13 de marzo de 2019
13.03.2019
Espacio abierto

A vueltas con la discapacidad

12.03.2019 | 20:07

Nos tropezamos con cierta banalización de la discapacidad de quienes insisten en convertirla en una forma indolora de diversidad cultural, apta para su consumo como 'experiencia o aventura vital'.

En su Tratado del socorro de los pobres Luis Vives afirmaba que ser ciego o cojo no eximía a nadie de la obligación de trabajar, en la medida de sus posibilidades, para ganar su propio sustento. El humanista, afincado por aquel entonces en Brujas, concedía que los lisiados severos y simples de espíritu pertenecían a la categoría de pobres verdaderos para quienes debía organizarse la asistencia pública, anticipando así varios siglos el tratamiento que debía dispensarse a todos aquellos incapacitados para trabajar. Si bien es cierto que locos y tullidos habían vivido de la caridad durante toda la Edad Media, es en los albores de la Reforma protestante cuando comienza a aducirse la distinción entre pobres verdaderos, acreedores de la asistencia de la sociedad por falta de salud o ingenio, y aquellos que lo son por vicio u holgazanería.

Trabajar se ha convertido desde entonces en una obligación moral que era necesario instigar a la población. Como señalara Michel Foucault el gran encierro no tenía otro propósito que «hacer del trabajo a la vez posible y necesario para quienes no podrían vivir sin él» (Foucault, 1991: 101). Los achaques de la vejez, la inmadurez, los problemas de salud y las limitaciones del ingenio eran razones comúnmente admitidas para dejar a merced de la caridad a quienes no podían mantenerse por otros medios.

Sin embargo, la aparición de un grupo discreto de personas que pudieran ser reconocidas como discapacitados no se produjo hasta que el Estado tomó a su cargo la gestión del ser humano como organismo viviente. Fue necesaria la aparición de una elaborada maquinaria administrativa destinada a preservar la salud de la población la que hizo posible establecer una cesura en los habitantes de un territorio que distinguía a aquellos considerados sanos y capaces de cuantos otros, considerados anormales, eran considerados una amenaza para el bienestar de la población en su conjunto. El prurito del Estado por la identificación y reclusión de quienes mancillaban la integridad biológica de la población concurre con la vuelta a casa de sucesivas cohortes de veteranos de guerra cuyas lesiones les impedían trabajar de forma productiva. Da comienzo una rentable industria de la rehabilitación cuya finalidad no es otra que devolver al mundo laboral a quienes por accidente o lesión de cualquier otro tipo se hubiesen visto obligados a desaparecer del mundo del trabajo, que coexiste con la reclusión forzosa de aquellos que son considerados por la administración como irrecuperables.

Durante el periodo comprendido entre 1945 y 1975, los innegables logros de la medicina y el desarrollo de las políticas sociales hicieron posible que la cuestión de la discapacidad comenzase a figurar como un epígrafe del Estado de Bienestar. Comenzaron a esbozarse los primeros ensayos de la escuela inclusiva, así como los primeros centros especiales de empleo y con ello el inicio del fin de la reclusión en el ámbito familiar o institucional. Con ello las personas con discapacidad y sus situaciones vitales adquieren una visibilidad que permite concebirlas como una cuestión de derechos subjetivos y cuestionar el marco interpretativo de la tragedia personal y familiar que imperaba en la medicina. Ya no se trata de que las personas con discapacidades tengan limitaciones que les dificulten su plena participación en la sociedad; antes bien son las convenciones sociales y la configuración del propio espacio público los que interponen barreras insalvables a la vida en común. Durante la época conocida como los Treinta Gloriosos años se ha ido gestando una transformación paulatina y sutil de la percepción que las personas con discapacidad tienen de sí mismas cuya importancia no cabe subestimar. Desde los Estados Unidos hasta Argentina, pasando por Europa el activismo prodiscapacidad ha articulado como reivindicación política sus aspiraciones hasta verlas respaldadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas en el año 2006.

A pesar de los innegables avances en materia de atención sanitaria y educación, la transición a la vida adulta emancipada sigue siendo una asignatura pendiente. Al igual que ocurre con los demás colectivos en situación de desventaja, las conquistas sociales logradas gracias al Estado de bienestar penden de un hilo por la desarticulación de los sistemas de salud pública y de protección social. No faltan quienes acusan a las personas con discapacidad de ser un lastre para dichos sistemas, así como una rémora para sus compañeros sin discapacidad en las escuelas, ni tampoco los que se amparan en los derechos de las personas con discapacidad para revertir las conquistas de otros grupos sociales. Los que lo hacen utilizan lógicas expiatorias que cargan sobre los miembros más vulnerables de la sociedad la responsabilidad de un proceso de desmantelamiento deliberado de lo público.

Desde otros posicionamientos nos tropezamos con cierta banalización de la discapacidad de quienes insisten en convertirla en una forma indolora de diversidad cultural, apta para su consumo como 'experiencia o aventura vital'. En un movimiento sospechosamente simétrico a quienes gustan de presentarla como una carga para la sociedad la evacúan de todo aquello que la convierte en una desventaja objetiva, tal vez con el propósito de acceder a mecanismos de compensación social previstos para estos casos o como demostración pluscuamperfecta de la utopía capitalista: la superación de la limitación humana mediante la contratación de bienes y servicios.

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