23 de diciembre de 2018
23.12.2018
La Opinión de Murcia
La Feliz Gobernación

El ARCA hace aguas

"Desde el principio el ARCA era lo que parecía: una secuela del Ente Regional del Agua, aquel invento de Ramón Luis Valcárcel que pretendía burlar a la Confederación Hidrográfica del Segura para validar proyectos urbanísticos, a los que se les aseguraba el suministro del agua a través de la desaladora de Escombreras, que no desaló ni una gota"

23.12.2018 | 00:02
Javier Celdrán, consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

"Es posible que el ARCA tenga alguna razón de ser si de lo que se tratara exclusivamente fuera de agilizar los trámites administrativos, no de sortearlos. Ahí reside la prevención de Cs: no es lo mismo crear un ente gestionado por funcionarios que privatizar una función pública con personal de confianza de los mismos empresarios a que ha de responder".

Que Croem ponga el grito en el cielo por la 'traición' de Ciudadanos al retirar el apoyo al ARCA se puede entender. El ARCA es una Ley de Croem que necesitaba del PP para que éste la tramitara, ya que Croem no es un partido político, y en consecuencia carece de diputados en la Asamblea Regional. Esto ha sido evidente desde el principio, entre otras cosas porque la organización empresarial no podía resistirse a exhibir su capacidad de influencia.

Pero por si había alguna duda de que el PP es la correa de transmisión de la patronal, ahí llega el consejero de Empresa, Medio Ambiente y otros etcéteras, Javier Celdrán, y se confiesa de plano en Twitter: «El impresentable, irrespetuoso e injustificado cambio de opinión de Cs respecto a la creación del ARCA Agencia del Medio Ambiente, tras reuniones con @croemurcia, ha sido una traición a su propio programa electoral. Anteponen intereses partidistas y electorales al interés general». Por favor, ¿quién asesora a Celdrán, que no es capaz de impedirle que haga dedos en las redes sociales antes de contar de uno a diez? Lo que cualquier lector interpreta es que una Ley promovida por el PP no ha de ser negociada por éste con otros partidos susceptibles de apoyarla, sino que tales partidos han de entenderse con Croem. La 'traición' de Ciudadanos no es, por tanto, al PP, sino a Croem, ergo Croem es la autora de la Ley. Pero Croem, que uno sepa, no se presentó a las elecciones.

El ARCA, para que nos entendamos al margen de retóricas, es una Ley que pretende externalizar la convalidación ambiental de los proyectos empresariales. Se justifica implícitamente en la necesidad de levantar el tapón administrativo convencional a la vista de que la estructura burocrática de la propia Comunidad es más pesada de lo que exige la dinámica inversora empresarial; o en una supuesta ideologización del aparato funcionarial, que por estar integrado por expertos medioambientalistas son remisos a las iniciativas expansivas de los Gobiernos del PP; o por simple prevención de los funcionarios a que sus firmas de aceptación, inducidas por los proyectos de los políticos, los conduzcan a los juzgados a cuenta de la famosa doctrina del exalcalde capitalino Miguel Ángel Cámara: «Yo hice lo que me decían los técnicos», que casualmente él mismo había nombrado a dedo, y que entendían, unos, que serían destituidos si no firmaban lo sugerido, y otros atendían a la política de la 'vista gorda', es decir, se les permitía que hicieran sus propios negocios con la información privilegiada de que les dotaba su posición siempre que después validaran los proyectos políticos. (Entienda el lector que aquí hay que poner el rutinario 'supuestamente', no vaya a ser que el experto urbanístico que recibía cien jamones por Navidad decida gastar más en abogados). La doctrina era tan perfecta que hoy Cámara está libre de imputaciones mientras 'sus técnicos' todavía andan enredados en procesos judiciales, ayudados todos por los chivatazos de Villarejo a Cospedal acerca de que la Policía se proponía intervenir en la llamada Operación Umbra.

En definitiva, el tapón que en las Administraciones, por unas causas u otras, retenía determinados proyectos a causa de los informes medioambientales debía descorcharse, y ahí estaba el ingenio del ARCA.

Pero desde el principio el ARCA era lo que parecía: una secuela del Ente Regional del Agua, aquel invento de Ramón Luis Valcárcel que pretendía burlar a la Confederación Hidrográfica del Segura para validar proyectos urbanísticos, a los que se les aseguraba el suministro del agua a través de la desaladora de Escombreras, que no desaló ni una gota, aunque sigue pendiendo la posibilidad de que caiga sobre las arcas de la Comunidad una indemnización a los gestores privados que no terminaría de pagar ni la generación de los biznietos del expresidente.
Es posible que el ARCA tenga alguna razón de ser si de lo que se tratara exclusivamente fuera de agilizar los trámites administrativos, no de sortearlos. Ahí reside la prevención de Ciudadanos, que es muy entendible: no es lo mismo crear un ente administrativo sujeto a la norma, gestionado por funcionarios profesionales, que privatizar una función pública adminitrada por personal de confianza de los mismos empresarios a que ha de responder. Ya se vio el resultado del Ente del Agua: su propósito de agilización se resolvió en inseguridad jurídica, pues el Tribunal Supremo acabó desactivando todas y cada una de las decisiones de aquel artefacto, montado con procedimientos de una ingeniería altamente sospechosa.

A la vista de los antecedentes con este tipo de ingenios, es lógico precaverse. El PP ha aprovechado muy bien un cierto caso interno que se produce en Ciudadanos. Tal vez han podido camelarse en un primer momento al portavoz parlamentario, Miguel Sánchez (de quien en su propio partido aseguran que «firma las leyes sin haberlas leído»), o es probable que alguien haya resuelto por el camino de enmedio las tensiones internas que se producen a causa de la tendencia al seguidismo al PP frente a quienes abogan por la oposición frontal que rompa con la imagen de Cs como 'una de las tres patas de la derecha'. Pero es obvio, a resultas de la espantada de Cs, que el ARCA es una ley que sólo venía a satisfacer, en el conjunto social, a Croem. Y ese no puede ser el espíritu de una ley que supuestamente pretende abrir la estructura administrativa para integrar a una mayoría social.

Cuando el propio consejero correspondiente admite que el intermediario de una negociación política es el estamento empresarial está proclamando a los cuatro vientos que intenta legislar de acuerdo a una parte de la sociedad. Dice Celdrán que Cs 'ha traicionado' a Croem, implicándose él mismo como parte afectada de esa 'traición'. Sobran las palabras.

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