Cuando cada semana me enfrento a la tarea de elegir un tema sobre el que escribir en esta columna, casi siempre intento que la cuestión sobre la que diserto no sea excesivamente densa; incluso, trato de poder sacarle un punto de ironía a las noticias y situaciones cotidianas. Pero, a veces, es absolutamente imposible. Yo, como la inmensa mayoría de los españoles, no consigo sacarme de la cabeza las imágenes de María José Carrasco pidiendo a su marido que le ayude a morir; ni a Ángel Hernández cumpliendo el deseo de la mujer a la que ha cuidado con cariño y devoción durante los últimos 32 años. Su historia refleja la de muchas personas que quieren dejar este mundo por su propia voluntad ante enfermedades incapacitantes y sin cura. Solo intentar ponerse en su lugar ya duele. Pero la historia de María José y Ángel nos remueve a todos también porque nos asoma al abismo de pensar qué haríamos en esa situación.
La empatía con la decisión de ambos resulta para mi inevitable y creo que en esto hay un consenso social amplio. Por eso resulta absolutamente incomprensible que los partidos políticos hayan dejado pasar tanto tiempo para ponerse de acuerdo en esta cuestión.
Ángel ha explicado que su mujer y él han tratado de alargar la decisión a la espera de que el Congreso pudiera aprobar la ley que regulara la eutanasia. Han esperado en vano porque lo urgente y las guerras de guerrillas que se han librado a diario en el Parlamento en esta legislatura han impedido que pudiera, si quiera, llegar a votarse la propuesta de ley que había presentado el PSOE. El Partido Popular y Ciudadanos, por diferentes motivos, han frenado el debate y aprobación de esa ley. La política está para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos y cuando se produce un caso así queda evidenciado el fracaso de la política y de los políticos. Un debate parlamentario, al menos, hubiera permitido hablar de los supuestos, de los procedimientos, de las implicaciones legales y morales€ pero ni siquiera hemos tenido eso. Ahora, en plena campaña, a los partidos les ha explotado esto en la cara.
La protección de la vida es una cuestión en la que las convicciones personales entran en juego, pero sé, porque me consta, que muchos votantes conservadores están a favor de regular el derecho a morir dignamente de personas con enfermedades incurables que limitan su vida. Es su decisión y el Estado debería dar cuanto antes una respuesta a estas personas que están sufriendo en sus casas y a los familiares que sufren con ellas.
La Ley establece de dos a diez años de prisión por ayudar a morir a una persona. No creo que nadie que sepa lo que es la empatía piense que es justo que, después de haber tenido que acompañar a María José en su sufrimiento tanto tiempo, Ángel deba ahora pagar también con la cárcel. Los jueces le han dejado ya en libertad sin medidas cautelares y, lo más probable, es que no llegue a pisar una cárcel por los atenuantes que existen. Espero que esa condena mínima previsible no sirva de excusa a quienes tienen que legislar; que no sea una coartada para volver a enterrar este tema otra vez en el olvido. María José, en su decisión consciente y meditada, ha hecho que esta realidad irrumpa de golpe en nuestra sociedad. Que sirva para algo.
