09 de marzo de 2019
09.03.2019
La Opinión de Murcia
Espacio abierto
Protección ambiental

Los cumpleaños del Mar Menor

"Es cierto que se han tomado algunas medidas, pero la mayoría han sido cuantiosas inversiones en proyectos y estudios de ejecución lenta en unos casos y de eficacia dudosa en otros"

08.03.2019 | 22:50
Los cumpleaños del Mar Menor

En enero de este año hizo dos que Pacto por el Mar Menor llevó la situación del Mar Menor ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo junto con la FAVCAC, la Cofradía de Pescadores, ANSE y Ecologistas en Acción.

Un año después, en marzo de 2018, recibimos contestación a nuestra petición en la que Bruselas reconocía el problema y la infracción por España de varias directivas comunitarias tales como las referidas a la falta de desarrollo normativo de los espacios protegidos del Mar Menor. También se afirmaba desde Bruselas que las autoridades españolas estaban adoptando medidas para solucionar el problema.

Es cierto que se han tomado algunas medidas, pero la mayoría han sido cuantiosas inversiones en proyectos y estudios de ejecución lenta en unos casos y de eficacia dudosa en otros. La medida más importante hasta ahora ha sido el sellado de los tubos que arrojaban la salmuera procedente de la desalobración al Mar Menor a través de la rambla del Albujón por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en 2016 a pesar del sabotaje y obstrucción por parte de cierto sector de los agricultores. Esta actitud hizo necesaria la presencia de casi un centenar de agentes antidisturbios de la Guardia Civil que tuvieron que venir de Sevilla debido a que la comandancia de Torre Pacheco no desplegó un operativo que asegurara la protección de los trabajadores encargados del sellado. Una cuestión, desconocida para la opinión pública, que resulta muy reveladora. Posteriormente, en 2017, la CHS desmanteló una red de tuberías subterráneas que seguían vertiendo las aguas contaminadas a la laguna.

Este mes también se cumplen dos años de la denuncia de la Fiscalía Especial de Urbanismo y Medio Ambiente por la contaminación del Mar Menor por aguas salobres con contenidos de nitratos procedentes de los campos de cultivo del Campo de Cartagena, así como por el uso ilegal de desalobradoras y extracción de aguas de pozos ilegales.

Más tarde, a finales de 2017 la Fiscalía abrió procedimiento judicial por la degradación del Mar Menor contra 37 acusados, el mayor sumario por delito medioambiental en esta región tan castigada por atentados contra el medio natural (Portmán, balsa Jenny, etc.).

En abril de 2018 comienzan los interrogatorios a estos acusados (primero, con la juez Marín, que troceó la causa en tres sumarios distintos y, más tarde, con el juez Garrote, quien, afortunadamente, recuperó la integridad del 'caso Topillo', siguiendo el criterio lógico del fiscal) con el fin de determinar si las administraciones regional y nacional actuaron debidamente para evitar la contaminación del Mar Menor como consecuencia de los vertidos procedentes principalmente de la agricultura.

Y, así, llegamos a este mes, marzo de 2019, en el que hemos escuchado declaraciones de testigos y acusados que ponen de manifiesto que se sabía que el salobre cargado de nitratos iba a parar al Mar Menor; que había desalobradoras ilegales en funcionamiento; que se conocía la puesta en regadío de miles de hectáreas sin derecho a riego; que solo se vigilaba el cumplimiento de la normativa sobre nitratos al 1% de las empresas agrícolas que percibían subvenciones europeas, etc.

Nos hacen creer que con la transparencia que las aguas del Mar Menor mostraron durante el verano de 2018 ya está todo arreglado, a pesar de que nos encontramos vertidos que siguen llegando a la laguna día sí y día también. La respuesta que dan representantes del Gobierno regional, cuando por medio de los vídeos y fotografías que nos envían integrantes de la plataforma denunciamos estas entradas de agua, es que se deben a la subida del nivel freático por las lluvias de noviembre de 2018. Esta explicación sigue ignorando (quizá interesadamente) que se ha autorizado la apertura de los pozos de sequía (legales) y que muchos de los ilegales siguen funcionando desde dentro de cobertizos en fincas a las que no se puede acceder sin una orden judicial. Es posible que el nivel freático siga alto a pesar de no haber caído una gota de lluvia en estos cuatro meses porque algunas explotaciones agrícolas estén arrojando el rechazo de la desalobración a pozos conectados con el acuífero.

Desde que empezamos nuestra andadura como Pacto por el Mar Menor, hace ya tres años, no nos hemos cansado de decir que no se están poniendo en marcha medidas en origen para evitar la erosión y las escorrentías procedentes de las lluvias torrenciales ni se ha afrontado la necesidad de acabar con los regadíos ilegales que acorralan a la laguna; que no se ha iniciado la redacción de la Ley Integral del Mar Menor que regule, además de la agricultura, el urbanismo, las depuradoras urbanas, los rellenos de playas, las embarcaciones a motor, etc.; que no se está vigilando la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes; que no se ha sacado del cajón la Estrategia de Gestión cuya redacción se inició a finales de 2015 y se terminó en 2016; que no se ha respetado la moratoria urbanística aprobada por la Asamblea Regional de 2017... En definitiva, que no hay voluntad política de enfrentarse a los problemas reales que afectan a la laguna.

Y por último recordemos que el año próximo se cumplirán 40 años de la celebración de la primera jornada sobre el Mar Menor organizada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Ya entonces se preveía que con la llegada del agua del trasvase se pondrían en regadío cientos de hectáreas del Campo de Cartagena con el consiguiente uso de «insecticidas, pesticidas, plaguicidas, abonos... altamente tóxicos y muy persistentes y que de llegar al Mar Menor en cantidades importantes podrían aniquilar en poco tiempo su flora y fauna».

Esperemos llegar a tiempo para impedirlo.

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