Desde hace varios años venimos asistiendo atónitos a vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, tales como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento€ y el derecho de los padres a elegir la educación moral y religiosa de nuestros hijos, entre otros muchos, sin que haya habido la menor contestación social, salvo determinadas asociaciones civiles, secundadas por un partido político, a los que se nos ha colgado el sambenito de 'ultras'.

Precisamente la semana pasada, el sentido común se ha impuesto a través de una orden de la consejería de Educación en la que se determina que cualquier actividad extraescolar deberá notificarse a los padres, informales de los contenidos de la misma y recabar sus permisos para que los niños puedan asistir.

Esta verdad lapalisiana (que los padres podamos decidir la educación moral de nuestros hijos) está siendo atacada desde la izquierda más radical, y no tanto, porque se hace necesario defender los intereses ideológicos de ciertos lobbies mediáticos, a los que la decisión de la valiente consejera, Esperanza Moreno, ha puesto nerviosos con la publicación y ratificación del artículo 27.3 de la Constitución española.

Además, hay una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009, según la cual el deber jurídico de cursar una asignatura «no autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas».

A finales de abril de 2018, siendo yo presidente del Foro de la Familia de la Región de Murcia, pusimos en conocimiento de la entonces consejera de Educación que las actividades que se estaban realizando en los colegios invadían la esfera privada e íntima de los menores de edad y sus familias y le hicimos saber que emprenderíamos las acciones legales pertinentes si no se consultaba a los padres primero, pues ese derecho deriva no sólo de la Constitución española sino también de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 14.3.

La reacción fue la de suspender las mismas, algo que jamás le pedimos desde el Foro de la Familia y que ahora, como delegado del recién creado Foro Español de Política Familiar y Social tampoco hacemos, pues a diferencia de muchos, creemos en la libertad como norma fundamental para articular la sociedad. El padre que quiera, bajo su responsabilidad, que lleve a sus hijos donde estime conveniente, faltaría más, pero los que no queremos que nuestros hijos asistan a actividades que invaden competencias propias de las familias, queremos ser respetados y que nuestros hijos no sean señalados. Esto, señalar a los niños y sus familias, ya se hizo, con el silencio cómplice y cobarde de algunos, cuando sus padres, nosotros, objetamos a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que el Gobierno más liberticida e ideológico de la democracia española, el de Zapatero, comenzó su asalto a los colegios para adoctrinar a la sociedad española.

A los pocos días de suspender, comenzó el circo, ahora se retoman, ahora pedimos permisos€ no se han suspendido las charlas, se han paralizado€ no digo nada nuevo que no hayan recordado las asociaciones LGTBI estos días en sus distintos comunicados impregnados de un halo victimista en defensa de no se sabe bien qué intereses. En cualquier caso, se decidió pedir los permisos y retomar las charlas.

Pero faltaba por concretar esa decisión, plasmarla en un papel, y eso es lo que, año y medio después, y con actrices diferentes, se ha hecho, concretándose así las reivindicaciones que en su día expusimos y que eran una garantía para todos.

Por supuesto que el Pacto de Investidura ha sido determinante para que se tomara tal decisión y es de recibo agradecer, muy especialmente a Vox, que haya sido la herramienta de decenas de miles de padres murcianos para que se nos escuche y se protejan nuestros derechos, los de las familias como así reza en el artículo 39 de nuestra Constitución española.

Ahora bien, una vez se está cumpliendo con la legalidad, con el sentido común, salen a la palestra los de siempre, la izquierda política, sus sindicatos, sus asociaciones afines€ criticando que la consejería de Educación haya hecho sus deberes y amenazan con ir al Constitucional para recurrir la norma, disfrazando de ataque a la libertad el preceptivo permiso paterno para unas actividades no curriculares, que quede claro.

Echar la culpa al Foro y a Vox, calificándonos de extremas, ultras y otras tantas lindezas dialécticas a las que nos tienen acostumbrados, no hacen más que alimentar el odio y la división en la sociedad española. Colectivizar, separar, señalar, etiquetar€ con claros fines electorales es lo que la sociedad murciana ha podido ver y comprobar estos días. Como decía Chesterton: «Quien ataca a la familia no sabe lo que hace, porque no sabe lo que deshace».