El Protocolo de colaboración entre las Administraciones, firmado el 22 de junio de 2006, a día de hoy es el único documento en vigor que compromete a financiar las actuaciones para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, y exclusivamente con los costes recogidos en dicho Protocolo de 2006». Así consta en el acta del último Pleno del Ayuntamiento de Murcia como puntualización de la concejala Ángeles Moreno Micol. No existe ningún otro compromiso legal para financiar el soterramiento, ni siquiera para actualizar las condiciones entonces pactadas, lo que respalda la necesidad de comprometer a Gobierno regional y al ayuntamiento de Murcia para superar esta situación estancada desde su origen, doce años atrás. Y refuerza nuestra tesis de defensa de aquel Convenio por falta de voluntad política de cuantos Gobiernos se han sucedido en la etapa democrática.

Los costes pactados han pasado de los 195 millones de euros iniciales a los más de 500 que actualmente se barajan, y ello obligaba a una actualización de los compromisos y una adecuación a la Ley de Contratos del Sector Público de 9 marzo de 2018, que determina que las Administraciones públicas no pueden comprometerse en una planificación financiera de más de cuatro anualidades para obras de infraestructuras.

El Consejo de Ministros de 1 de marzo aprobó un Real Decreto Ley de Vivienda que posibilita una duración mayor a la prevista por la nueva legislación, quedando definitivamente aprobado el 3 de abril por la Diputación Permanente del Congreso.

Mientras tanto, el 29 de marzo la Asamblea Regional modificó la Ley de Hacienda regional, para que el Gobierno Autonómico pueda comprometerse en créditos participativos plurianuales para afrontar su parte de los costes del soterramiento, independientemente del recurso a avales que había propuesto a Adif; el ayuntamiento de Murcia, en Pleno de 2 de abril acordó modificar los presupuestos de 2019 para poder disponer de 15,5 millones de euros que necesita y el Consejo del Gobierno Regional aprobó, el 3 de abril, financiar las obras del soterramiento, con más de 158 millones. Con lo cual, y a expensas de que el Consejo de Administración de Adif lo supervise, estimamos despejado el camino para que el BOE publique la adjudicación de la Segunda Fase (Estación-Barriomar-Nonduermas). Y puedan comenzar las obras de esta definitiva fase del soterramiento.

En este momento podemos parar hacer balance y calibrar la situación.

Hasta la moción de censura de 1 de junio de 2018, el PP trataba de imponer una llegada del AVE en superficie a la Estación de El Carmen, con una perspectiva cierta de cierre de la línea férrea en agosto de 2018, por tiempo indefinido, con catenarias a 25.000 voltios, bordeando viviendas, establecimientos públicos como colegios e institutos de enseñanza. Imponiéndola con un despliegue policial insólito, durante meses, que supuso un derroche de 2,3 millones de euros, y la imposición de sanciones injustificadas, que rondaron los 35.000 euros. Con el objetivo de hacer llegar el AVE a Murcia en superficie, sin garantía de ejecución del soterramiento.

Hoy podemos confirmar que nuestras reivindicaciones están siendo atendidas, Éstas son las evidencias:

Se paralizaron las obras de la infraestructura específica para la llegada del AVE en superficie a la Estación de Murcia, en ejecución con anterioridad al cambio de Gobierno: no se ha ejecutado el tendido ferroviario con ancho UIC necesario para el AVE; se ha desmontado la estructura parcialmente instalada para las catenarias; se detuvo la construcción del cerramiento de la vía provisional para la llegada del AVE, que el PP planteaba culminar en agosto pasado. El AVE no va a llegar en superficie.

Aldesa, empresa adjudicataria de la primera fase de las obras, está dedicándose a la ejecución del soterramiento, no a obras de llegada del AVE en superficie. El ritmo de tales obras presenta un retraso evidente en algunas partidas, en parte debido a la no ejecución del desvío de colectores y emisarios de aguas que Emuasa debería haber resuelto previamente, así como a problemas con el nivel freático. La construcción del túnel por cuyo interior transcurrirá el ferrocarril tiene ejecutados en gran medida sus muros pantalla, de veinte metros de profundidad, y su cubierta superior.

El soterramiento se aproxima al paso a nivel de Santiago el Mayor, lo que ha supuesto su supresión desde el día 19 de marzo, provisionalmente y por un tiempo limitado, el necesario para terminar las obras de la primera fase del soterramiento. Con ello los vecinos vemos cumplida nuestra exigencia de no permitir el cierre del paso a nivel, hasta, y únicamente, el momento en que las obras llegan a este punto. Fomento y la Agencia de Seguridad Ferroviaria no han aceptado nuestra propuesta de ejecutar un paso a nivel provisional para peatones a cota 0 mientras durasen estas obras, «por razones de seguridad de los usuarios». La circulación de vehículos ha sido desviada por un viario alternativo, mientras que los peatones que tengan que cruzar las vías precisan recurrir a una pasarela concebida y diseñada para que bajo ella circulara el AVE con catenarias a 25.000 voltios, que sólo acogerá los actuales trenes sin electrificar. Fomento accedió a mantener un servicio de vigilancia 24 horas y a dotarla de cuatro ascensores (en principio eran dos) con capacidad para coches de bebé, de compra o de personas con movilidad reducida, así como bicicletas.

Cuando el BOE publique la adjudicación de la segunda fase del soterramiento, la nueva empresa adjudicataria dispondrá de 36 meses para realizar las obras hasta Nonduermas, con la condición inexcusable de que en los quince primeros meses esté construida la parte de la estación de El Carmen que permita la llegada del AVE soterrado (andenes a -8 metros).

Con estos datos creemos que el soterramiento se encuentra en un punto de no retorno, pero que debe ser asegurado en esta situación de inestabilidad que suponen las vísperas de unas elecciones en cascada, generales, regionales, municipales y europeas. Ante las que nos permitimos levantar la bandera de una lucha ciudadana pacífica, no violenta e independiente de consignas o dictados de partido político alguno, fruto de la cual es el inicio de la realidad incuestionable de esta infraestructura de interés regional que es el soterramiento de las vías en Murcia.