La campaña electoral ha durado quince días. Suficientes para abrir en canal al PP de López Miras. Todos los vicios de la vieja política han mostrado su asiento en una estructura caduca que solo se sostiene en pie por la inercia del poder y para cuya reconstrucción no parece suficiente un líder puesto a dedo por su averiado antecesor para que le guardara el cargo o, en su defecto, las alfombras. La insignificancia del testaferro político no solo se revela a cada paso, sino que sus sobreactuaciones expresan una cierta bipolaridad: en los actos institucionales, el presidente de la Comunidad echa mítines; en los de su partido, se exhibe con trazas de espontáneo cómico, con la paradoja de que por mucho que lo intente carece de cualidades para ese oficio. No es gracioso, aunque a veces lo sea a su pesar. Durante los quince días de campaña cualquier observador atento ha podido atender a algunos esclarecedores acontecimientos especialmente inquietantes. Véanse.
Compra de votos. Los bochornosos casos de El Raal y Librilla no son circunstanciales. Responden a la doctrina enunciada en su día por el exconcejal de Murcia Roque Ortiz, que fue dictada en un espacio que la celebró con aquiescencia. Se trata de una práctica estructural que se atiene a las consabidas reglas: 1. Sabes lo que tienes que hacer. Por eso te nombramos. 2. Quienes te nombramos no queremos saber nada de lo que haces ni de cómo lo haces. 3. Haz lo que tienes que hacer. 4. Si lo haces bien, serás gratificado. 5. Si te pillan, te comerás el marrón tú solito.
Venta de contratos. La Guardia Civil interviene en la consejería de Fomento para detener al jefe de sus Servicios Jurídicos, acusado de un supuesto delito de prevaricación por amañamiento de contratos, y el presidente de la Comunidad alega que se trata de «un funcionario aislado», como si no supiéramos que para encauzar contratos en la Administración pública es precisa la existencia de una estructura, pues los expedientes no se resuelven con una sola firma. Es cierto que a veces se da el caso de tramas exclusivamente funcionariales (como hace pocos años en el ayuntamiento de Murcia), pero no cabe duda de que lo habitual es que sean consentidas por los políticos, que permiten pequeños negocietes a sus ejecutivos de confianza a cambio de recordarles lo que tienen que firmar cuando hay un proyecto político que tiene que salir adelante sí o sí.
Violación de correspondencia. El presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, ha denunciado ante la Fiscalía que una carta dirigida a él por el Defensor del Pueblo le llegó abierta, tras haber sido rasgado el sobre con un abrecartas y después lacrado con celo. De esto, el Gobierno no ha dicho ni pío, y menos su portavoz, que es el propio presidente, López Miras, a cuyas dependencias debió llegar necesariamente esa carta, tal vez porque el cartero no supo distinguir entre Consejería de Transparencia, a cargo provisionalmente en la práctica del propio presidente (lo que, a ojos vistas, es un contradiós), y Consejo de la Transparencia, organismo autónomo que está relegado a otros despachos, al parecer poco practicables. Quien abriera esa carta ¿se la dio a leer al presidente antes de entregarla abierta a su legítimo destinatario? ¿Qué otro sentido tendría haberla abierto? ¿Quien utilizó el abrecartas era consciente de que violar la correspondencia es un delito grave? Ya que se trataba de un documento del Defensor del Pueblo que en el entorno de la presidencia sabían que estaba al llegar en respuesta a la denuncia del presidente del Consejo de la Transparencia ¿cabe suponer que le pusieron cepo a la carta para controlar su impacto en la campaña electoral? ¿Por qué el portavoz del Gobierno, es decir, el propio López Miras, no ha replicado a esta noticia ni ha pretextado alguna respuesta? Solo existe una posible deducción: quien calla, otorga.
Informe del Defensor del Pueblo. Ni una palabra del Portavoz del Gobierno, es decir, del presidente, López Miras, acerca del informe del Defensor del Pueblo que refleja las trabas que desde la Administración que preside López Miras se le imponen al Consejo de la Transparencia, cuyo responsable, en vez de resignarse a actuar como adorno gubernamental, se empeña en ejercer la función que le encargó el Parlamento soberano. En síntesis, la resolución del Defensor consiste en que el Gobierno torpedea al organismo público que ha de garantizar la transparencia, es decir, que se refugia en la opacidad, y esto solo ocurre cuando se tiene algo que ocultar. Para obviar el varapalo del Defensor y la denuncia de Molina, el Gobierno ha destilado algunas contrainformaciones que pretenden comprometer indirectamente la integridad del presidente del Consejo, pero aun con ser relevantes son subsidiarias del asunto principal: el boicot a la política de transparencia detectado por el Defensor del Pueblo. Y sobre esto, siendo tan escandaloso y principal, ni una palabra.
