El agua es un elemento fundamental para la vida, una necesidad y un derecho básico de cualquier ser vivo. Pero este recurso no se distribuye del mismo modo por el planeta. Se calcula que una sexta parte de la población mundial no tiene acceso al agua, lo que provoca tremendas crisis que conllevan hambrunas y movimientos migratorios. El cambio climático y la contaminación han aumentado esta situación de carencia, que también es mayor con el crecimiento de la población.
El derecho humano al agua no se reconoció como tal hasta el año 2010, pero se ha incluido dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS 6). La meta es conseguir «el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas y de las personas en situaciones de vulnerabilidad». Porque son las mujeres las que desempeñan el papel principal en su obtención, su manejo y su distribución. En los países donde este recurso es escaso, las mujeres caminan grandes distancias en busca de pozos o fuentes en las que llenar sus vasijas. Se calcula que dedican unas ocho horas al día en recorrer una media de diez o quince km y trasladar unos veinte litros de agua.
La discriminación de género está relacionada con la obtención y manejo de este recurso. El tiempo que dedican las mujeres a encontrar agua son horas perdidas para el trabajo, el hogar y la comunidad. A esto hay que añadir que las niñas se ven obligadas a abandonar las escuelas porque, mientras sus madres recorren kilómetros buscando agua, ellas deben encargarse de cuidar de sus hermanos más pequeños, limpiar y preparar la comida.
La falta de sistemas de saneamiento adecuados contribuye también a esta discriminación: al carecer de la privacidad y la intimidad necesarias para realizar sus funciones fisiológicas muchas mujeres recurren a lugares apartados y a la noche para realizarlas, lo que las hace estar más expuestas a sufrir ataques sexuales.
El agua también tiene género y conseguirla muchas veces pasa por someterse a los deseos del varón. Es lo que se conoce como ‘sextorsión’, esto es, favores sexuales a cambio de agua o del acceso a sus servicios. El término fue acuñado por la Asociación de Mujeres Juezas para calificar una «generalizada, pero a menudo ignorada, forma de explotación sexual y corrupción que se da cuando una persona en posición de autoridad intenta arrancar favores sexuales a cambio de algo que ellos tienen el poder de otorgar o revocar».
La ‘sextorsión’ no está recogida como modo de corrupción en la convención internacional de 2003 y ningún país tiene recopiladas estadísticas oficiales sobre ella, pero existen algunos estudios, como el presentado en el informe Mujeres y corrupción en el sector del agua: teorías y experiencias desde Johannesburgo y Bogotá, y que se publicó a finales de 2017 por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI) que intenta dar visibilidad a este asunto.
Según las autoras de este informe «la oportunidad de utilizar el propio atractivo sexual con el personal masculino del servicio de agua podría verse como un privilegio de las mujeres», pero tal y como ellas plantean, en este caso lo que ocurre es una expresión de poder y un abuso de autoridad. Algunas de las mujeres encuestadas para este estudio admitieron que coquetean con los funcionarios encargados del suministro para evitar que les corten el acceso al agua. Otras, en cambio, aseguran haber sufrido violencia y amenazas para poder obtenerla. La posición de desigualdad entre ellos es más que evidente.
Esta práctica corrupta no se limita solo al sector del agua, también la obtención de ayuda humanitaria, la alimentación e incluso el acceso a la educación o a la sanidad son sectores en los que el cuerpo de las mujeres sirve moneda de cambio. En algunas aldeas de Kenia la pobreza obliga a las mujeres a mantener relaciones sexuales con los pescadores a cambio de comida en lo que se conoce como ‘Sistema Jaboya’ o ‘sexo por pescado’. A cambio de sexo se aseguran el mayor suministro de peces que luego venderán en los mercados locales.
Los Gobiernos se plantean la necesidad de luchar contra la corrupción atendiendo a las cuantiosas pérdidas económicas en los diferentes sectores en los que se realizan estas prácticas. Es la cultura del liberalismo económico y el patriarcado. Pero ya es hora de que esta lucha tenga también en cuenta a los colectivos más vulnerables. Para ello es necesario dar pasos hacia la eliminación de estas prácticas.
Porque el cuerpo de las mujeres no puede seguir utilizándose como moneda de cambio.
