Vísteme despacio que tengo prisa. El Poder Ejecutivo, si se quiere mantener un Estado de Derecho como Dios manda, no debe inmiscuirse en ninguno de los otros dos poderes que lo equilibran, el Legislativo y el Judicial. Respecto a este último, qué quieren que les diga que ya no sepan. El día en que los vocales del órgano gubernativo de los jueces (que a su vez es el encargado de nombrar a los magistrados de los dos más altos tribunales de justicia de una nación, el Supremo y el Constitucional) dejen de ser elegidos por los partidos políticos, no será necesario ir desmintiendo que la justicia no está politizada. Mantengo que no lo está ni en los juzgados ni en tribunales de los frentes de batalla.
Es más, tampoco, a riesgo de que no me crean, a nivel tan alto como los antes mencionados tribunales, puesto que en definitiva son jueces y su independencia está por encima de todo. Si bien es verdad que en el Constitucional algunos no son jueces de carrera, ejercen como tales, cuando desempeñan la función tan importante como sagrada para garantizar una democracia como la jurisdiccional. Igualmente sostengo que el Ejecutivo debe mantener intacta la misión del legislativo y no entrar en sus funciones dictando Reales Decretos Leyes, salvo. claro está, que exista razón de urgencia. No es nada bueno abusar de esos Decretos Leyes, a pesar que su validez legal sea indudable, ya que en el plazo establecido el Legislativo lo ratifica siempre. La cuestión es saber si cuando un dictador está muerto y enterrado desde hace 43 años existe o no esa urgencia que lo justifique.
Las últimas noticias dicen algo así como que el Supremo paralizará el traslado de Franco. Lo cual me maravilla, porque lo conocen incluso antes que el propio Tribunal sepa lo que va a hacer. Lo bueno es que suelen acertar con sus predicciones, así que mutis. La realidad es que una ley 'ad hoc' para un caso concreto y una persona determinada, no cumple con el requisito esencial de toda norma jurídica, como su generalidad. En cualquier caso, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar próximamente un Decreto de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Pero, claro, la familia heredera del dictador algo tendrán que decir sobre su abuelo.
Por lo que me temo que acabará la cuestión en los tribunales, como en su día finalizó la exhumación del teniente general Sanjurjo, que fue exhumado de Pamplona para ser enterrado en Melilla. Y más oncretamente serán las salas de lo Contencioso Administrativo las encargadas de resolver sobre la exhumación. Pero ahí no acabará la cosa, porque viene la segunda cuestión ¿dónde van a parar sus huesos si se exhuman? La familia quiere que sea donde ellos elijan y parece ser que lo ha decidido ya: la Basílica de La Almudena. Sin embargo, el Gobierno no quiere. E incluso está dispuesto a acudir no solo a leyes humanas sino casi a las divinas, dirigiéndose para ello al mismísimo Vaticano vista la posición denegatoria del prior del Valle, quien ha dicho que sin la autorización de la familia u orden judicial no lo exhuma. Supongo que otra cosa será si el papa Francisco le ordena lo contrario, pues probablemente en tal caso este religioso (que fue candidato de Falange Española Independienteen las elecciones europeas de 1994), obedecerá como buen benedictino a la suprema autoridad eclesiástica.
Así que vísteme despacio que tengo prisa. Me temo que ni en enero ni en febrero ni en€ a pesar de las prisas iniciales, la cuestión esté resuelta. Paciencia ante la urgencia.
