El acoso laboral conocido por el anglicismo mobbing, tiene en las Administraciones públicas unas peculiaridades que le hacen ser si cabe más sangrante y dañino. Empezaré diciendo que la estabilidad en el empleo del funcionario públicose tiene no como un privilegio sino como una garantía para salvaguardar la independencia frente al poder político y que sean criterios técnicos los que dirijan las administración de los recursos públicos, y que estos profesionales sean elegidos bajo los criterios constitucionales de igualdad, merito, capacidad y publicidad.
Con la aparición de la figura de puesto de libre designación se abrió una peligrosa puerta a la influencia del poder político en los más altos escalafones de la Administración sustrayendo los altos niveles de decisión de la carrera funcionarial; esta puerta empezó entornada y a día de hoy es giratoria.
No son pocas las veces en que los funcionarios, al intentar ejercer su independencia y criterios técnicos, se ven abocados a elegir presión, a verse entre la espada y la pared, porque oponerse al interés de los poderosos que desde la atalaya de su fortaleza (Administración), y rodeados de su libre designación hacen imponer 'su ley', les trae las consabidas consecuencias que no se hacen esperar, y que sirven de aviso, ejemplo y escarnio a cualquier otro incauto. Por de plegarse a lo políticamente correcto, se puede ver declarando en el juzgado ya que la frase «yo no sé nada, eso los técnicos», es muy utilizada.
Esas consecuencias se podrían definir en la Administración pública como la 'muerte laboral', que se decreta no en oscuros despachos donde se destina al condenado, sino en los más soleados, espaciosos y cómodos, gracias a nuestros impuestos. Esta 'muerte laboral' se concreta en traslados forzosos o voluntarios inducidos por el «¿cómo lo quieres... arriba o abajo?»; condenados al ostracismo y a la falta de medios, de trabajo o, en el peor de los casos, al encadenamiento de expedientes disciplinarios que de perderlos la Administración, no pasa nada, paga el ciudadano, y paga mucho. Habría que recopilar la cantidad, que seguro es millonaria.
En la empresa privada estos caso acaban en despido, siendo poco el tiempo que el trabajador aguanta el infierno del acoso laboral. Pero en el caso de un trabajador que no puede ser despedido fácilmente, como es el caso del funcionario, acaba en enfermedad, desesperación, anquilosamiento y con el paso del tiempo en alguien que vaga sin rumbo fijo por los despachos, olvidado de todos, se convierte en lo que en la Administración se denomina 'un castigado'. En esto poco se diferencia del mobbing de la empresa privada: es desprestigiado ante sus compañeros, que temen hablarle por temor a contaminarse, y se convierten en cómplices y colaboradores necesarios. «Él se lo ha buscado», aunque en su interior abriguen esperanzas de complementos, gratificaciones, privilegios que el señor del castillo distribuye con profusión entre los que les son fieles, ya que a él no le cuesta nada, paga el ciudadano.
Craso error el de estos compañeros al permitir este tipo de situaciones, ya que las fomentan y es muy fácil caer en desgracia ante alguien a quien adulan y le miman el ego todos los días.
