15 de abril de 2019
15.04.2019
El castillete

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Las reflexiones de Aznar e Iglesias evidencian que no es posible seguir como hasta ahora y que hay que encontrar vías alternativas

14.04.2019 | 18:41

Existe un amplio consenso en torno a que las elecciones del próximo 28 de abril no son unos comicios al uso. Aznar ha dicho que ese día nos jugamos 'el orden constitucional'. Pablo Iglesias ha asegurado que se trata de unas 'elecciones constituyentes'. Esta coincidencia entre izquierda y derecha en el sentido de que estamos ante un punto de inflexión del sistema político a partir del cual éste no puede discurrir por los derroteros históricos que lo han definido desde 1978, demuestra que nos encontramos en una situación de bloqueo, resultado de una triple crisis (institucional, social y territorial), que impide discernir con claridad cuál es el rumbo que puede proseguir nuestra democracia si es que es capaz de desbrozar los obstáculos que ante ella se levantan.

De cómo despeje esas piedras del camino dependerá la dirección que emprenda. En todo caso, las reflexiones de Aznar e Iglesias evidencian que no es posible seguir como hasta ahora y que hay que encontrar vías alternativas. Ocurre que las opciones son absolutamente contrapuestas, y de ahí las enormes diferencias programáticas que se dan tanto entre los bloques (izquierda, derecha) como transversalmente a éstos. Y también el nivel de violencia verbal al que asistimos (cuyo origen se sitúa en la moción de censura a Rajoy), que ha alcanzado niveles verdaderamente inquietantes.

Toda la derecha coincide en una propuesta que supone implementar un sistema profundamente neoliberal y desregulado, acompañado de un drástico recorte de los derechos sociales y libertades, así como de una fuerte recentralización territorial, que en la práctica supone la limitación, cuando no la eliminación (Vox), del autogobierno de las comunidades autónomas, además de la implantación de una suerte de estado de excepción en Cataluña (155 indefinido). Y aquí surge la primera paradoja de este proceso, a saber, de cómo quienes proponen de facto la suspensión de la Constitución se erigen en los únicos, exclusivos y excluyentes defensores de la misma, acusando a los demás de golpistas. Son tiempos de fake news y de hipocresía sin límites.

En definitiva, las derechas quieren reconducir el bloqueado régimen del 78 hacia una mezcla de los Chicago Boys en lo económico y la Hungría de Orbán en lo político. Una democracia ultraliberal y autoritaria. En nombre de la Constitución, claro.

El PSOE, ante aquella crisis tridimensional que mencionaba arriba, adopta una posición imprecisa y ambigua. El programa que ha presentado tiene una forma que regala los oídos del electorado progresista, pero su fondo es de una completa indefinición respecto de las reivindicaciones concretas de los colectivos sociales que tradicionalmente conforman la base electoral de la izquierda. Efectivamente, no asume el decálogo que han presentado UGT y CCOO. Tampoco el límite a los alquileres o la regulación del precio de la electricidad. Por no hablar del impuesto a la banca. La posición del partido de Sánchez en este escenario se sustenta en la contradicción que representa mantener sólidos vínculos con las élites(incluso con las cloacas de Estado) y, a la vez, necesitar del apoyo de las clases populares para sostenerse en el poder. Por ello, tras las elecciones, podría pactar tanto con Ciudadanos como con Unidas Podemos, si bien las presiones de los poderes fácticos van en la primera de las direcciones.

En relación a Unidas Podemos, se produce la segunda paradoja: una coalición que es presentada como el paradigma del populismo radical, en realidad no tiene más aspiración que la de converger con la eurozona y aplicar el articulado de la Constitución. Sus propuestas fiscales de gravar a la banca y a las rentas más altas para mejorar el Estado del Bienestar(pensiones, sanidad, empleo, renta básica), sólo persiguen que nuestros ricos paguen lo mismo que en la UE y recaudemos esos 80.000 millones que nos separan de nuestros socios. Sobre la oferta de un salario mínimo de 1200 euros, otro tanto: que aquél se sitúe, como en Europa, en el 60% del salario medio.

En definitiva, vamos hacia un cambio inexorable. Su orientación depende de lo que salga de las urnas el próximo día 28.

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