Una cuestión que puede resultar paradigmática acerca de la voluntad de transparencia que Ciudadanos dice querer inculcar a la gestión del nuevo Gobierno en que participa: ¿Apoyarán la comisión de investigación parlamentaria, propuesta por el PSOE, sobre el polémico concurso del servicio de ambulancias? El manejo de las actas de resolución, que he podido revisar, es motivo de escándalo en muchos capítulos, de modo que su exposición en una comisión parlamentaria, con técnicos independientes, puede resultar muy esclarecedora sobre el rumbo que ha tenido ese expediente entre Hacienda, la oficina del propio presidente y el Servicio Murciano de Salud, SMS. Pero es dudoso que, a sabiendas de que esto será así, quiera Ciudadanos poner en riesgo la estabilidad del Gobierno en que se integra, pues esto, en extremo, podría tener graves consecuencias para la estabilidad de la sociedad que inaugurarán con la investidura de López Miras. Sin embargo, si atienden a las empresas y cooperativas que han sido víctimas de un posible tocomocho y escuchan el clamor de los movimientos sociales y políticos que las apoyan (entre ellos el propio Ciudadanos de Lorca) tal vez se vieran obligados a tomar nota, al menos. Sorprendería que en la anterior legislatura, Ciudadanos se apuntara a media docena de comisiones de investigación, algunas directamente impulsadas por ese partido (por el camino se olvidó de poner en marcha alguna de ellas, como la del contrato de la televisión autonómica), y ahora hiciera oídos sordos a un asunto sobre el que es seguro que tiene información directa, ya que en el SMS trabajan algunos miembros de Ciudadanos.

También hay quien, a pesar de que el PSOE es el impulsor de esta comisión, de que Diego Conesa tenga las manos libres para llegar hasta el final, ya que la empresa ganadora del concurso es concesionaria de los servicios de limpieza en algunos Ayuntamientos gobernados por los socialistas y, dice el refrán, en todos sitios cuecen habas. Pero, de momento, no hay razón para pesar que el PSOE pueda bloquearse en esta cuestión, a la vista de que ha tomado la iniciativa.

El pliego del concurso que finalmente fue elaborado es, para las empresas que mantienen hasta ahora el servicio, un condicionante de exclusión, con ese tipo de fórmulas que en ciertas oposiciones se dice que falta poner el nombre y apellidos de las personas para las que están concebidas. Pero también están las puntuaciones a determinados capítulos, que carecen de una explicación razonable. Una chapuza insoportable para un contrato de 300 millones del dinero de ese 'millón y medio de murcianos' al que tanto preocupa López Miras.