En los círculos económicos las incertidumbres para 2019 se mantienen en estos primeros meses del año y es habitual escuchar la pregunta: ¿Qué podemos esperar para la economía regional y española en este convulso escenario que afrontamos?
La producción murciana y la nacional se enfrentan a un período complejo marcado por una ralentización del ritmo de actividad y el desasosiego derivado de factores que pueden agravar en mayor o menor la dimensión de la desaceleración que ya vivimos.
Recientemente el Banco de España ha revisado a la baja las previsiones realizadas el pasado junio sobre la economía española para 2019, estimando un crecimiento real del 2,2. Esta cifra supone un menor ritmo de avance de la economía española con respecto a las cifras registradas en 2017 (3,1) y el dato con el que se pensaba que se cerraría 2018 (2,6).
Según el regulador, las causas principales que explican el enfriamiento de la economía nacional son:
1. El menor dinamismo de los mercados de exportación motivado por un empeoramiento de las expectativas de actividad y comercio mundial, influenciada en gran medida por (a) el auge de las políticas proteccionistas al comercio que se están imponiendo en los principales mercados mundiales y (b) las expectativas de crecimiento del precio del petróleo para 2019.
2. La repercusión que en el consumo privado nacional tendrá menor grado de actividad comercial prevista, que se traducirá principalmente en un menor crecimiento en el ritmo de creación de empleo y un aumento en la tasa de ahorro de la agentes privados.
Sobre la base de estas estimaciones realizadas para el ejercicio actual se ciernen una serie de incertidumbres que, de materializarse, podrían condicionar el cumplimiento de la ya rebajada estimación de PIB de 2019.
Nos acecha el escenario de resolución del Brexit con cifras muy relevantes para nuestros intereses. El pasado 11/12/2018 estaba prevista la votación del Acuerdo de salida en el Parlamento Británico, votación que ha tenido que ser aplazada por distintos motivos y ocasiones debido a las serias dudas planteadas sobre su aprobación.
El peor de los escenarios, tal y como están las cosas actualmente, se producirá el próximo 29/3/2019. El Reino Unido dejaría la UE sin un acuerdo que articule su salida de la Unión, quedando el comercio de bienes entre la UE y UK sujeto a la normativa del comercio internacional (aranceles, impuestos al comercio, cupos a la importación), sin un acuerdo preferencial entre las partes.
Este hecho generará una gran incertidumbre acerca del volumen del comercio que entre las partes podrá mantenerse en el futuro.
Cabe remarcar que, según datos de la AEAT, las exportaciones directas de España hacia el Reino Unido ascendieron 19.170.821 millones de euros entre los meses de octubre 2017 a octubre 2018, significando el 7,6% del total de exportaciones nacionales.
En la Región de Murcia, las exportaciones hacia el Reino Unido ascendieron a 710.850 millones de euros en el periodo de enero a septiembre de 2018, ésto es el 9% del total exportaciones del periodo.
Adicionalmente hay que tener en cuenta que los países de la UE representan el 68% de las exportaciones regionales, países que, al igual que nosotros, se verán afectados por la situación del Reino Unido y que podría afectar al desarrollo de su actividad comercial.
En cuanto a España, hay otros aspectos poco favorables. El efecto que sobre el consumo puede tener la incertidumbre política en nuestro país, también es muy preocupante. En este sentido, existe un riesgo latente y manifiesto derivado por un lado de la ausencia de mayoría parlamentaria del partido en el Gobierno y, por otro lado, de la inestabilidad política en Cataluña, situaciones que pueden trasladarse negativamente a los datos macroeconómicos.
No debemos olvidar que Cataluña representa el 19% del PIB nacional, el más alto de España (223.987.828 miles de euros en 2017).
La continuidad de la incertidumbre política y el clima de conflictividad social de esa Comunidad Autónoma marcarán muchas expectativas empresariales, condicionando la inversión empresarial y el nivel de actividad industrial en el país.
A todo ello se une el sesgo de la política fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si bien actualmente todavía no contamos con presupuestos nacionales para el ejercicio 2019, algunas de los acuerdos presupuestarios pactados entre el gobierno y sus socios dejan entrever una tendencia hacia la aplicación de una política fiscal expansiva, articulada a través de un aumento del gasto público.
En este sentido podemos mencionar la extensión de la cobertura de la tarjeta sanitaria a todos los migrantes, la supresión del copago farmacéutico a pensionistas, el desarrollo del programa de Ingreso Mínimo Vital (programa pensado para familias vulnerables o de muy bajos recursos), la subida de sueldos a funcionarios (caso especialmente llamativo es el de la sociedad estatal de Correos con un aumento del 9% en tres años), el aumento de becas en un importe de hasta 536 millones de euros, la concesión de subvenciones para compra de material escolar por importe
de 50 millones de euros, la reducción de las tasas universitarias, la supresión de los peajes en autopistas, etc.
En total, el techo de gasto que ha aprobado el Gobierno para 2019 sube un 4,4% hasta 125.000 millones de euros. Se trata de un salto de 5.000 millones de euros con respecto a 2018 y el mayor aumento en cuatro años.
El incremento del gasto social tendrá su efecto principal en el esquema tributario, a través de un incremento de la presión fiscal cuyo objetivo son las grandes empresas y rentas altas, impuesto al diésel, tasa a las transacciones financieras, etc. En este punto, habrá que vigilar el efecto que sobre la actividad económica provoquen tanto las medidas de gasto comprometidas como la mayor carga tributaria que se espera para el 2019.
A lo anterior, debemos unir la incertidumbre sobre la evolución del mercado de trabajo. La subida del salario mínimo interprofesional aprobada recientemente tendrá su repercusión directa en las cotizaciones sociales y en los convenios colectivos para 2019. En este sentido habrá que analizar si los beneficios derivados de una mayor renta disponible de las familias son superiores al efecto que sobre la competitividad empresarial y el nivel de contratación provocará el aumento del coste laboral.
Otro de los aspectos a considerar en 2019 tiene que ver con el sistema financiero y los
reducidos índices de rentabilidad que vienen registrando las entidades bancarias, lastradas por años de tipos al cero y por los sucesivos incrementos de las exigencias regulatorias en materia de capital.
Estos bajos índices de rentabilidad pueden dificultar la captación de capital por las entidades y, por tanto, la concesión del crédito al sistema económico.
Por último, la continuidad de la beligerancia del comercio internacional y la intensificación de medidas proteccionistas pueden afectar de manera muy significativa a la actividad comercial internacional y al crecimiento económico.
En conclusión, 2019 será un año movido en materia económica, marcado por una desaceleración del ritmo de crecimiento que veníamos experimentado hasta ahora y con la incertidumbre electoral como telón de fondo.
La mayor o menor dimensión de esta desaceleración vendrá determinada por la intensidad con la que se manifiesten los factores mencionados.