El CEMOP, comprado. López Miras ha contratado como asesor para este periodo de campañas electorales a uno de los responsables del CEMOP, Ismael Crespo, con la particularidad de que ese chiringuito demoscópico amparado en el convenio Asamblea Regional/Universidad de Murcia es el encargado de llevar a cabo sondeos electorales financiados con dinero público. Si en paralelo a la realización de esos sondeos, uno de los partidos se beneficia de la información de quienes los realizan, estamos legitimados a preguntar si no existe en favor de López Miras una fuga de información durante la campaña de la que sus competidores están exentos. ¿O es que es posible creer que el asesor se reserva las informaciones que obtiene de su CEMOP, financiadas por todos los ciudadanos, cuando López Miras le paga 30.000 euros para exprimir toda su capacidad para el análisis de datos? Por otra lado, visto que eldiario.es y LA OPINIÓN comentaron esta circunstancia ¿debiera fiarse López Miras de los consejos de un asesor que pudiera desaconsejarle mantener un trato normal con estos medios por el hecho de que dicho asesor tiene compromisos con otros?
La Familia Telerín. Que la televisión autonómica es un repetidor de San Esteban puede constatarse por el hecho de que el director general de la cosa es el marido de la jefa de gabinete de López Miras. ¿Casualidad? No, coherencia. Es más: en su actual calidad de Portavoz del Gobierno, López Miras es el responsable político-administrativo de la televisión pública. El jefe del Gobierno es el jefe de la televisión, como en la URSS. ¿Quién puede creer que una televisión teledirigida por el presidente del Gobierno puede ser neutral o siquiera plural? En plena campaña electoral, el Gobierno ha iniciado los trámites para el nuevo concurso de adjudicación del servicio, publicado en el BORM sin una simple nota de prensa que lo advirtiera, como correspondería a tan importante decisión. Van de clandestinos, o sea, que algo traman. Alega López Miras que, llegada la conclusión del actual contrato, es imprescindible convocar el concurso, aunque sea en plena campaña electoral. Hummm... Hay gato encerrado, y hasta aquí puedo contar.
Denuncia a medios independientes. Recordemos que López Miras inició la campaña electoral denunciando a la Cadena SER en Murcia ante la Junta Electoral por mantener ésta la convocatoria de un debate entre los presidenciables a la Comunidad al que él había decidido no acudir. Esto se comenta por sí solo, pero es un dato que anuncia lo que puede venir para la libertad de expresión si volviera a tener acceso al BORM.
Mentiras. Al respecto de los debates electorales, López Miras declaró el pasado viernes a LA OPINIÓN que no aceptó participar en el debate convocado por este periódico porque había sido reclamado para catorce debates, y no podría haber asistido a todos. Es mentira. El candidato del PSOE, Diego Conesa, fue invitado a cuatro (la SER, La Verdad, La7 y LA OPINIÓN) y participó en todos ellos. ¿Cómo es posible que el candidato del PP recibiera invitaciones para catorce debates de política general y el del PSOE solo a cuatro? ¿Con quién habría debatido López Miras en esos otros diez debates? En otros ámbitos, fuera de España, es bien sabido qué destino tienen los políticos embusteros.
Involuntarias autodenuncias. Incluso cuando el PP ha pretendido neutralizar a sus competidores electorales con denuncias sobre comportamientos de sus candidatos se ha pillado involuntariamente las manos. Ejemplo: Alcantarilla. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de esa localidad cometió una evidente irregularidad... ¡cuando era concejal del PP! Qué curioso que no lo denunciaran entonces y, sin embargo, hayan venido amparando al alcalde popular que permitió aquel estado de cosas, Lázaro Mellado, a quien tienen calladito al frente de Citmusa con un sueldo estratosférico en relación a su dedicación y capacidades.
Púlpitos y adoctrinamientos. A las clásicas prácticas caciquiles de los tiempos de preguerra que señalan los historiadores (compra de votos a cambio de empleos para las personas en situación de precariedad) se han añadido en estas fechas los también habituales recursos al clero y a los regidores de instituciones públicas de enseñanza para que adoctrinen en el voto, bien desde los púlpitos, bien mediante cartas a los padres de los alumnos, para que no se equivoquen en el voto que vela por sus intereses. Sin embargo, ha sido José Luis Mendoza, el líder fáctico del sector privado de la enseñanza en Murcia, quien ha advertido que el PP es el primer adversario de este negocio. Y por cierto, nadie podría señalar una ciudad, una provincia o una Región en la que el PSOE, alternativa real al PP, haya eliminado la enseñanza privada o concertada. Otro bulo. La que realmente parece estar en riesgo es la educación pública en manos del PP, pues ni López Miras ni ningún otro candidato aluden a ella cuando se les interroga por la enseñanza, pues empiezan por referirse al derecho a la privada.
Esto es algo de lo que hay. Lo que podría venir es fácil de deducir.
