¿Qué hacemos con los gorrillas?

Saca las entradas; vuelve a su turismo y le hace saber al susodicho que esta vez ha pinchado en hueso. Observa que el sujeto masculla algo entre dientes mientras ella abre la puerta del coche. Cuando va a cerrarla oye un ruido y vuelve la cabeza. Entonces, ve al gorrilla con una cadena en la mano y acto seguido la emprende a cadenazos con los faros y con la chapa de su coche.

Lógicamente, esta mujer no sale de su asombro y en décimas de segundo decide si sale del coche y se enfrenta al gorrilla, o si lo deja estar. Opta por la opción no violenta por temor a que el gorrilla utilice la cadena contra ella. Arranca y se va. Asustada, claro está. Este episodio real es similar a las historias en modo denuncia que llegan a diario al Ayuntamiento de Murcia cuyos responsables, cansados de esta situación, han decidido ponerle solución.

Las autoridades municipales de la capital de la Región han ideado una ordenanza para frenar la actividad de estos transeúntes, que contempla como medida estrella requisarles el dinero que obtienen con esta actividad. En estos momentos es solo un borrador que ha sido pregonado a los cuatro vientos y que está en la mesa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Los letrados de la Administración local no lo tienen nada fácil, ya que el Defensor del Pueblo, o entidad igual o superior, ya censuró la Ordenanza de la Mendicidad, que hace décadas permitía a los policías locales quitarles a los indigentes su botín.

El Defensor del Pueblo, ante una denuncia tramitada desde Murcia, emitió un informe en el que declaraba inconstitucional esa medida que ahora se pretende aplicar a los gorrillas pero que, sin embargo, actualmente ha sido amparada e incluida por la Federación Española de Municipios y Provincias en una ordenanza tipo, en la que se ha inspirado la de la capital de la Región. Blanquear la ordenanza o no, esa es una de las cuestiones más candentes que tienen encima de la mesa los servicios jurídicos, que sienten la presión de los mandatarios municipales hartos de quejas y de denuncias y de episodios que a diario ponen los pelos de punta.

La lacra de los gorrillas es general en muchas ciudades de España, en donde ya se ha ensayado el requisarles el dinero e incluso llevarlos a prisión con la colaboración de fiscales y jueces en casos muy graves. El ejemplo de Sevilla es uno de los más dramáticos (precisamente el término gorrilla se acuñó en esa localidad). Allí llevan lustros luchando contra este problema y han puesto en marcha multitud de medidas. Incluso, en un mandato los policías locales hispalenses llegaron a imponer más de 20.000 multas.

Sanciones económicas y ordenanzas específicas con decomiso del dinero, campañas de concienciación, más vigilancia, condenas a trabajos comunitarios, la contratación de aparcacoches legales y la colaboración con fiscales y jueces son algunas de las medidas que se han tomado en numerosas urbes del país sin que por el momento ninguna haya obtenido la fórmula mágica a corto plazo para erradicar el conflicto de intereses: el de los ciudadanos a no verse alterados por los pedigüeños y el de los indigentes a intentar ganarse la vida en la calle.

Además, en Murcia en tiempos pasados se llegó ya a practicar lo del decomiso del dinero (sin ordenanza de por medio) y hasta la expatriación de gorrillas a otra ciudad, ya que en alguna ocasión se ha llegado a montar a estas personas en furgones para su traslado a Alicante. Nada ha dado resultado y los conflictos son continuos. Habrá que seguir profundizando en la pregunta 'qué hacemos con los gorrillas' para encontrar una solución. Por nadie pase.