23 de mayo de 2019
23.05.2019
La feliz gobernación

¿Ha pagado el Gobierno de Miras 120.000 euros de la defensa de PAS?

23.05.2019 | 04:00
¿Ha pagado el Gobierno de Miras 120.000 euros de la defensa de PAS?

Uno de los miembros del Consejo de la Transparencia lo afirmó ayer taxativamente (no entre signos de interrogación, como en el titular que precede a estas líneas), y así quedó reflejado en el acta de la reunión oficial de ese organismo público: la dirección general de la Función Pública del Gobierno regional ha venido autorizando pagos que ya superan los 120.000 euros para financiar la defensa legal del expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien, como es sabido, está siendo investigado en distintos casos de presunta corrupción.

Algunos de estos casos han sido archivados, como el referido a su imputación en Púnica, la única causa ligada a su ejercicio en el Gobierno regional, pues el resto se refieren a actuaciones previas como alcalde de Puerto Lumbreras (Pasarelas, o los aún vigentes casos Auditorio y Guardería). Pero ni siquiera sería posible entender que, aunque solo fuera en lo referido a Púnica, la Comunidad tuviera que hacerse cargo de la defensa personal del que fuera consejero de Educación cuando se produjeron los hechos que derivaron en su imputación.

Testigos presenciales en la reunión del Consejo de la Transparencia, que al parecer resultó movidita, aseguran que los representantes en ella de la Administración regional no refutaron, ni intentaron hacerlo, la afirmación de quien denunció la existencia de esos pagos. Tal afirmación se produjo en el contexto de un debate acerca de la necesidad de que la consejería de Transparencia, ligada a la Portavocía del Gobierno, debiera ofrecer al Consejo toda la información acerca de sus actuaciones en defensa del expresidente de la Comunidad.

Todo esto coincidía con la recepción de una carta, dirigida al Consejo, pero que a éste le llegó abierta, rasgada por un abrecartas (se supone que pasó antes por algún otro departamento de la Administración), que contenía el informe del Defensor del Pueblo que validaba la denuncia ante esta institución sobre obstrucciones del Gobierno regional a la labor del organismo autónomo encargado de velar por la transparencia. Puesto el documento ante una notario para que certificara la violación de correspondencia, el presidente del Consejo, José Molina, acudirá hoy ante el fiscal para denunciar el hecho.

Ciudadanos ha anunciado que, tras las elecciones, impulsará una auditoría externa sobre las finanzas de la Comunidad, ya que la gestión del PP ha generado una deuda que las sitúa mucho más allá de la quiebra técnica, mientras López Miras sigue anunciando reducciones de impuestos. Tal vez el resto de fuerzas políticas debieran incorporarse a esa iniciativa, vistos los velos que se le imponen al Consejo de la Transparencia.

Lo cierto es que dicho Consejo, como ratifica el Defensor del Pueblo, carece de medios para desarrollar su función de fiscalización y control del buen gobierno y es considerado con escasa voluntad de colaboración. El Gobierno regional se adorna con estos organismos, y presume de ellos incluso en el título de una de sus consejerías, pero se blinda con los más diversos recursos ante sus demandas, evitando así que funcionen. No es extraño, cuando desde el Consejo se advierte y consta en acta que podrían estar produciéndose pagos impropios.

El lema de López Miras es «en defensa de la Región», pero cabe la sospecha de que en realidad trabaje «en defensa de PAS».

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