22 de diciembre de 2018
22.12.2018
Al cabo de la calle

Igualdad, mérito y capacidad

22.12.2018 | 09:13
Igualdad, mérito y capacidad

Gracias a la Fundación Civio, y en concreto a la periodista Eva Belmonte, hemos sabido que el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado martes publicaba la evaluación de méritos y proyectos de los 95 candidatos al Consejo de Administración de RTVE. Tras esas valoraciones ofrecía la lista de veinte finalistas, que serán los que pasen por las Cortes para que el Congreso elija a seis consejeros y el Senado, a cuatro. De esos diez saldrá quien ocupe la presidencia de la radiotelevisión pública.

Entre los finalistas se encuentran Paco Lobatón y el director de TVE Eladio Jareño, que según se publicó abandonará TVE para pasar a formar parte del Consejo de TV3 a propuesta de Ciudadanos. La mejor valorada (con 83,57 puntos sobre 100) es Alicia Gómez Montano, que dirigió Informe Semanal desde 2004 a 2012.

Además de descubrir quiénes son los candidatos, algunos de ellos muy conocidos lógicamente en el mundo de la televisión, lo que resulta llamativo es que solo 22 de los 95 aspirantes presentaron planes para la radiotelevisión pública que consiguieran más de 15 puntos sobre los 30 posibles. El otro 70% de la puntuación que ha dado con los finalistas evaluaba méritos como la experiencia en medios o en la propia RTVE o la formación, como destaca esta periodista que desgrana cada día los entresijos del BOE.

Y esta noticia lleva, de manera inexorable, a poner sobre la mesa la cuestión de la dirección pública profesional en las Administraciones y sus organismos públicos, pese a que han transcurrido más de diez años desde que se aprobara el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Éste contemplaba la figura del personal directivo profesional, designado atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, mediante procedimientos que garantizasen la publicidad y concurrencia. Asimismo, establecía que el personal directivo estaría sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

Si miramos a nuestro alrededor podemos llegar a una triste conclusión: ha habido poco debate, algunas palabras y buenas intenciones, pero hoy por hoy no hay Administración pública en España que haya puesto en marcha esas disposiciones establecidas en el artículo 13 del EBEP. Pocas Comunidades han dado pasos, pero nuestras Administraciones, las más cercanas, andan alejadas de configurar este tipo de personal atendiendo lo dispuesto en el Estatuto. De ahí que haya consultores como Rafael Jiménez Asensio que sigan clamando en el desierto a la hora de apostar por un modelo profesional en la alta dirección pública, o profesores universitarios como Carles Ramió, para el que la rémora de la Administración pública española sigue siendo el 'anticuado y barroco' sistema de Recursos Humanos. O Víctor Lapuente, que ha demostrado que los países que tienen un sistema de carreras separadas entre la política y la burocracia (por ejemplo, los nórdicos, Reino Unido o Irlanda, entre otros) disponen de bajos índices de corrupción, tienen burocracias más eficientes y reforman e innovan de forma continua, adaptando sus estructuras a las exigencias de cada momento.

En definitiva, hasta que los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de los de publicidad (léase, transparencia) y evaluación, sean los que de verdad rijan e imperen en el acceso al desempeño de los puestos públicos todo quedará al amparo de la discrecionalidad, el clientelismo, la mediocridad y los complejos de quienes guían la gestión pública.

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