Hace unos días, responsables nacionales del PP declaraban que «el PSOE debería abstenerse para facilitar la investidura de Pablo Casado como presidente del Gobierno de España, ya que éste contaba con los votos del bloque constitucionalista», o lo que es lo mismo, del bloque manifestante en la Plaza de Colón. La extravagante ocurrencia tuvo la virtud de hacer reír a unos y de servir a otros para montar agudos memes en las redes en los que, con desmedida crueldad, se ridiculizaba tanto al mensaje como a los mensajeros. En mí, causó el efecto de la preocupación, no por el absurdo de proponer a Casado como presidente en las actuales condiciones, sino por cómo denominan a los apoyos con que dicen contar para la empresa: 'el bloque constitucionalista'. De eso vamos a hablar. He entrecomillado el título del artículo teniendo en cuenta que las comillas, además de atestiguar la literalidad o la titularidad de algún comentario, también pueden dar una interpretación irónica a un enunciado.
El autodenominado 'bloque constitucionalista' referido a PP-Cs-Vox, no es sino una maledicente ironía además de una falsedad histórica. Y no lo digo porque un servidor piense que los mencionados partidos no sean constitucionalistas, que no es así, aunque casi sí. La ironía está en que el PP, y lo que abandera después de las últimas elecciones (una coalición de constitucionalistas sobrevenidos y forzados), pretendan atribuirse la propiedad moral de la Constitución, el mayor bien proindiviso de los españoles, con la aviesa intencionalidad de situar al PSOE en la otra orilla, en la de los no constitucionalistas. Peligroso, muy peligroso que los que no hace mucho demonizaban la Constitución de 1978, en un ejercicio mayúsculo de fariseísmo político pretendan patrimonializarla ahora.
El argumento que esgrimen, totalmente reversible, es que Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno de España, entre otros, gracias a los votos de diputados separatistas catalanes y vascos y, por tanto, anti constitucionalistas. Al autor del argumentario debió olvidársele, o desconocer, que, con anterioridad a este hecho, esos mismos votos sirvieron para elegir presidenta del Congreso de los Diputados a Ana Pastor Julián, gracias al acuerdo que el PP alcanzó con los partidos separatistas. Ambos casos, totalmente legítimos, son dos ejemplos inatacables de una realidad histórica: a lo largo de nuestra trayectoria democrática, los acuerdos y pactos, dentro del marco constitucional, con partidos nacionalistas, (vascos y catalanes), han sido frecuentes y hasta convenientes para la gobernabilidad de España. Por eso, resulta incomprensible que el PP reniegue de su historia más reciente y pretenda importar la estrategia separatista catalana al resto de España; esto es, crear dos bloques radicalmente antagónicos: el de los 'constitucionalistas', o sea el PP y los partidos que orbitan a su alrededor, y el de los 'anticonstitucionalistas', o sea, el PSOE. Todo ello, obviando el historial democrático y el compromiso constitucional de cada uno de los partidos.
La historia sobre la Constitución de 1978 está escrita y seguirá escribiéndose con luz y taquígrafos, nunca mejor dicho, en los Diarios de Sesiones del Congreso y en las hemerotecas. El 'bloque constitucionalista' debería emplear un poco de su mucho tiempo libre en recordar cómo se forjaron los acuerdos que la parieron. Así, tendrían que reconocer que su partido de entonces, Alianza Popular, se retiró de la ponencia del Congreso de los Diputados encargada de redactar la Constitución por su disconformidad con la redacción final del Título VIII (el que se refiere a las autonomías). Y lo más importante: en el Referéndum celebrado el 6 de noviembre de 1978, Alianza Popular pidió a sus militantes y votantes que ¡NO! apoyaran la Constitución y que se abstuvieran en la votación, tal como hizo el Partido Nacionalista Vasco. Los demás partidos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España, Unión de Centro Democrático y ¡hasta Convergencia i Unió! pidieron el ¡SÍ! a la novena Constitución de la historia de España.
Para mí, no hubo vencedores ni perdedores: el Referéndum lo ganó España.
Es lícita, razonable, y hasta conveniente, la confrontación y el debate político, así como la puesta en escena de las diferencias ideológicas o programáticas entre unos y otros. Pero, jamás, en la historia democrática de este país, más allá de en algún capítulo puntual y extemporáneo, se ha forzado un debate político o social sobre el grado de compromiso y de lealtad constitucional de los partidos que han bipolarizado el Gobierno de la nación durante cuarenta años.
Negar el ADN constitucionalista a alguno de los dos mayores garantes de la Carta Magna puede provocar consecuencias dolorosas a largo plazo en un país como España donde, históricamente, somos dados a dramatizar nuestras diferencias y a resolverlas, muchas veces, de la peor forma. Y algo más a tener en cuenta: diferencias de calado tan profundo entre partidos de implantación nacional, alimentan a los verdaderos enemigos de la Constitución y debilitan a España.
Si el 'bloque constitucionalista' reflexionara y priorizara el interés general de España sobre los suyos propios, quizás caiga en la cuenta de que resulta obsceno pretender utilizar la Constitución como un cortijo en el que ellos deciden quién entra o sale. Con el debate identitario y de desafección hacia los símbolos del Estado sin cerrar después de tantos años (bandera, himno nacional, monarquía, etc.), lo que menos le conviene a nuestro país es establecer otro similar sobre la Constitución. Sería una deslealtad patriótica por parte del 'bloque patriótico'.
En otros países, artículos de opinión como este serían innecesarios, y hasta molestos para algunos; pero, claro, me refiero a países donde sus Constituciones son inviolables, sagradas, y donde se considera una herejía manosearlas partidariamente para enfrentar a unos ciudadanos contra otros, o para separar a los 'buenos' de los 'malos'.
La Constitución española es única y de todos, incluso de los que la injurian y pretenden finiquitarla; nació con el firme propósito de unir a todos los españoles y de ser un marco de libertad, democracia y progreso, además de una coraza protectora de sus derechos individuales y colectivos. Y así debe seguir siendo, por encima de los intereses y de las siglas de los partidos políticos, sean los que sean.
