Cuando el próximo 11 de febrero se conmemora el 146 aniversario de la proclamación de la Primera República y cuando, desde cada vez más amplios sectores sociales, se está cuestionando el edificio de la Transición política y se echa la vista atrás añorando las realizaciones sociales y políticas de la Segunda República, es bueno recordar también los anhelos de cambio político y justicia social de tantas y tantas personas, en el ámbito de la política y en sectores obreros, que desde 1868, y sobre todo a la altura de 1873, intentaron romper las amarras de un pasado inmerso en la reacción y el atraso.
Como es sabido, la Primera República vino precedida del estallido de la Revolución de 1868, La Gloriosa, un levantamiento militar, pero con amplio respaldo popular, que condujo a la reina Isabel II al exilio. Para Josep Fontana la caída de Isabel II fue la consecuencia, en el plano político, de la propia dinámica del capitalismo español, que necesitaba apoyarse en sectores sociales más progresistas que posibilitaran su desarrollo. Y, al decir de Labrouche, la Gloriosa exterioriza el levantamiento de los detentadores de la 'richesse en mouvément' (esto es, la burguesía progresista) frente a la 'richesse en état' (la conservadora).
Tras el destronamiento de la reina en septiembre de 1868, el Gobierno provisional de Prim, con Serrano como regente, alumbró la Constitución de 1869, la más progresista del siglo XIX, con una amplia declaración de derechos, pero apelando a la fórmula monárquica del Estado, razón por la que se imponía buscar un rey entre las casas reinantes en Europa. Descartados varios candidatos ( Fernando de Portugal, el duque de Montpensier, Leopoldo de Hohenzollern) tras no pocos problemas diplomáticos, el elegido, Amadeo I de Saboya, llegó a Madrid al tiempo que le anunciaban la muerte en atentado de su valedor, el general Prim.
Como es sabido, su breve reinado, de apenas dos años, estuvo salpicado de dificultades, pues contó con la oposición de las clases aristocráticas, de la Iglesia, de la clase obrera, etc. Además, tuvo que hacer frente a las rebeliones carlistas y del arma de Artillería, así como a los inicios de la guerra de liberación de Cuba. Por eso, el 10 de febrero, cuando en Madrid, en toda España y en las cancillerías europeas se conocía ya la noticia de su dimisión, celebraba Amadeo su último Consejo de Ministros.
El general Prim había venido sosteniendo la inviabilidad de una República en España. Pero, ante el vacío de poder, en reunión conjunta del Congreso y del Senado, se proclamó el 11 de febrero. Socialmente, la República fue apoyada sólo por la burguesía intelectual y por los obreros y campesinos, que aspiraban a una revolución social (eliminación de las quintas y del odiado impuesto de consumos). Políticamente, sólo contó con el apoyo de los republicanos, divididos entre unionistas, federalistas y federalistas intransigentes (cantonales). Internacionalmente, sólo fue reconocida por EEUU y Suiza, con la oposición de la Alemania de Bismarck y de Inglaterra, recelosa de una posible 'unión ibérica' entre España y Portugal.
Proclamado presidente Estanislao Figueras, se convocaron elecciones a las que sólo concurrieron los republicanos. Figueras desapareció (del Gobierno y del país, sin previo aviso, tras confesar en el Consejo de ministros que [sic] «estoy hasta los c? de todos nosotros») y el gobierno de Pi i Margall inició los trabajos de la elaboración de la Constitución de 1873, que no entró en vigor. Ese texto constitucional, que por primera vez en España consolidaba un Estado laico, propugnaba una estructura confederal del país, con 17 Estados, más los territorios de Ultramar, integrados en la Nación española.
Mientras se discutía la Constitución, se acentuó la guerra carlista en el norte y estalló la insurrección cantonal en toda España. El 7 de julio se inició en Alcoy una huelga general, duramente reprimida, y días después se sublevaron los federalistas intransigentes en Cartagena, con el apoyo de los bakuninistas del Arsenal. Miguel Artola señala que en el movimiento cantonalista concurren la impaciencia de los federales, el federalismo de los internacionalistas bakuninistas y, en ocasiones, aunque en menor medida, las reivindicaciones sociales del proletariado.
Tras el breve gobierno de Nicolás Salmerón, que dimitió tras negarse a firmar dos penas de muerte, la presidencia de Emilio Castelar acentuó el giro autoritario de la República. Con el apoyo de los sectores aristocráticos y con el restablecimiento de las quintas (que habían sido suprimidas por Figueras en febrero de 1873), detuvo el avance carlista en el norte y sofocó la revolución cantonal. Sólo resistía Cartagena.
Cuando el 2 de enero de 1874 Castelar comparecía en las Cortes para someterse a un voto de confianza, y cuando se estaba votando un nuevo Gobierno, se produjo la irrupción del general Pavía en el Congreso, anunciando la constitución de un Gobierno militar de emergencia presidido por el general Serrano. La experiencia cantonalista cartagenera duraría hasta mediados de enero, fecha en que fue aplastada por el general López Domínguez.
¿Qué había ocurrido?
Para Miguel Artola, la burguesía, que había estado detrás de todos los ensayos liberales y democráticos desde 1812, atemorizada por la fuerza emergente de las clases bajas [sic], buscará una nueva fórmula, para la que Cánovas del Castillo tenía preparada la respuesta (la restauración de los Borbones).
Tuñón de Lara opina que, tras seis años de choques y conmociones, las estructuras arcaicas permanecieron intactas, y la burguesía, desde ese momento, renunció a 'su' revolución para pactar con las clases tradicionalmente dominantes. Los Gobiernos republicanos, temerosos de llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias, dejaron todo el poder material y los resortes de acción en manos de las clases del Antiguo Régimen, no pasando de tímidos ensayos, por miedo al 'cuarto estado'.
Tras haber leído (espero que con detenimiento) esta columna, les sugiero que busquen paralelismos, que los hay, con la Historia más reciente y con la actualidad de nuestro país.
