El proyecto de Presupuestos del Estado está en el Congreso de los Diputados. Llegó, no es la primera vez, sin los apoyos suficientes para salir adelante. La novedad estriba en que esas negociaciones o trapicheos (vistos así desde la oposición de turno) que conseguían doblegar resistencias a base de prebendas autonómicas, no parece que vayan a dar sus frutos. A no ser que los independentistas catalanes vuelvan a engañarse a sí mismos y a quienes les jalean como ya hicieron proclamando aquella 'república' que duró siete segundos entre su nacimiento y defunción.

Nada es descartable en esta neopolítica que los partidos crean y destruyen a pantallazos de twiter. Incluso para quienes se presentan como los paradigmas de la nueva ética de lo público y se financian por iraníes disidentes y no gubernamentales como acusan a otros.

Si los Presupuestos del 2018 salieron adelante contentando peticiones multimillonarias de nacionalistas vascos y regionalistas canarios, asturianos y navarros, también se vislumbra ahora otro caramelo amargo para los demás territorios.

El Gobierno ofrece a los soberanistas reconocer la exigencia de su Estatuto (ese que abominan), de corresponder con inversiones del Estado en infraestructuras en el mismo porcentaje que Cataluña hace al Producto Interior Bruto del conjunto del país.

Admitir esta relación es negar el papel que el Estado debe tener en el equilibrio territorial y en mitigar las desigualdades entre regiones. El gasto estatal en Obra Pública, Educación o Sanidad en forma de inversiones, ha de servir para impulsar, como prioridad, el desarrollo en todos los ámbitos de quienes ocupan el furgón de cola.

Luego ha de ser mayor en aquellos territorios más 'pobres' si queremos impulsar sus economías y acercarlos a los más 'ricos'.

Dar más a quien más aporta, por encima del que más lo necesita, aunque sea en la misma proporción, supone no cerrar la brecha existente en oportunidades y servicios entre los ciudadanos de este país por culpa del lugar en el que nacieron o residen. Y es dar argumentos a quienes, hoy en día, ponen en duda el Estado de las Autonomías, y por extensión, la Constitución del 78.

Profundizar en las competencias autonómicas y acceder a las demandas para mejorar la vida de sus administrados exige a su vez que el conjunto de los españoles confíen en un Gobierno firme que vele por reducir las diferencias económicas y sociales. Y no al contrario.