero

¿El problema del Mar Menor?

Ni está tan bien como dice el Gobierno regional, ni se va a recuperar tan pronto

10.09.2019 | 20:42
¿El problema del Mar Menor?

Suenan de nuevo las alarmas en el Mar Menor, si es que alguna vez dejaron de hacerlo. Ni está tan bien como dice el Gobierno regional, ni se va a recuperar tan pronto. Así lo ha indicado el grupo de quince científicos adscritos a distintas instituciones que la pasada semana ha hecho público un comunicado, hartos de tanta mentira e irresponsabilidad de las autoridades competentes. Como ciudadano, les agradezco enormemente este gesto.

El problema del Mar Menor es la concurrencia de intereses sobre este espacio natural sin que haya una actuación de los Gobiernos competentes para hacer cumplir la normativa que los regula y ordena.

Primero fue la explotación minera que, además de la laxitud de la legislación de la época en términos medioambientales, tampoco se preocupó por las consecuencias contaminantes de su actividad. Después, el desarrollo urbanístico y turístico hasta el colapso del espacio; por último, la implantación de una agricultura intensiva agroexportadora con prácticas agrícolas de gran impacto contaminante en suelos y masas de agua, y que exige una oferta inagotable de agua para el regadío, entre otras cosas, para cubrir las más de 12.000 hectáreas ilegales creadas al amparo de las expectativas del trasvase.

Estas dos actividades, la agrícola y la urbanística, han constituido en los veinticinco últimos años un aspecto esencial del modelo productivo regional caracterizado por la especulación, la corrupción, el negocio del mercadeo del agua y la ampliación ilegal de regadíos, dando lugar, de facto, a verdaderos lobbies, tal como llegara a proponer la entonces consejera Adela Martínez-Cachá en 2015.

Los Gobiernos regionales de estas dos últimas décadas han primado el apoyo a estos intereses particulares por encima del interés general, incumpliendo descaradamente el artículo 45.2 de la Constitución. Sus intentos de rebajar las figuras de protección y límites de espacios protegidos establecidos por la ley 4/1992, así como el retraso inaceptable de su 'ineludible obligación' (como afirma el CES en su dictamen sobre el Plan de Gestión Integral del Mar Menor) para aprobar los planes de gestión de estos espacios protegidos, demuestran claramente esta afirmación.

Existe legislación suficiente para paliar y revertir la situación, además de otras normas en proyecto o tramitación como el esperado Plan Vertido 0 la Ley Integral del Mar Menor. Pero falta voluntad política para aplicarlas. Llegados a este punto, es el momento de que hable la ciudadanía. Va haciendo falta una gran movilización.

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