12 de febrero de 2019
12.02.2019
Carta de ajustes

El agro fatal y su entorno protector

11.02.2019 | 21:29

Si la salmuera criminal ni los pozos que matan harán cambiar, nunca, a nuestra región pertinaz. De ahí que resulte fácil describir la realidad catastrófica murciana por cuanto se refiere a la más cruda y actual situación ecológico-económica, marcada por una agricultura especialmente destructiva. Un mero esfuerzo de síntesis de la realidad y de reordenación de elementos aparentemente sueltos o inconexos, proporciona un cuadro certero, aunque no exhaustivo, pedagógico y utilizable: en el centro está, ostentando un poder excesivo, creciente y, desde luego, inmerecido, el Poder agrario, desarrollado al calor de la época sociopolítica que nos ha tocado vivir.

Lo hacen posible, en primer lugar, un poder político-administrativo volcado en amparar este modelo de agricultura intensiva, sean cuales sean los males que produce. Se trata, por una parte, del Gobierno autonómico regional, que añade a su insensibilidad e incompetencia ambientales una solemne indiferencia de hecho ante las tropelías de una economía agroindustrial que cada día que pasa resulta más perniciosa, tanto para el medio ambiente regional como para el futuro de nuestra sociedad, a la que esa actividad le viene destruyendo dos de los principales recursos de supervivencia: el suelo productivo y el agua disponible. Y por otra, de esa institución estatal, nefasta y prevaricadora, que es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), igualmente consentidora e impermeable a las críticas y las denuncias.

Este poder, se supone, recibe como compensación de su apoyo institucional, el voto a los partidos en el poder. El caso de la CHS, teóricamente dependiente del poder político de turno en Madrid, ofrece poca matización, ya que actúa como costumbre del lado del negocio del agro y el agua, no del lado de la protección del medio ambiente o de los recursos públicos. Hay que contar, al buscar explicación a la docilidad de estas instituciones ante el poder agrario, el despliegue de amenazas e intimidación con que éste acostumbra a dirigirse a las Administraciones y a la sociedad entera, que resulta eficaz dado el escaso sentido de lo público de estos organismos.

El segundo ámbito de complicidad del abuso agroindustrial es el estamento judicial, de jueces y fiscales que, conociendo evidentemente todo esto, suelen actuar a rastras y sin ganas, de forma indecisa e incompleta, haciendo a la hora de la verdad ese dicho, destilado por la sabiduría sufriente popular de ser 'fuerte con el débil y débil con el fuerte'. Efectivamente, destaca por sobre cualquier otra consideración, la resistencia de jueces y fiscales a encausar a los grandes empresarios y empresas, pese a los visibles y continuos abusos que perpetran, a las ilegalidades de que incluso hacen gala y a la actividad crítica y denunciadora de la ciudadanía. Porque la sociedad no sólo se enfrenta a ese poder agrario y sus apoyos político-administrativos, por permitir el sistemático incumplimiento de la legislación vigente, sino también por atentar diariamente contra el medio ambiente, el territorio, la salud y hasta los derechos humanos; asuntos todos ellos que, sí, son objeto del Derecho administrativo, pero también del penal. Y ese estamento no debiera esperar, como sistema, a las denuncias de origen social (que, además, tantas veces minimizan) sino actuar de oficio y como obligación, que así lo mandan la Constitución y la normativa aplicable.

En general, no se puede decir que este estamento actúe de forma tan poco social por obtener beneficios políticos, no; el análisis más bien apunta a desgana e incompetencia, así como a una simpatía (digamos de clase o casta) hacia el poder político, el agrario y el empresarial, eminentemente conservadores todos ellos, y tradicionales beneficiarios de una justicia que, como decía antes es, tradicionalmente, desmotivada e insatisfactoria. En Murcia y con el agua esto es actual y rotundo.

El tercer ámbito de apoyo a esta situación tan desalentadora es el poder socioeconómico: la población directa o indirectamente beneficiaria y los sectores económicos vinculados, que es verdad que son numerosos y, también, potentes. De predominio conservador, este mundo se muestra insensible al problema ambiental, a la crisis ecológica, al futuro amenazante, a la ley conculcada, al orden subvertido y a cualquier razón y sensatez que vean como un peligro para sus directos intereses.

El cuarto sector en este cuadro de despropósitos es el poder científico-universitario, el más débil de todos, pero singularmente discreto ante los serios problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Hay dos centros estatales de investigación, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Centro de Edafología del Sureste (CEBAS), que se sitúan a leguas de sus responsabilidades científico-sociales. Me gustaría saber las denuncias (aunque fueran meras advertencias oficiales) que el IEO ha dirigido a los poderes públicos, estatales y regionales ante la degradación (persistente, intensa, visible) del Mar Menor en los últimos años. Y también querría que los directivos del CEBAS demostraran que cumplen con su obligación denunciando la situación de los suelos afectados por la agricultura de saqueo: la pérdida de fertilidad, el exceso de nutrientes inorgánicos, las consecuencias de la escorrentía, el envenenamiento de los acuíferos? Por el contrario, y aún a sabiendas de la insostenibilidad y peligrosidad de esta agricultura, estos centros y algunos departamentos universitarios (principalmente de la Politécnica de Cartagena), acuerdan recibir financiación de las organizaciones agrarias para proyectos de investigación y cátedras que pretenden una colaboración patológica, olvidando su objeto social y como si mereciera la pena investigar sobre una agricultura nefasta, respaldando así un poder agrario aniquilador.

El último elemento en este dispositivo descriptivo es el (por decir algo) Poder crítico de la sociedad civil: grupos, plataformas, medios de comunicación? Un conjunto de voces que es consciente de la hostilidad multiforme y eficaz de ese poder agrario y su entorno, así como de la obligación cívica, pese a ingrata, de advertir y denunciar.

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