No una, ni dos, ni siquiera tres, hasta cuatro huelgas, por distintos profesionales de la Justicia han manifestado su descontento por la forma en que funciona la misma. Los funcionarios expresaron su malestar, después los Letrados de la Administración de Justicia (los antiguos Secretarios Judiciales), poco después los jueces y fiscales, y también los abogados. Cada uno por su cuenta, pero todos tenemos con común denominador: que la Justicia funcione rápida y libremente.

Cuando todos estos colectivos están de acuerdo, mejor pensar que quien lleva el paso cambiado no son ellos, sino los que deben velar por el buen funcionamiento de la Justica; esto es el poder público que manda y legisla. La gota que llenó el vaso de la paciencia, aunque ya estaba más que desbordado, no ha sido la resolución del tema de las hipotecas en el sentido que sean los usuarios quien paguen los impuestos, porque al fin y al cabo el ejecutivo corrió para demostrar quién manda aquí, y al día siguiente por Real Decreto-Ley (medida más que cuestionable) ha dicho que sean los bancos, salvo la tasación quien los pague, y aquí es donde nos clavarán además de por otros sitios.

La gota que harta, es que se supiera quiera quien va a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial antes de que se sepan quienes lo van a elegir. La falta de independencia es tan burda, que la cuestión es más grave de lo que podría pensarse. Creo que es un desprecio absoluto a la independencia judicial. Según este vaticinio los vocales del Consejo que van a salir elegidos por los partidos políticos ya van a obedecerle en sus consignas o al menos en la primera de ellas: debes votar a fulanito de tal. Así se contenta un partido y el otro tiene la mayoría en el Consejo.

O sea, que todas esas buenas intenciones de que los vocales de dicho Consejo sean elegidos por los jueces se ha ido como un derroche de agua por los canales de Isabel II. Si esa es la independencia que nos espera apaga y vámonos, no a Europa que tampoco nos quieren, sino a hacer cada juez y fiscal su trabajo de forma honrada, libre, independiente y seria, sin atender a consignas políticas de ningún tipo. Esa es la justicia de verdad, no si en los altos cargos de la justicia se cambian votos por nombres.

Por cierto, que me parecería muy extraño, tal y como están las cosas, que no sea una mujer la que presida el Consejo General del Poder Judicial. Para que después hablen de que solo los hombres ocupan los cargos de relevancia. Este es el momento, señores de los partidos electores, para demostrar su compromiso con las juezas. Los nombres de Ana Ferrer, Lourdes Astray y Pilar Teso, magistradas del Tribunal Supremo, y la de Encarnación Roca, magistrada del Tribunal Constitucional se barajaban como aspirantes a esa presidencia. Y vista la renuncia de Marchena a la presidencia para no perder su credibilidad (lo que aplaudo) puede ser que ahora sea una mujer.

Seguirá, pues, Manuel Marchena presidiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y ya se dejará de especular que ese tribunal que juzgará el 1-O se iba a escorar a la izquierda. Si desde luego era por quien iba a presidirla, el magistrado Andrés Martínez Arrieta (otra predicción) al dejar vacante esa presidencia Manuel Marchena, no hubiera existido inclinación que valga, pues me consta su independencia. En cualquier caso, no creo que ser de derechas o de izquierdas de forma personal influya profesionalmente, pues a la postre es la ley la que manda sólo y exclusivamente. Es cierto que su interpretación puede llevar a ser más progresista o menos, pero en definitiva el marco y los márgenes de la misma no se pueden saltar.