24 de diciembre de 2018
24.12.2018
La Opinión de Murcia
El castillete

Por la democracia

23.12.2018 | 18:27
Por la democracia

Por su título, este artículo pareciera una evocación de cualquiera de los escritos redactados en los albores de la Transición cuando, a la hora de abordar la situación política, no se sabía si en los días siguientes se avanzaría hacia la libertad o, por el contrario, la reacción de un régimen agonizante volvería a sumergir este país en un pozo. Obviamente, la situación no es la misma. No lo son ni los actores políticos en liza, ni la naturaleza de los movimientos que desarrollan.

Pero hay algo en común con aquellos tiempos, que viví en el arranque de mi juventud: la percepción de que fuerzas oscuras pretenden conducirnos a situaciones peligrosas, con analogías conceptuales con el período de la dictadura que este país dejó atrás en 1978. Y no me estoy refiriendo a la emergencia de Vox. No, lo que causa zozobra de nuestra actualidad es que la derecha de toda la vida de nuestro sistema parlamentario, así como esa derecha que se reclama de la 'nueva política', quieren ser, de mayores, como Vox.

Es ampliamente compartido por todos los analistas políticos el hecho de que José María Aznar, el de la guerra de Irak y el que mintió sobre el 11M, está reuniendo bajo un mismo paraguas al trío de las derechas(PP, Cs, Vox) con la finalidad última de levantar en España un Estado autoritario y profundamente antisocial, culminando la obra que el PP, a veces con el apoyo cómplice del PSOE, iniciara hace tiempo. El armazón ideológico de este proyecto de lo que sería la CEDA del siglo XXI es simple: el independentismo y el populismo ponen en peligro nuestra convivencia, de manera que el único medio de garantizar la permanencia de la Constitución y la unidad de España es mediante el endurecimiento del sistema político. Así, en nombre de la Constitución, hay que intervenir contundentemente en Cataluña, poniendo en pie lo que sería, de facto, un Estado de excepción, procediendo a ilegalizar a los independentistas y también posteriormente a quienes mostraran solidaridad hacia los represaliados. Llegan hasta el punto de calificar de anticonstitucionalistas a todas las fuerzas políticas que no se encuadran dentro de ese trípode ultra que pivota alrededor de Aznar. El propio gobierno de Sánchez estaría en el campo de los 'enemigos de España' y de los 'golpistas'.

La cruel ironía de todo esto es que se erigen en supremos sacerdotes del texto constitucional quienes aspiran realmente a acabar con él, tras décadas desnaturalizándolo. Efectivamente, limaron las libertades constitucionales con la ley mordaza y las reformas del Código Penal que han llevado a la cárcel a quienes han osado practicar la libertad de expresión. Se cargaron hace tiempo la independencia de una Justicia que recibe continuos tirones de orejas desde Europa y está deslegitimada ante la ciudadanía. El derecho a un trabajo suficientemente remunerado y a una vivienda digna yacen en las cunetas, como los desaparecidos del franquismo. Por no hablar del intento de reducir a su mínima expresión las pensiones públicas. En estos momentos, la propuesta que hacen de aplicar el 155 'duro' a Cataluña es abiertamente anticonstitucional, pues no se soporta en actos jurídicos de la Generalitat, sino en declaraciones irresponsables e incendiarias de sus dirigentes y en desórdenes públicos, que no justifican legalmente la supresión del autogobierno catalán. Es inconstitucional su intención de eliminar las autonomías o de retirar a éstas, vaciándolas de contenido, las competencias de educación y sanidad. En los ámbitos de la inmigración, derechos de las mujeres y de los trabajadores, sus propuestas van en la dirección de lapidar las conquistas sociales para siempre.

Así que el panorama es una paradoja en sí mismo: quienes quieren que el Estado Social y Democrático de Derecho perezca, se envuelven en la bandera de la democracia y la Constitución para alcanzar sus inicuos objetivos. Toca al resto de fuerzas políticas y sociales defender juntas un proyecto de contrato social, derechos políticos y Estado federal que frene el neofranquismo y garantice la convivencia democrática y en paz.

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