12 de julio de 2019
12.07.2019
La balanza inmóvil

Elijamos

11.07.2019 | 21:01
Elijamos

Una vez más Europa y España no se ponen de acuerdo. Mientras aquella a través de su Consejo avala los avances de España en transparencia judicial y la saca de la lista negra contra la corrupción, en España, arrecian los recursos contra los nombramientos del Poder Judicial, a lo que sin embargo se une el Consejo de Europa en este punto, solicitando revisar la elección del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que nos alaban, pero menos.

El Greco (no el pintor, sino el Grupo de Estado contra la Corrupción), ya no pone en entredicho el sistema judicial español, esencialmente por culpa del procés, y porque, decían, el Ejecutivo no favorece la independencia judicial. Ahora ese Grupo acaba de resolver que España ha hecho caso a las recomendaciones que efectuó tiempo atrás. Entre ellas, las de implantar un código de conducta para ministros y otros ejecutivos principales, manejo de conflictos de intereses, declaraciones de activos, inmunidades y puertas giratorias, así como la falta de criterios objetivos y requerimientos de evaluación para los nombramientos de los puestos más altos del Poder Judicial, como son los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Nos han dado una palmadita cariñosa en las puñetas. Ya no estamos bajo supervisión especial (muchas gracias) y ya el Gobierno no tendrá que estar mandando informes periódicos, debido a que desde 31 de diciembre de 2018, España estaba entre los catorces países sujetos al procedimiento de incumplimiento de Greco por no haber hecho caso total a sus recomendaciones de evaluación, pues solamente habíamos cumplido un 34%. Pero ya somos más cumplidores, aunque parece ser que no del todo, porque entre lo que aún nos reprocha el Consejo de Europa es la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la fijación de un código de conducta para jueces y fiscales que regule las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General. Lo mejor, desde luego, sería reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal reforzando su independencia, empezando porque ese Fiscal General del Estado no lo elija el Gobierno de turno y acabando por derogar el principio de dependencia jerárquica.

A estos reproches europeos se unen las asociaciones judiciales (menos la mayoritaria Profesional de la Magistratura) y no paran de recurrir los nombramientos que últimamente está realizando el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Esas asociaciones y algún que otro juez por su cuenta, han recurrido diversos nombramientos llevados a cabo por el Consejo para presidir diversas Audiencias y Tribunales Superiores. Acusan al Consejo General del Poder Judicial de falta de transparencia, e incluso de falta de imparcialidad y de pastelear con los nombramientos discrecionales, pese a encontrarse en situación de provisionalidad. Trece nombramientos en total están recurridos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Cosa, por otra parte, nada nueva, pues los descontentos de los que no son nombrados siempre han existido, con mayor o menor éxito. Pero siempre sobre la misma base fáctica: soy el mejor y con más derecho que el/la nombrado/a.

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